Aun cuando la jueza se concentra estos días en desentrañar el robo del computador de Cortés y los contratos de la ‘U’, las pesquisas por irregularidades en OOPP derivaron al estudio de la creación y funcionamiento del comité que pagó sobresueldos a directivos del ministerio el 2002. La jueza también comenzó a investigar las ampliaciones de obras hechas por las constructoras.
Dos nuevos flancos en su investigación abrió en estos últimos días la ministra en visita que investiga irregularidades en el MOP, Gloria Ana Chevesich.
El primero, y que complica más al actual ministro de Obras Públicas, Javier Etcheberry, se refiere a la operatoria del «Comité Asesor de la Coordinadora General de Concesiones», organismo a través del cual se canceló, entre febrero y diciembre de 2002, sobresueldos a los directivos de la repartición luego de la llegada de la mencionada autoridad, en enero de ese año.
El segundo guarda relación con la «otra» forma en que las empresas constructoras podrían haber recibido dinero del MOP para ser retraspasado a esa cartera a fin de solventar los pagos de suples a algunos funcionarios de la institución: las ampliaciones de obras.
Comité para los sobresueldos
Durante la semana, varias fueron las frases que apuntaron a la eventual participación del ministro Etcheberry en acciones que, de acuerdo al razonamiento judicial que se desprende de los fallos ya dictados en el caso, no serían regulares.
Una de ellas provino del ex ministro Carlos Cruz, quien sostuvo, tras el auto de procesamiento que le afectó el martes debido al contrato por 27 millones de pesos con el CIADE para el pago de seremis, que «esto es una práctica que se sigue llevando a cabo, por lo que me imagino que si la ministra sigue el curso de la investigación esto va a complicar enormemente a las actuales autoridades».
Similares voces vinieron del ex director de Obras Públicas y Vialidad, Eduardo Arriagada, también afectado por la resolución. Ambos son de la tesis que los honorarios extras se siguieron pagando durante todo el año pasado y que la fórmula para hacerlo fue el mencionado Comité Asesor de Concesiones.
La ministra se hizo eco de esta posibilidad -incorporada ya por la revista Qué Pasa– y resolvió traer a la vista todos los antecedentes respecto al funcionamiento del mencionado Comité. Así, a mediados de la semana pasada, mandó a pedir a Concesiones cada uno de los documentos que develan el origen y funcionamiento de la unidad, como también los registros de los suples que a través de ella se cancelaron a los mandos directivos de OOPP.
Los honorarios de los directivos del MOP fueron pagados el año pasado en forma directa por la cartera, algo así como una dieta, distinto a lo ocurrido con la fórmula GATE o CIADE, donde los funcionarios eran contratados para elaborar proyectos que se cancelaban con los aportes de empresas que participaban del sistema.
Las dudas recaen -casi como un karma– en si los directores que fueron pagados por Etcheberry (los honorarios eran firmados directamente por la autoridad) por pertenecer al Comité realizaron o no trabajos que lo ameritaran y participaron, efectivamente, asesorando al ministro en los temas que les eran propios.
Hasta ahora, se rumorea que no existen trabajos puntuales por parte del Comité y que a las reuniones no asistían con la periodicidad debida. También se cuestionan las sustantivas diferencias en los honorarios recibidos por cada directivo, las que además, guardan estrecha relación con las sumas recibidas en años anteriores a través de los procedimientos antiguos: GATE y CIADE.
Así, a través del Comité se benefició, entre otros, al director de Contabilidad y Finanzas, Francisco Aldunate Santa María, quien recibió honorarios por 3 millones 500 mil pesos. Otros directivos, como David Guzmán Silva, sólo percibieron poco más de un millón de pesos. Beneficiado por esta fórmula también fue el propio Eduardo Arraigada.
El Comité de Asesores de Concesiones fue creado mediante un convenio entre el entonces coordinador de Concesiones, Germán Molina, y los directivos del MOP. Fue firmado por Arraigada y Etcheberry. En él, según informó en su oportunidad la citada revista, los directivos se comprometieron a «prestar servicios altamente calificados de carácter multidisciplinario comprensivos tanto de las diversas especialidades de la ingeniería, régimen presupuestario y normativa jurídica vinculada a la infraestructura de la naturaleza referida».
Las reuniones del comité de expertos debían realizarse por lo menos una vez al mes, y ese será uno de los términos del convenio que la ministra Chevesich indagará si fue cumplido.
El sólo hecho que la magistrada haya mandado a pedir los documentos relativos al Comité provocó nerviosismo en el ministerio de Transportes respecto a la posibilidad que la jueza arremeta ahora contra la instancia creada por Etcheverry para «regularizar» en algo la entrega de sobresueldos a los directivos de la cartera.
Ahora, las ampliaciones de obra
Uno de los datos que circuló en el ambiente periodístico cuando apenas se iniciaba el caso GATE fue que la gran forma que tuvo el ministerio de OOPP de extraer fondos -ya fuera para pago de sobresueldos, gastos de la cartera u otros ítemes más particulares- se focalizaba en el sistema de «ampliaciones» de obras.
A tres meses de que la ministra Chevesich tomara en sus manos el caso, ha decidido explorar esa vía y comenzó a indagar respecto a la posibilidad que la mencionada fórmula se haya sumado a la de los aportes de las constructoras a GATE, pues se tiene en vista la posibilidad de que tales dineros hayan salido del MOP precisamente con ese método. Algunas consultoras, ya se sabe, aumentaban los montos de los contratos originales.
Por esto, la jueza comenzó en los últimos días las pericias sobre los costos de las ampliaciones de obras de las empresas que hasta ahora aparecen en el proceso con posibilidades de haber operado de esa forma: Belfi y MIS. La investigación de este posible modus operandi debiera extenderse en el futuro cercano a los contratos entre el MOP y otras constructoras.
Respecto a esta última posibilidad, fuentes del ámbito empresarial precisaron que no será difícil para la magistrada encontrarse con múltiples contratos millonarios donde el proyecto original debió ser a veces completado y otras reformulado completamente, por lo cual el inspector fiscal de la obra aprobaba las ampliaciones requeridas (o «solicitadas» con otros fines).
Las ampliaciones de obras tienen la gracia de que sólo es necesaria la palabra del inspector fiscal para acreditar que es necesario ejecutar nuevas cosas -y pagarlas- y, además, no se procede a una nueva licitación para la construcción de aquellas partes que no fueron consideradas en el proyecto original: sólo se cancela. En el caso de las concesiones, se dijo, la fórmula es aumentar el período que la empresa estará a cargo de la explotación del proyecto (un túnel o una carretera, por ejemplo).
La facilidad con que la ministra hallará la multiplicación en el tiempo de obras que necesitaron ampliaciones millonarias (incluso, comentaron algunos expertos, uno de los mismos proyectos MOP-CIADE cuestionados entrega datos relevantes sobre este tema), contrasta con la baja posibilidad, se agrega, de que logre acreditar judicialmente que estas estuvieron infladas. ¿El motivo?. Los gigantescos montos comprometidos.
Por eso, dijeron algunas fuentes, la magistrada podría encontrarse con algunas sospechas al estudiar cuáles fueron las empresas que más aumentos de obras realizaron (y si fueron sistemáticas en este procedimiento) y si los montos de estas segundas etapas se vinculan continuamente a algún porcentaje especial y relacionados directamente al monto de la obra original.
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