Situación fiscal: necesidad de actuar con urgencia y valentía, pero con ponderación

Aunque aún se espera el pronunciamiento oficial de Contraloría, ya se ha disipado en el debate público la plausibilidad de que el Gobierno haya traspasado dineros desde la Corfo a fondos generales de la nación (3.500 millones de dólares).

Más allá de la legalidad o incluso de la conveniencia de este traspaso de dinero, lo más interesante y valioso de la discusión ha sido lo referente a la situación fiscal del país.

Esta discusión ha tenido distintas voces, de todo tipo, algunas “moderadas”, otras “técnicas” e, incluso, otras “barrocas” –por ejemplo, algunos han sostenido que el déficit es propio de la generación que no quiso pagarse la universidad o que el mejor ajuste es echar a los comunistas y frenteamplistas flojos del Gobierno–, pero dejando el ruido a un lado, se han levantado sanas y necesarias alertas en lo relativo a la sobreestimación de los ingresos con los que se configura el Presupuesto de la Nación, una piedra con la que este Gobierno ya ha tropezado con anterioridad.

Hay fenómenos económicos que, aun anclados en expectativas, pueden tener consecuencias reales muy perjudiciales para las personas. Casos conocidos son las denominadas profecías autocumplidas, como –por ejemplo– que si se logra convencer a suficientes personas de que un banco está en insolvencia, los ahorrantes irán en masa a retirar sus fondos y, al no estar estos disponibles para el masivo retiro, se generaría una corrida bancaria y los clientes podrían perder sus ahorros, todo esto no obstante el banco haya tenido –en realidad– una sana situación financiera.

Algo de esto puede pasar con un país, por lo que la discusión fiscal debe conducirse con tanta responsabilidad –o más– que la que se exige en el manejo de los fondos del sistema financiero. La oposición probablemente celebre la baja en la aprobación del ministro de Hacienda con lo de la polémica por los traspasos de dinero desde la Corfo, pero se perdió más en el camino.

¿Qué sentido podría tener calificar de ruinosa la situación fiscal, en circunstancias que la deuda bruta se encuentra 6% por debajo del límite prudencial? –que, dicho sea de paso, es eso, solo un límite prudencial, nada ocurre realmente si se sobrepasa–. ¿Qué se obtiene con asegurar que la situación fiscal nos tiene con el agua hasta el cuello, o más allá, hasta la nariz, cuando nuestra calificación de riesgo no solo no ha empeorado sino que fue mejorada hace menos de seis meses?

Detrás de esta narrativa hay también, sin duda, objetivos electorales. La solución propuesta por la oposición no pasa –además– por un aumento en recaudación, sino –casi únicamente– por un ajuste de gastos. Pero respecto a qué gasto ajustar, no se apunta a subsidios impresentables, como el que reciben los camioneros por su consumo de diésel, por ejemplo, sino que a programas tildados al voleo de “ineficientes” –entre ellos, seguramente, hay varios que deben reevaluarse y eventualmente eliminarse, pero todo indica que no es la regla general–.

Lo anterior, además de la admiración que ha profesado parte importante de la oposición por Milei, lleva a dudar del compromiso que tiene la derecha por la provisión de servicios públicos y el gasto social.

En todo caso, es más que evidente que la situación fiscal está siendo un problema profundo y que se debe mirar con preocupación. El punto es que debemos separar la paja del grano y distinguir entre los agoreros de siempre y quienes ven en la trayectoria de los déficits fiscales y, sobre todo, en las condiciones estructurales que reflejan, una situación de cuidado e insostenible en el mediano plazo, por lo que debe abordarse con urgencia, valentía y multiplicidad de herramientas.