EDITORIAL
La tensión entre el Gobierno y el PC sube en cantidad y profundidad desde que Lautaro Carmona lo conduce. Por su parte, tras un comienzo duro, el Socialismo Democrático y el Frente Amplio parecen haber logrado un cierto acuerdo para resolver sus diferencias por las vías políticas destinadas a ello.
La eterna tensión de gobernar “con un pie en la calle y otro en La Moneda” ha derivado, en las últimas semanas, en desencuentros entre el Partido Comunista (PC) y el Gobierno a una escala inédita para esta administración. A la participación de dirigentes comunistas en marchas en favor del alcalde Daniel Jadue y la salida de un asesor de la Subsecretaría del Interior, se suma la molestia del PC por el operativo policial que encontró armamento en la radio comunitaria Villa Francia y el comedor popular Luisa Toledo, entre otros lugares.
La molestia del PC se hizo pública mediante declaraciones altisonantes, incluyendo a parlamentarios que acusaron al Gobierno de reprimir y criminalizar a organizaciones sociales y que dudaron de la veracidad del arsenal encontrado. El propio presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, habló de “un dispositivo asociado regularmente a lo que fue la represión, la persecución de los luchadores democráticos”.
Más allá de los errores que se pudieron haber cometido en el procedimiento –que llevaron en primera instancia a un tribunal de Garantía a declarar la ilegalidad de varias de las detenciones, cuestión revocada posteriormente por la Corte de Apelaciones–, la desconfianza y hostilidad del PC implica lesionar seriamente las relaciones con el Gobierno del que forma parte.
Se entiende que, en la tensión antes mencionada, el comunismo quiera congraciarse con movimientos sociales que han dado luchas históricas por los DD.HH., pero sus declaraciones presumen un móvil político torcido de parte del Gobierno, detrás del operativo. ¿Qué ganaría el Ejecutivo o la ministra Tohá con plantar esas armas? ¿Por qué querría la hija de un ejecutado político mancillar la lucha por los derechos humanos? Suponer alguna de estas hipótesis es de la más alta gravedad e impropio de un partido oficialista.
Estas tensiones han aumentado en cantidad y profundidad desde que asumió la conducción del PC Lautaro Carmona, quien, a diferencia de su antecesor, Guillermo Teillier, parece apoyarse más en el pie de la calle que en el del Gobierno. Una conducción responsable con su calidad oficialista hubiese demandado tratar sus legítimas diferencias políticas en el Comité Político ampliado. Montajes policiales han existido y, si esa es la preocupación del PC, bastaba con el oficio de la diputada Carmen Hertz pidiendo antecedentes, dispensando el aspaviento con el que se hizo.
La reacción de las cúpulas comunistas parece, además, dispararse en los pies, pues pone en una incómoda posición a dos de sus figuras con mayor proyección electoral, como son las ministras Jeannette Jara y Camila Vallejo. Ello da, además, una sensación de división al interior del partido, que históricamente ha sido muy celoso de no mostrar.
Tras un comienzo complejo, el Socialismo Democrático y el Frente Amplio parecen haber logrado un cierto acuerdo en torno a resolver sus diferencias por las vías políticas destinadas al efecto. En este sentido, cabe preguntarse por la pertinencia de las respuestas de la presidenta del PS y de la propia ministra Tohá, que si bien marcan un necesario límite respecto al fuego amigo, han ayudado a instalar en la agenda un conflicto de alta relevancia y escaso interés, en circunstancias en que el Gobierno vivía momentos calmos, en comparación con otros períodos de su administración
