Esta es la primera parte de una investigación de El Mostrador.cl, basada en los contenidos más importantes de la carta rogatoria belga -a la que tuvo acceso este medio por una fuente de la Corte Suprema-, donde cobran sentido las relaciones entre los imputados, el llamado «dispositivo chileno» y las comisiones de 15 millones de dólares que se pagaron.
El reciente exhorto belga por el pago de millonarias comisiones tras la venta de los Mirage Elkan a Chile a mediados de los noventa, contiene información hasta ahora desconocida.
El expediente sustanciado por el juez Daniel Fransen, rol 2001-36, por los delitos de corrupción y estafa en Bélgica, cuyos contenidos más importantes se hallan en la carta rogatoria -al que tuvo acceso El Mostrador.cl por una fuente de la Corte Suprema-, revela no sólo la intrincada operación para vender los aviones a Chile, sino que las relaciones entre los imputados y el llamado «dispositivo chileno» cobran sentido.
El documento revela aspectos que generan sospechas sobre el monto del dinero que se pagó en comisiones a los «intermediarios»: si son 15 millones de dólares -como se ha establecido hasta ahora- o si existen otros ítemes «brujos» contenidos en los libros contables y que también pudieron haber ido a parar a cuentas corrientes de «operadores» secretos dentro de esta vasta operación financiera que cruzó desde Europa al Banco Spirito Santo de Miami, siguió hasta los paraísos fiscales del Caribe y luego llegó hasta nuestro país, donde se repartió el dinero. Sus depositarios son, en parte, hasta ahora desconocidos.
La historia que vincula al «dispostivo chileno» comienza el 29 de noviembre de 1989, cuando el entonces ministro de Defensa belga, Guy Coeme, notificó a la Sociedad Anónima Belga de Construcción Aeronáutica (SABCA), con oficinas en Bruselas, de la apertura de un importante mercado de modernización para veinte aviones Mirage V. El programa, titulado Mirage Safety Improvement Program (Mirsip), se debía concentrar en los aparatos que entraron en servicio en la Fuerza Aérea belga en los años 70.
Sabca obtuvo la licitación del proyecto. Paralelamente, uno de los principales accionistas de la mencionada empresa era el consorcio francés Dassault, constructor directo de los Mirage, como también otras empresas más pequeñas que operaron como subcontratistas en el programa Mirsip.
El costo total de esta modernización osciló entre los 123 y 174 millones de euros. Su entrega fue pactada para el año 1994 con la Fuerza Aérea Belga.
Sin embargo, en enero 1993, Bélgica inició un vasto plan de reducción de gastos militares. Por aquel entonces, el nuevo ministro de Defensa, Léo Delcroix, anunció que un conjunto de Mirages serían «desclasificados» y que 20 de los modernizados bajo el programa Mirsip nunca entrarían en operaciones. De todos modos, la autoridad belga estimó que -para no perder dinero- se pondrían a la venta, con lo que se dio inicio a la etapa de prospección de mercados.
Fue así como el 30 de agosto del mismo año, el Servicio General de las Fuerzas Armadas (SGA) incluyó un anexo al contrato del programa Mirsip con el objeto de reducir los costos para realizar el ofrecimiento comercial de los mismos en el exterior. El documento fue firmado oficialmente el 8 de noviembre de 1993.
El misterio de Europavía
Días antes de que fuera rubricado ese anexo de contrato que permitía vender los aparatos, el propio Delcroix otorgó el contrato de servicios a la misma Sabca, con una cláusula de exclusividad que la autorizaba a prospectar mercados de clientes en el mundo.
Desde el 8 de octubre de 1989, Sabca tenía un vínculo de representación con Europavía S.A., sucursal de una compañía francesa encargada de la promoción de material aeronáutico, conocida como Office General de L’air (OGA).
Gerente general de Europavía era el general del aire Jacques Lefebvre, varias veces jefe de gabinete de distintos ministros de Defensa en Bélgica, ex jefe del Estado Mayor y, como tal, uno de los iniciadores del programa Mirsip.
Tanto Sabca como Europavía hicieron bien su trabajo. A las pocas semanas ya poseían mercados posibles de venta en Pakistan, Filipinas, Finlandia y Chile.
Lefebvre contactó personalmente a intermediarios en nuestro país, a los que denominó «dispositivo chileno», un nombre nada sugerente. Estos agentes locales resultaron ser Carlos Honzik, hombre conocido en el comercio internacional de armas y representante de una sociedad con domicilio en las Islas Vírgenes británicas, llamada Berthier Investment INC.
También aparecía vinculado Bernard Van Meer, yerno del entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), general del aire Ramón Vega, quien actualmente es senador designado. Van Meer sin duda estaba en una posición privilegiada para hacer lobby con Vega, toda vez que habiéndose separado de una de las dos hijas de Vega (Verónica, quien reside en un lujoso departamente en Manhattan), terminó emparejándose con la otra. Actualmente reside en Londres.
El tercer eslabón de esta historia, lo constituye Francois de Smet D’Olbecke, belga avecindado en Chile y administrador delegado de Combak S.A., con oficinas en la comuna de Vitacura.
Ene, tene, tú
Sabca consideró que Chile era el cliente más importante entre los países prospectados. Por ello en enero de 1994 viajó a Santiago una delegación de miembros de la mentada sociedad y oficiales belgas, entre ellos, Van Meer. Las negociaciones, entonces, iniciaron su camino.
La operación establecía la venta de 25 Mirages V, de los cuales sólo 20 estaban modernizados. Al mismo tiempo se incluía una importante cantidad de accesorios, entre ellos motores y armamento. La cifra de compra establecida fue de 109 millones de dólares, que en aquella época eran 3 mil millones 270 mil francos belgas o 81 millones de euros actuales. Toda la opración, se basó en dos contratos.
El primero era de Gobierno a Gobierno, por la compra del material, y ascendía a 70 millones de dólares. El otro, de 39 millones de dólares, se extendió entre el Gobierno de Chile y Sabca para la adaptación de los aviones a las especificaciones de la FACH, como también por las prestaciones de soporte y venta.
El 23 de febrero de 1994, Sabca presentó ante la Office National du Ducroire (OND), organismo oficial para el seguro de exportación, una demanda retributiva de 39 millones de dólares, de los cuales 15 estaban destinados al pago de «comisiones». Estas últimas nunca fueron comunicadas por Sabca a la autoridad, ni su razón de ser ni el destinatario, según estableció más tarde el juez Fransen.
La OND estimó que la cifra era demasiado alta y que no se apegaba a los normas del contrato, rechazando la presentación de Sabca y modificando el contrato, puesto que se sospechaba que las «comisiones» podían oler mal.
El contrato, entonces, fue modificado. Sabca compraba el material de guerra al Gobierno belga por 70 millones de dólares. Luego, la firma debía adaptarlos, refaccionarlos y cobrar a Chile 109 millones de dólares.
La nueva fórmula permitía reducir la importancia relativa del importe de 15 millones de dólares para comisiones, en contraste con el valor total de mercado que pasaba de 39 a 109 millones de dólares. Por otra parte, el Gobierno chileno, presidido entonces por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, solicitaba al banco Société Générale de Banque, un crédito para financiar, más o menos, el 90 por ciento de la operación. El cierre oficial del negocio se hizo el 19 de julio de 1994.
Luego de las formalidades administrativas se firmó un contrato para suministrar la venta dividida en 50 lotes, cuya transferencia fue finalizaba en 1996.
Sin embargo, a poco andar se descubrió el engaño, puesto que en medio de esta venta hubo varias personas involucradas que recibieron comisiones. Algunas de ellas legalmente, pero otras -resguardadas por una intrincada red de triangulaciones bancarias- no.
La justicia belga ha descubierto que el Fisco de ese país perdió mucho más dinero del que creía. Ha Logrado además configurar cómo operó la red de pagos. Ahora, con este exhorto pretende descubrir quiénes los recibieron en Chile.
CONTINUA MAÑANA…
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