EDITORIAL
La prensa y sus profesionales tienen la obligación de administrar la palabra con probidad, usando la revelación (disclosure) frente a lo que se dice, cuando se tiene interés “personal” en el asunto, para así advertírselo a la audiencia.
La sociedad actual es comunicacionalmente veloz, sintética y llena de símbolos en la interacción de sus integrantes. Esto ha cambiado la cantidad y calidad de los mensajes, ampliando de manera notable ciertos aspectos de la información, pero dejando otros de lado, o en la opacidad.
Hoy, todo mensaje requiere un resumen de pocas palabras y una rápida circulación, pero aquellos temas que alimentan la estabilidad estructural de la comunicación equilibrada –que es parte esencial de la democracia– pueden quedar con insuficiente cobertura o atención, o con déficit de densidad en sus contenidos. Así, la invitación a reflexionar un tema o problema, independientemente de su complejidad, de manera casi automática queda mediada por un “like” o, derechamente, por la indiferencia del dedo índice, que pasa a un siguiente mensaje.
Ese automatismo se torna una barrera de comprensión y acceso a los temas más complejos, como podrían ser el valor y el origen de la adhesión cívica de los ciudadanos. La transparencia como valor de orientación de la democracia es uno de los evidentes damnificados. El otro es la confianza, pues aunque todo se sabe en la sociedad digital de redes, todo se conoce solo de manera superficial y automática, dependiendo, además, de quién lo dice.
La adhesión a valores de transparencia de quienes opinan en materia de prensa en una democracia tiene que tener expresiones prácticas activas, que –lamentablemente– en general los medios chilenos omiten.
Editorialmente, hacerlo es responsabilidad de los propietarios de los medios, a través de sus directores y editores, para que al momento de editorializar un tema se haga un disclosure (revelación) sobre si existe vínculo de interés en el mismo que exceda lo noticioso, como propiedad, contractualidad comercial o interlocking directivo del medio.
Lo mismo corre para los columnistas o líderes de opinión destacados de los medios, quienes debieran –cada vez que corresponda– hacer la revelación (disclosure) de sus intereses personales y profesionales en el tema que abordan, si los tienen, lo que operaría como un mecanismo de trasparencia y orientación de los ciudadanos, que garantice la información plural como parte de una ética profesional.
Deben advertírsele al lector los vínculos del medio o del columnista, evitándose así que el sesgo doctrinario de lo escrito u opinado, que puede ser legítimo y legal, se transforme en un acto tendencioso y no advertido a ese lector. Es decir, es menester aumentar los índices de transparencia. Un ejemplo: si un columnista fue o es asesor de la Asociación de AFP y escribe una columna en un diario sobre la necesidad de mantener el actual sistema previsional –y que las AFP sigan cumpliendo sus actuales roles–, es imprescindible que explicite dicho nexo o vínculo (disclosure) al inicio o final de su texto.
Ortega y Gasset, a propósito de la libertad de prensa, señalaba: “La palabra es un sacramento de muy delicada administración”. Y la libertad de opinión es uno de los valores de orientación de un Estado democrático y un límite de legitimidad ante la generación, composición y ejercicio del poder y de las instituciones y órganos superiores que componen ese ejercicio.
La prensa, cualquiera ella sea, y sus profesionales, tienen la obligación de una administración proba de la palabra –en todos los formatos–, como deber de su libertad en democracia, usando la revelación (disclosure) frente a lo que se dice, cuando se requiere, para advertirle honestamente a la audiencia si se tiene interés “personal” en el asunto tratado, porque finalmente de cada hecho hay tres versiones: “La tuya, la mía y la verdad”.
