EDITORIAL
Más allá de los problemas serios que afectan al Ejército, los que deben abordarse y solucionarse con prontitud, no es posible para el general Iturriaga alegar desconocimiento de los efectos políticos de sus afirmaciones, muy parecidas a una deliberación, lo que le está prohibido constitucionalmente.
Más allá de lo entendible e incluso compartible que pueda ser la disconformidad del Ejército respecto a decisiones del Gobierno vinculadas a su financiamiento –lo que seguramente está detrás de las inapropiadas palabras de su máxima autoridad, el general Javier Iturriaga, dichas el 28 de octubre pasado, en sesión abierta de la Subcomisión Mixta de Presupuestos, donde reveló (aprovechando una pregunta del diputado Kaiser) que en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 solo hay financiamiento para un 23% de los soldados necesarios para que el Ejército esté totalmente operativo–, no deja de alarmar o, a lo menos, extrañar, el nulo respeto a las debidas formas que evidencia la referida intervención.
En esa sesión también participaron la ministra de Defensa, los subsecretarios pertinentes, los comandantes en Jefe de la Armada y de la Fuerza Aérea, y los parlamentarios de la mencionada instancia legislativa.
Es menester tener presente que en temas militares y de Defensa las formas son tan importantes como el fondo.
El comandante en Jefe del Ejército dijo en el Congreso: “Yo solamente lo quiero dejar como constancia, para que sepamos todos, que se está financiando menos” (un 23%), y también agregó que “de repente se nos piden tareas extras, Estados de Excepción, etcétera, y, por supuesto, todo tiene un límite de fuerza. Yo entiendo la realidad del país, pero todos tengamos consciencia de que eso es lo que estamos financiando”.
Así las cosas, se trata de una notificación erga omnes (ojo: también a autoridades de países vecinos) y una advertencia que, según la tradición y el orden vertical de las Fuerzas Armadas, solo corresponde al superior jerárquico del general plantearla, esto es, la ministra de Defensa, y no ante el pleno de la Subcomisión Mixta de Presupuesto y, menos aún, en tono de reclamo. Y hacerlo por las vías idóneas, muy alejadas de una sesión abierta en el Congreso.
Todo esto está mal, a menos que esta “constancia” haya contado con la autorización de la titular de Defensa, lo que sería aún más grave, tratándose de un régimen presidencial y no parlamentario de gobierno.
Sería delicada la hipótesis de que corrió con colores propios el general Iturriaga, pero también si contó con el beneplácito de su jefa, porque en este caso debería interpretarse como una crítica al Ejecutivo y una presión al ministro de Hacienda ante el Congreso. Los militares conocen bien estos códigos y, por eso, tienen un conducto regular establecido y permanente.
No es posible para el general Iturriaga alegar el desconocimiento de los efectos políticos de sus afirmaciones y “constancias”, que se parecen mucho a una deliberación, lo que le está expresamente prohibido por la Constitución.
En esta materia, y en todas las demás, a las FF.AA. no les está permitido saltarse las jerarquías, hacer advertencias públicas o dejar constancia de los desacuerdos con un proyecto de ley del Gobierno, como lo es la Ley de Presupuesto.
Pero hay problemas reales que preocupan al Ejército y que deben abordarse pronto, con seriedad y perspectiva de futuro, y por las vías adecuadas. No obstante, todo indica que a la ministra de Defensa, Maya Fernández, en particular, y al Gobierno, en general, no les importan lo suficiente o, equivocadamente, estiman que son postergables.
Por ejemplo, la dotación del Ejército, tanto la permanente como la de conscriptos, y el financiamiento de esta dotación militar, temas mencionados por el general Iturriaga en la sesión de la señalada subcomisión del Congreso. Respecto a estos problemas, sugerimos leer la columna de opinión –publicada hace algunas horas en este medio– del excomandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez Menanteau.
Y el otro problema, el más importante quizás –y que es compartido por las otras ramas de la Defensa–, es el relativo al financiamiento estructural de las Fuerzas Armadas, esto es, al aporte basal que debe contemplar la Ley de Presupuesto para su sostenimiento y el mantenimiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional. El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 pretende repetir la suspensión de entregarlo, al igual como ocurrió este año.
Esto es bastante delicado, por lo que hay que tomarle el peso y analizar sus consecuencias, cuestión que –todo así lo indica– el Ministerio de Hacienda no ha hecho (o el Ministerio de Defensa no ha sabido o no ha podido dárselo a entender). A este respecto, y para no alargar estas líneas, sugerimos la lectura del editorial de El Mostrador publicado el 09 de enero de 2024, respecto a la Ley de Presupuesto para este año.
