El caso del general Yáñez y la conducción política de la seguridad

Cuando existe desorientación y descontrol del mando civil en la conducción de las instituciones policiales, se está ante un síntoma grave de ineficiencia política en el funcionamiento del Estado. Peor aún si va acompañada o es provocada por una falta de sincronía de sus órganos, especialmente los que tienen competencia y/o tuición sobre el funcionamiento de las policías, independientemente de la autonomía legal y obligaciones que cada una de ellas tiene.

Lo que el país ha observado en estos días respecto de la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, ejemplifica claramente esa desorientación y descontrol. Su largamente anunciada formalización por parte del Ministerio Público, un rumor desde octubre de 2023 y que ahora se sabe que se concretará en mayo –o sea, dentro de 5 meses–, con un mínimo ejercicio de prospectiva política pudo preverse que generaría un conflicto.

Ya al momento de la designación de Yáñez como general director, en 2020, era esperable que las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos abiertas por el actuar de Carabineros durante el estallido social le iban a traer complicaciones. Ello, porque ejerció el mando operativo directo en el control y represión de las violentas manifestaciones del estallido social de 2019, cuando era director de Orden y Seguridad de la institución. Los antecedentes acumulados en cuatro años de investigación indican que él fue el vínculo cotidiano con el subsecretario del Interior de la época, para tratar los temas operativos de seguridad, y fue quien impartió las órdenes al personal de calle, con los resultados que todos conocemos. Toda la bitácora de órdenes internas de Carabineros entre 2019 y 2020 da cuenta de que el general Yáñez fue el jefe operativo responsable, lo que ahora –ya como general director– provoca que sea formalizado por esos hechos.

En cualquier parte del mundo con un Estado de Derecho funcionando existen mecanismos que permiten prever cursos de acción alternativos o anticipar situaciones catastróficas, como la que se está produciendo en nuestro país, en medio de una agenda política sobrecargada con temas de seguridad interior. En Chile, el Gobierno y su vocera –en cambio– ejercen de comentaristas y declaran todo su apoyo al general director; el general Yáñez está en trance de arenga crítica a su institución y no decide dar un paso al costado, pues considera una injusticia y arbitrariedad del Ministerio Público lo que le ocurre; y este organismo hace declaraciones sobre la igualdad ante la ley, pero no percibe que funciona a paso de tortuga, siendo más parte de los problemas que de las soluciones.

Los órganos superiores del Estado no son academias formales en el desempeño de sus labores, sino entes de actuación política. Y quienes ejercen su mando deben ser conscientes de que su responsabilidad está determinada por las obligaciones del Estado al que sirven.

En materia penal, las policías son el brazo armado de la seguridad interior y la política criminológica es la ultima ratio frente a las conductas y actuaciones de los ciudadanos. Y la operación policial conlleva riesgos de letalidad y de excesos, sobre todo si existen carencias organizativas, de entrenamiento y doctrina. Pero, dicho esto, también es claro que está sujeta a reglas de control, que en el caso del derecho internacional humanitario (DIH) –que es por lo que se imputa al general Yáñez– impone a los superiores el deber de velar por que sus subordinados respeten ese ordenamiento jurídico. Y ello obliga a los mandos no solo a instruir a los subordinados ese respeto a dichas reglas, sino también a prevenir que estos las infrinjan, y castigar a aquellos que lo hacen. Si un superior omite cumplir con estas obligaciones, como sería el caso del general Yáñez, incurre en responsabilidad penal por su ubicación en el vértice del mando.

Por lo tanto, no es un tema de injusticia sino de principios democráticos y responsabilidad en lo público: el general director debe dar un paso al costado, demostrando honor, prudencia y amor a la Patria, lo que el país sabrá reconocerle; el Gobierno debe despertar y proveer los mecanismos para que ello se haga sin humillaciones a nadie y, en forma eficiente y acelerada, debe encontrar un buen sucesor para encabezar la golpeada –e imprescindible– institución de Carabineros. Esto, amén de mejorar los mecanismos de mando civil sobre esta policía militarizada. Y la ministra del Interior y el ministro de Justicia deben hacer todos los esfuerzos por generar un mayor sentido común interórganos en el nivel superior del Estado, para evitar bochornos como el que el país está viviendo.