La instancia constituida la semana pasada para dar solución a las familias pehuenches que se han negado a permutar sus tierras, pretende llegar a acuerdo antes del 26 de febrero, cuando ambas partes deberán comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con total hermetismo se están manejando las reuniones entre el gobierno y las familias pehuenche del Alto Bío Bío que se han negado a permutar sus tierras para permitir el avance del proyecto hidroeléctrico Ralco. Existe conciencia que de no llegar a acuerdo durante este período en el que se explora una solución amistosa, el Estado de Chile perderá toda credibilidad respecto de su rol de protector de la cultura indígena.
El gobierno está trabajando contra el tiempo porque hay por delante un plazo: las partes deben concurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el próximo 26 de febrero.
Para esta fecha lo óptimo sería llegar con un acuerdo consensuado a fin de poner término a tan prolongado conflicto y en eso se comenzará a trabajar la próxima semana, cuando se realizará en segundo encuentro formal entre las partes interadas.
Un último acto de confianza
El abogado de las familias indígenas, Roberto Celedón, reconoce que esta vez existe una mayor disposición de parte del gobierno para explorar y concretar una reparación adecuada, tanto a nivel material como cultural.
Sin embargo, precisa que este acto de confianza está dirigido particularmente hacia la persona del subsecretario de Mideplan y encargado de las Políticas Indígenas, Jaime Andrade, quien ha mostrado interés en solucionar definitivamente el conflicto.
A la vez, el jurista advierte que la posición de las familias es que "obras son amores y no buenas razones", por lo que las intenciones de las autoridades para resolver el caso serán juzgadas sólo en virtud de los hechos y no de palabras o actos sin sustento legal.
Por el momento, -dice Celedón- si el gobierno, a través de Andrade, reconoce que se han cometido errores y abusos en perjuicio de la etnia pehuenche, eso generaría un clima de entendimiento recíproco. A pesar que ésta -aclara- no fue una imposición de las familias, sino un planteamiento del propio subsecretario.
La necesidad de generar confianza se debe a que a lo largo del conflicto las familias han ido acumulando una buena dosis de escepticismo en torno a las actuaciones de las autoridades. Esta suspicacia no es arbitraria. Un ejemplo es que -quien fuera hasta hace alrededor de un año presidente de Endesa- Rodolfo Martín Valle, fue también el representante del gobierno chileno ante el español, durante la detención de Augusto Pinochet en Londres, cuando paralelamente el abogado Joan Garcés pretendía procesar al ex gobernante en España.
A juicio de los representantes indígenas ese episodio podría haber generado una alianza implícita entre las autoridades chilenas y la empresa. No obstante, la preocupación expresada por el subsecretario Andrade, en cuanto a que se debe dar una solución permanente al conflicto y que ésta deberá resguardar los simbolismos y valores de la causa indígena, les hace confiar en que esta vez habrá acuerdo.
Un desafío que el país debe enfrentar
Por su parte, Jaime Andrade está convencido que aunque sólo queden cuatro familias en la negociación con el gobierno -Juan Quintremán se bajó de las conversaciones- el proceso es igualmente importante, porque en ellas se simbolizan muchas cosas.
"Hay un desafío para el país de que este tipo de proyectos, efectivamente, logren compatibilizar los requerimientos de desarrollo con el respeto a los pueblos indígenas. Por lo tanto, no es un problema sólo de cuatro familias, sino que de alguna manera Ralco se transforma en un caso que no se puede repetir. Además, las familias que no han permutado e inclusive las dos que ya lo han hecho, en el caso de Nicolasa (Quintremán), particularmente, representan una lucha en que está simbolizada parte importante de la causa indígena pehuenche".
Esta es la más importante razón, explica la autoridad, para que el gobierno asuma una responsabilidad en la solución del conflicto. Lo hará porque reconoce que Ralco altera y perturba la permanencia y el resguardo de un pueblo, en este caso el pehuenche.
De allí, asegura, que el gobierno tenga una preocupación en tal sentido, la que está dispuesto a plasmar en un compromiso de resguardar la identidad en peligro, entre otras cosas, reforzando ésta que es una de las cinco Áreas de Desarrollo Indígena que existen en el país.
Esto se podría concretar, aunque no está del todo definido aún, en la constitución de algún tipo de consejo de desarrollo del Alto Bío Bío, que permitiera la participación de los propios pehuenches en la regulación de los recursos que lleguen a esa zona.
Sin embargo, pese a las buenas intenciones de ambas partes todavía persiste la posibilidad de que no se llegara a acuerdo y de producirse este escenario, las familias recurrirán a la Corte Interamericana, pues han perdido todas las acciones realizadas ante los tribunales chilenos y el organismo internacional es la última instancia que les quedaría.
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