EDITORIAL
Salvo las impecables elecciones de hace unos días, este mes nos deja con retrocesos institucionales. A las fragilidades en el sistema de nombramientos del Poder Judicial, se suman acusaciones constitucionales desviadas y la noticia de uso personal y abusivo de la Inteligencia por Manuel Monsalve.
Salvo las impecables elecciones de autoridades locales y regionales de hace unos días, el mes de octubre de 2024 nos deja con importantes retrocesos respecto de la estabilidad del Estado de derecho en nuestro país. A principios de mes parecía que las mayores amenazas vendrían de la mano de nuevas revelaciones sobre fragilidades vinculadas a la independencia del Poder Judicial, con un sistema de nombramientos –sobre todo de los magistrados de la Corte Suprema– con cabildeos políticos que luego afectan la independencia de esos jueces, quienes en ocasiones llegan a ser operadores de aquellos que los nombraron.
Si bien estos temores se fueron confirmando, se sumaron otras materias que significaron duros golpes para la institucionalidad: el uso indiscriminado por el Congreso Nacional de la acusación constitucional –como herramienta meramente política, desprovista de sustento jurídico– para “pasarles cuentas” a otros poderes del Estado, y el uso personal, abusivo y desviado de las funciones del aparato de inteligencia estatal por el entonces subsecretario del Interior Manuel Monsalve (expulsado del PS).
El deterioro de la acusación constitucional como máxima herramienta de control y sanción frente a infracciones a la Constitución por parte de las máximas autoridades del Estado, ha traído consigo un menoscabo de la institucionalidad difícil de cuantificar.
Si entre 1990 y 2010 se promediaron cuatro acusaciones constitucionales por periodo presidencial, desde el segundo Gobierno de Sebastián Piñera ese número saltó a once, y en lo que va del Gobierno del Presidente Gabriel Boric se han entablado diez. Lo más grave es que acaba de inaugurarse una nueva modalidad de acusación constitucional por “hechos múltiples”, lo que significa que en un futuro cercano los parlamentarios podrían incluso –en un momento de excesivo entusiasmo y desvarío– imputar a gabinetes completos por los hechos u omisiones de una sola autoridad.
Este deterioro institucional se vio de manera clara en la destitución del exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. En este caso se utilizó una acusación constitucional desprovista de justificación y que sirvió más bien para “empatar” una situación de hecho (equilibrio político) y quitar de la Tercera Sala (constitucional) del máximo tribunal del país a un juez incómodo para los intereses de la derecha económica, pasando por encima de cualquier criterio de estabilidad institucional y apego al Estado de derecho. De más está recordar que el ministro Muñoz no era cualquier juez en su labor como hombre fuerte de la Tercera Sala.
Lo más preocupante de su destitución es la evidente falta de sustento normativo de la acusación en su contra, y la inentendible decisión de la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados de permitir su tramitación conjunta con la de la exministra Ángela Vivanco.
Lo anterior, porque ambos casos, aunque sustentados en hechos distintos, se tramitaron de manera conjunta por el simple hecho de tener la misma causal, lo que –como bien señalaron los abogados defensores de Muñoz– atenta contra estándares internacionales mínimos de debido proceso y de derecho a la defensa. Esto fue permitido por la Mesa de la Cámara, presidida por la diputada Karol Cariola (PC), en lo que únicamente cabe ser considerado como una falta de coraje político que solo agrega más inestabilidad al sistema político.
Y en el Senado, con la excusa de que se trataba de un juicio político (algo correcto, por lo demás), se rebajó indebidamente el estándar probatorio a su más mínima expresión, en donde una mera creencia –independientemente de las pruebas presentadas– bastó para condenar. Nota aparte merecen los senadores Bianchi (Ind) y Chahuán (RN), quienes no se inhabilitaron de votar el libelo, no obstante el primero ser hijo de Carlos Bianchi, que en su momento fue desaforado por el juez Muñoz, y que el segundo ya se había restado de una votación similar anterior respecto de la jueza Silvana Donoso, por ser su mujer parte del escalafón del Poder Judicial.
Sobre el caso Monsalve y su uso personal, abusivo y desviado de la institucionalidad de inteligencia del Estado, las amenazas que se constatan también son delicadas. Si bien falta que las investigaciones judicial y administrativa concluyan, el hecho de que ya haya significado el llamado a retiro de la jefa de Inteligencia de la PDI, nos da indicios sobre su complejidad.
El fiscal Armendáriz ha señalado que en este caso existió una triangulación de gestiones ilegales que habrían involucrado directamente al exsubsecretario y a la otrora alta funcionaria de la PDI, en especial respecto de un contacto de la policía civil con la denunciante (contra Monsalve) por abusos sexuales y violación, lo que –según la Fiscalía– podría haber comprometido la investigación.
La debilidad institucional del aparato de inteligencia del Estado en este caso es grave y constituye una clara demostración de la fragilidad con que operan la inteligencia y las policías en nuestro país.
Todo lo anterior sucedió mientras –mismo mes de octubre de 2024– se les entregaba el Premio Nobel de Economía a Robinson, Acemoğlu y Johnson, tres economistas que han demostrado que la única forma de alcanzar el desarrollo por los países es a través de instituciones fuertes. Malas noticias para nuestro país.
