El holding «fue una estructura que desde el comienzo actuó de manera sistemática, premeditada en el intento de defraudar la fe pública y causarle en las etapas finales, grave daño al patrimonio fiscal". Con estas palabras el jefe de la Comisión Investigadora del caso Inverlink, el diputado Jorge Burgos, describió a la quebrada empresa.
Pero los siete capítulos y una conclusión general también contienen el hecho que algunos funcionarios de la Corfo podrían estar bajo la figura del delito de "negligencia inexcusable". Estos, al menos son los grandes puntos generales a los que llegó la Comisión tras 16 sesiones, 35 invitados y la respuesta de al menos 130 oficios de parte de distintas instituciones.
El presidente de estra instancia, el DC Jorge Burgos, relató en términos resumidos los contenidos del informe que tiene más de cien páginas y que deberá ser visto la primera semana de julio por la sala de la Corporación y ser aprobado.
Según Burgos, el delito de negligencia inexcusable, si bien es cierto abarca al proceder de la Corfo como institución respecto del caso Inverlink, sólo sería aplicable como figura a quienes tenían a cargo la fiscalización del principal operador de la mesa de dinero Javier Moya.
Estos funcionarios serían Gibran Archa y María Isabel Pinochet. Sobre Gonzalo Rivas, ex vicepresidente de la institución, Burgos dejó entrever que sería más bien una responsabilidad como autoridad administrativa.
El ilícito antes mencionado está contenido en el artículo 234 del Código Penal y, aunque no tiene penas corporales o de cárcel, sí establece la obligatoriedad para los responsables de ayudar a reparar la pérdida que sufrió el Fisco.
El informe también abarcó el accionar del Banco Central y de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Sobre ambos, Burgos dijo que la Comisión llegó a la convicción de que -aunque no hubo responsabilidad de estas instituciones- les faltó "energía" y "proactividad", tanto de manera individual como en la relación entre ambas instituciones, cuando se desató el escándalo a fines de enero.
En esa fecha, recordemos, fue descubierta la secretaria privada del presidente del Banco Central, Pamela Andrada, enviando información secreta al ex gerente general de Inverlink, Enzo Bertinelli, tras lo cual fue denunciada ante la justicia.
En ese sentido, dijo Burgos, la mayor sanción a estos organismos ya está hecha, debido a que ambos titulares, Carlos Massad y Alvaro Clark, Banco Central y SVS, respectivamente, se les pidió la renuncia.
El informe, según Burgos, le será entregado no sólo a la Sala de la Cámara, sino también a la Presidencia, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que tome cartas en el asunto, como también al ministro en visita Patricio Villarroel, quien sustancia la causa en el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago.
La comisión, además propuso, en un capítulo de propuestas de modificaciones, la necesidad de dotar a las distintas instituciones que fiscalizan este tipo de hechos de mejores herramientas legales. Entre ellas, levantar el secreto con que deben actuar los Superintendentes sobre algunas informaciones que conocen cuando están en sus cargos.
También la comisión propuso la idea de ampliar la figura de lavado de dinero a hechos vinculados al sector financiero. Hay que recordar que este ilícito sólo esta contenido en la Ley de Drogas 19.366 y siempre y cuando los activos sean producto del narcotráfico. La plata proveniente del tráfico de armas, terrorismo, asesinatos por encargo y otros tipo de hechos delictuosos no caben -por ahora- dentro de esta figura legal.
Por último, cuando se le consultó a Burgos respecto al caso de Alvaro García, quien llamó a varias personas para que no retiraran su dinero en el momento de la corrida de inversionistas, el congresista dijo que no hubo presiones políticas y que "las personas ya tienen un juicio formado sobre estas prácticas".
