EDITORIAL
Agencia Uno
Las inversiones para evitar los prolongados apagones significarían un aumento en la tarifa de un 7%, costo político que nadie quiere pagar. Cautelar el interés social implica alinear los intereses de privados al interés público, lo que puede lograrse teniendo una autoridad que cumpla con su deber.
Por años, hablar de empresas públicas significaba abrir la caja de Pandora de las privatizaciones en dictadura, lo que podía amenazar la democracia de los acuerdos. Esta situación parece haber cambiado –en parte– a partir de declaraciones del ministro de Energía hace algunos días, en las que –en una primera mirada– se abría a la posibilidad de la existencia de una empresa pública en el mercado de la distribución eléctrica. La postura causó reacciones de todo tipo, incluidas resistencias del mismo Gobierno, las que fueron zanjadas con las declaraciones de la vocera, diciendo que no es algo que pueda imponerse, pero sí es una discusión democrática que hay que dar en política.
En el mismo espíritu es que, en los mercados regulados –especialmente en la provisión de servicios básicos–, más que la propiedad, importa cautelar siempre el interés público. Para ello, es necesario discutir con todas las opciones posibles sobre la mesa, desde empresas estatales, privadas, cooperativas, comunitarias y las posibles mezclas que se den entre ellas.
No es el carácter privado de la concesión –que, por lo demás, en los casos más importantes es ejercida en Chile por empresas públicas de otros países– la causa del mal servicio en que incurrieron CGE, controlada por el Estado chino, y Enel, controlada por el Estado italiano, ni es su reemplazo por un ente público la necesaria solución al problema. Pero ahí donde un privado brinde un servicio básico, la estructura regulatoria tiene que ser suficientemente robusta para asegurar dicho servicio, lo que incluye la planificación necesaria (y esto implica, entre otras cosas, incluir necesariamente en el decreto tarifario los gastos imprescindibles para afrontar emergencias, cuestión aún pendiente en el caso de la distribución eléctrica).
Si bien es cierto, como dijo el ministro Pardow, que “si las empresas consideran que el modelo tarifario no refleja los costos que necesitan para responder a la emergencia, tienen todas las oportunidades procesales y sustantivas para objetar las tarifas existentes”, no es menos cierto que las inversiones necesarias para evitar la situación hubiesen implicado un aumento de la tarifa de un 7%, según se ha sabido, cuestión cuyo costo político nadie se atrevió a asumir.
Cautelar el interés público implica alinear los intereses de los privados al público, lo que puede lograrse mediante la estructura de propiedad, pero no es la única vía. Otra forma es la que propusieron los diputados UDI, sobre “mayor fiscalización y sanciones más duras”, aunque tanto en el Congreso como en el Tribunal Constitucional (TC) la derecha se ha encargado de lesionar la facultad sancionatoria de los organismos de la Administración, como ocurrió con la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Esta mejor forma de cautelar el interés público puede variar entre sectores, dependiendo de las características del mercado, y, por lo tanto, debe ser una discusión técnica y política seria. Existen ejemplos de empresas públicas que han funcionado impecablemente, como Metro, y otras que no, como EFE. Así también hay privados, como las sanitarias, que hoy proveen tasas de acceso a saneamiento comparables a las de los países con mejor calidad de vida, y otras, como CGE y Enel, que dejaron a consumidores sin luz por muchos días.
Creer que esta es “una discusión de los años sesenta”, como señaló el senador Coloma, no es más que adherir al dogmatismo neoliberal hoy tan cuestionado, mismo que debilitó la capacidad regulatoria del Estado, tan gráficamente ausente en casos como estos.
