Opinión
En comunas con mayor vulnerabilidad socioeconómica, el narcotráfico podría estar más arraigado que el Estado, ejerciendo un control territorial basado en la intimidación y la violencia.
Las drogas y el narcotráfico han sido objeto de amplio debate público. Según datos del Senda 2023, un 10% de la población declara consumir marihuana. Aunque esta droga es común, su popularidad ha facilitado la expansión del narcotráfico, diversificando su oferta y complejizando sus dinámicas.
Pese al endurecimiento de la Ley de Drogas, el problema persiste. Basados en datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2023, se examinó dónde la ciudadanía identifica estas actividades ilícitas. Los resultados muestran que las cinco comunas donde se percibe con mayor frecuencia el tráfico de drogas son: La Pintana (44%), Doñihue (43%), Mostazal (38%), Lo Espejo (37%) y San Ramón (33%). Sorprendentemente, dos de estas comunas se encuentran fuera de la Región Metropolitana, demostrando que el fenómeno no se limita a la capital.
Para hallar similitudes entre las comunas, se observaron sus variables socioeconómicas. La Encuesta Nacional de Empleo reveló que estas mismas presentan altos niveles de informalidad laboral y desempleo.
En La Pintana, la informalidad alcanza el 44%; en Doñihue, el 32%; en Mostazal, el 20%; en Lo Espejo, el 32%; y en San Ramón, el 42%. Además, en Doñihue y San Ramón, el 18% y 15% de la fuerza laboral, en ese orden, se encuentra desempleada. Estas dificultades económicas podrían ser un factor clave para comprender la expansión del narcotráfico, ya que muchos residentes se ven obligados a buscar medios de subsistencia de modo no convencional.
La relación entre estas condiciones socioeconómicas y la percepción del narcotráfico no es casual. En comunas como Las Condes y Vitacura, entre las más acomodadas del país, solo un 2% y 1% de la población declara observar tráfico de drogas.
Aunque el nivel socioeconómico comunal es relevante, surge una hipótesis adicional, relacionada con la presencia y el alcance del Estado. De quienes reportaron haber sido testigos de narcotráfico en sus barrios, alrededor del 93% no denunció el hecho.
Las razones incluyen falta de información sobre los procesos (21%), desconfianza en la policía o en su capacidad para resolver el caso (14%) y desconfianza en la Justicia o la Fiscalía (9%). Sin embargo, la razón más común, mencionada por un 42%, es el miedo a amenazas o represalias.
En comunas con mayor vulnerabilidad socioeconómica, el narcotráfico podría estar más arraigado que el Estado, ejerciendo un control territorial basado en la intimidación y la violencia. En efecto, una parte considerable de la población (23%) no confía en que las instituciones públicas abordarán el problema de manera adecuada.
Este fenómeno también refleja una preocupante desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia, una brecha que no ha sido adecuadamente subsanada. La disparidad en la percepción del narcotráfico entre comunas vulnerables y acomodadas subraya la necesidad de una intervención estatal equitativa y eficaz.
Este escenario plantea preguntas fundamentales para el debate público: ¿Qué políticas y estrategias pueden reforzar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico? ¿Cómo se puede abordar esta problemática en comunas con mayor vulnerabilidad, donde además hay poca presencia estatal?
El desafío para el Estado es claro: recuperar el control territorial y reconstruir la confianza ciudadana en las áreas más afectadas por el narcotráfico, garantizando una intervención que no solo sea efectiva, sino también justa y equitativa.
