EDITORIAL
El caso Hermosilla es, ideológicamente hablando, una expresión planificada de engaño a inversionistas sanos en el sistema financiero. También una mecánica financiera que busca un “neteo” de cuentas, la que para ser exitosa requiere atraer capitales negros, para ser lavados.
Hace bastante tiempo que el respeto por las reglas del juego económico presenta serias grietas en el país, empujadas por algunos de los agentes económicos. La tríada libertad de competencia, responsabilidad fiscal e intangibilidad política de las instituciones del gobierno económico, que –más bien que mal– caracterizó al Chile de la transición y hasta la primera década del siglo XXI, se encuentra fracturada, más por transgresiones de carácter criminal que por faltas a las normas establecidas, propiamente tales.
El proceso no ha sido violento ni imprevisto. Más bien lento y solapado. Se fue imbricando en variadas direcciones con el debilitamiento de la paz social, la crisis de representación política y la sensación de desconfianza de la ciudadanía, sumándosele la percepción de abusos en torno a la equidad social, al mismo tiempo que se debilitaron o terminaron los éxitos económicos del país.
Cada fenómeno de corrupción, privado o público (sea político o administrativo), de colusiones o abusos de mercado, de precariedad social o de deterioro de perspectiva de bienestar, contribuyó a una pérdida creciente de legitimidad y a la corrosión de la cohesión social que caracterizaba hasta entonces el funcionamiento del país. No fue solo la crisis previsional, de salud, educación o vivienda. Todo fue ocurriendo en dosis grandes y pequeñas, de manera lenta pero permanente, hasta que entre el 2018 y 2019, con el estallido social, se acrisolaron, junto con la emergencia nacional de seguridad y migración, y el confinamiento social inducido por la pandemia del COVID-19. Así llegamos a la situación actual.
La crisis de los audios o caso Hermosilla, que devela la posibilidad de una corrupción de gran profundidad en dos de los principales organismos regulatorios del modelo económico chileno, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), no es episódica, como no lo fueron en su momento el financiamiento ilegal de la política, el caso Chispas, la crisis de La Polar, las grandes colusiones de las farmacias o del papel tissue, la corrupción parlamentaria para elaboración de leyes como la Ley de Pesca, o las Cascadas de Ponce Lerou, todo lo cual vino desarrollándose a parejas con una elevada concentración del poder económico.
Cada una de ellas ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones y debilitado la institucionalidad y los principios de orientación de todo el sistema. Puede que cada tema coyuntural parezca acotado y objeto solitario, pero se insume en sistemas de redes, es decir, sistemas gobernados por una lógica interna de correlaciones y covarianza que determinan el devenir del conjunto de la vida institucional del país.
Por ello, resulta difícil sustraerse al hecho de que el caso Hermosilla es, ideológicamente hablando, una expresión planificada de engaño a inversionistas sanos en el sistema financiero, también una mecánica financiera que busca un “neteo” de cuentas, la que para ser exitosa requiere atraer capitales negros. Esto es, captar recursos para ser lavados, lo que es una actividad de alta criminalidad de dinero ilegal, que necesita –para resultar– inhibir el control o fiscalización de las entidades regulatorias, para lo cual recurre a la corrupción. Para ello, lo que más requiere es información ilegal exacta y al día para un manejo centralizado de los riesgos; que debe, además, tener un nivel mínimo de flotación legal de sus componentes y una apariencia social de solvencia y salud financiera. Todo esto es más que suficiente para identificarlo como crimen organizado.
En este cuadro, es necesario enfatizar que el caso Hermosilla no solo evidencia la transgresión de reglas de mercados financieros o delitos de evasión tributaria, sino también actos corruptivos que generan la porosidad del sistema. Esto puede permitir el ingreso de dineros ilegales provenientes de mafias internacionales y del crimen organizado transnacional. De alguna manera, la institucionalidad se vuelve feble para prever y controlar las transgresiones.
También hay que tener conciencia de que la regla de disciplina fiscal con iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo como elemento central de gobierno económico ha pasado a ser, lentamente, año a año, mediante simples indicaciones y glosas, un mecanismo difuso, apropiado por un parlamentarismo de facto durante las discusiones presupuestarias anuales, que opera ante los vacíos y la incompetencia del Ejecutivo. Es decir, tratativas que desorientan la disciplina fiscal.
Por último, si bien es efectivo que un nivel adecuado de inversión y crecimiento paga una renta decente de bienestar social al final del ciclo, es necesario acotar que pocos invierten en un país que no controla bien los engaños de sus mercados financieros y donde la concentración económica y la estrechez de mercados impiden un desarrollo autosostenible, sin tener que recurrir de manera constante a los subsidios y los bonos estatales para mantener el poder adquisitivo de la gente.
Es menester enfocar lo que está pasando con el caso Hermosilla para sacar cuentas sobre el tipo de impactos negativos y qué acciones se toman para impedir un colapso total de credibilidad y seguridad nacional en los mercados financieros y la igualdad tributaria.
Porque no es un asunto solo de leyes, decretos y circulares, sino también de enfoque y eficiencia. En 34 años de democracia (1990-2023) se han publicado unas 220 leyes sobre seguridad, pero pocas de ellas versan sobre estas materias económicas, mientras el país vive ya, en la práctica, un estado de emergencia de seguridad y donde el dinero negro corrupto y corruptor se percibe o huele en demasiadas partes.
