La derivación de los antecedentes a la justicia militar dejó más tranquilo al mundo de la inteligencia chilena. En esos círculos se veía con preocupación la posibilidad de que se ventilaran procedimientos y secretos propios del trabajo de espionaje, debido a que en la zona rige la Reforma Procesal Penal y, con ello, las audiencias son públicas.
Un reordenamiento interno se está produciendo en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), luego de los acontecimientos ocurridos en el consulado de Argentina en Punta Arenas. Las embajadas de los países limítrofes (Perú y Bolivia) están sobre aviso respecto a las posibles actividades de inteligencia en su contra, lo que determina una serie de cambios de personas, para evitar que, ante cualquier eventualidad pudieran ser reconocidas en las actividades encubiertas.
Durante los últimos días se han realizado varias reuniones de coordinación respecto al tema, dijeron fuentes militares consultadas por El Mostrador.cl. Uno de los temas de análisis es cómo los agentes de contrainteligencia detenidos en la Región Militar Austral (RMA) deberán enfrentarán el proceso que se abrió en la Fiscalía Militar, luego que ayer el Ministerio Público se declarara incompetente de seguir conociendo los hechos.
Este "nuevo orden" apunta además a los agentes "residentes" en el exterior. También, a los espías que venden información a Chile, cuyas transacciones, dijeron las fuentes, se realizan en países paralimítrofes. En otras palabras, los hechos de Punta Arenas generaron un movimiento a nivel de inteligencia regional de tal magnitud que "hay que generar un nuevo maquillaje".
En todo caso, las suspicacias de la inteligencia chilena apuntan a las razones por las cuales Argentina rompió el código tradicional de la reserva en estas materias, al filtrar el informe del cónsul a la prensa.
De hecho, se piensa que el país limítrofe intentó convertir un problema -que ya fue zanjado a nivel de gobiernos- en una oportunidad, al señalar que los hechos se deben investigar en profundidad.
El "nuevo orden" que se generó tras el incidente, debiera operar "muy rápido", independiente de las palabras del gobierno de revisar los procedimientos de inteligencia y modificarlos de acuerdo a los tiempos que se viven.
Fiscalía con Fiscalía
El Ministerio Público de Punta Arenas se declaró ayer incompetente para seguir conociendo del allanamiento al consulado Argentino y traspasó la causa a la justicia militar. Se indicó que este procedimiento es enteramente formal, ya que las actividades de los uniformados se realizaron en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto son los tribunales castrenses los llamados a resolver.
«La determinación fue adoptada por el Ministerio Público, puesto que, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, particularmente a las normas contempladas en el Código de Justicia Militar, la competencia debe radicarse en sede de jurisdicción militar toda vez que se trata de hechos en que le ha cabido participación a miembros activos de las Fuerzas Armadas chilenas», señalaba el comunicado emitido ayer.
Hasta ayer se conocían sólo dos identidades de los 4 agentes detenidos en la Región Militar Austral (RMA): Luis Alberto Robles Ricus, agente de contrainteligencia que dejó su carné en la sede diplomática; y el mayor Rodrigo Acuña Délano, jefe operativo del Departamento de Inteligencia Conjunta, quien sería la otra persona que ingresó al lugar.
Fuentes militares manifestaron su tranquilidad al saber que la causa quedó entre pares, donde claramente no se filtrará las verdaderas razones del espionaje a la sede diplomática.
Hay que recordar que, tras el escándalo, el Gobierno decidió ayer dar de baja al general Waldo Zauritz y al teniente coronel Víctor Hugo Poza, por sus responsabilidades de mando, poniéndose así una muralla protectora a la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, quien es la jefa directa y sin intermediarios de la zona militar austral.
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