Exclusivo: Agregado militar de Chile en la ONU fue agente de la CNI

El actual agregado militar de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), coronel de Ejército Pedro Pablo Bustos Valderrama, fue a principios de los 80 agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de inteligencia conocido por sus violaciones a los derechos humanos.



Una investigación de El Mostrador.cl revela que Bustos Valderrama estuvo encuadrado en la Brigada Azul, que combatió al MIR, cuyo jefe era el entonces comandante Aquiles González (el caracha). El segundo de a bordo era Alvaro Corbalán Castilla y luego venía Bustos, quien por ser un teniente antiguo en aquellos años ocupaba no sólo el puesto de jefe de equipo, es decir un oficial operativo, sino también el tercero en la línea de mando.



Bustos usó durante su permanencia en el servicio represivo la chapa o identidad operativa de Alejandro Benz y le correspondió realizar varios chequeos e incluso trabajar de jardinero para ello, cuya caracterización fue siempre criticada por sus pares, por su falta de sentido común para disfrazarse.



Eran los tiempos donde el apodado Piscola Rojas y el entonces teniente Luis Arturo Sanhueza Ross (el guiro), lidiaban con la Operación Retorno del MIR en distintos lugares de Santiago. Fueron años donde la represión se intensificó contra el grupo paramilitar de izquierda, cuyos resultados fueron, entre muchos otros, la muerte del operador de Radio Liberación, Fernando Vergara.



Bustos, después de las operaciones, concurría con los ex agentes a la disco Gente, donde era socio; al Olivier donde tomaba su trago favorito para celebrar: whisky Johnny Walker etiqueta negra con tres hielos.



Esas mismas amistades determinaron que años más tarde, el entonces general Guillermo Garín, le estampara una sanción "menos un punto" por haber pertenecido a la financiera ilegal al interior del Ejército, conocida como La Cutufa.



Estos últimos antecedentes constan en la investigación que sustanció el entonces ministro en visita, Marcos Libedinsky. Sin embargo, en nada le afectó debido a que tenía también varias felicitaciones en su hoja de vida.



Perfil secreto



Bustos es calificado al interior de la institución como un brillante oficial. Primera antigüedad en su curso de la Escuela Militar, era conocido como "el teta" y llegó a la ONU en enero de este año, guardando el secreto de su oscuro pasado.



Perteneciente al arma de Caballería Blindada, también obtuvo el primer puesto en su licenciatura de Ciencias Militares y en el magíster de Ciencias Militares con mención en Política de Defensa. Igual resultado obtuvo en el magíster en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército. Ha sido profesor en su institución, en la Armada y en la Fuerza Aérea y miembro de número de la Academia de Historia Militar. De allí que se perfile a sus 46 años (cumple 47 el 5 de diciembre) como un seguro candidato a general, ya que tiene hecho el curso de oficial de Estado Mayor.



Pero Bustos guarda un secreto aún mayor y que nadie conoce al interior de la oficina que alberga a la representación chilena, en midtown neoyorkino, y es su participación en el operativo que costó la vida a los militantes del MIR Alejandro Salgado Troquian y Hugo Ratier Noguera, ocurrido en calle Janequeo, Quinta Normal, donde estuvo a cargo de la misión. De tal acción dan cuenta más de cinco ex agentes que participaron en el procedimiento y que hablaron con este medio bajo reserva de identidad.



Hasta ahora su participación en estos hechos no ha sido aclarada pues los antecedentes no se encuentran todavía a disposición de la justicia. Sin embargo, su nombramiento en el puesto que hoy ocupa, contradice por completo lo que se ha dado en llamar doctrina Cheyre, que busca evitar que oficiales vinculados y comprometidos con violaciones a los derechos humanos sigan en las filas, como también en puestos claves en la institución.



Janequeo fue parte de un operativo mayor en contra de los militantes del MIR, luego del atentado del ex intendente de Santiago, coronel Carol Urzúa. La segunda parte del mismo ocurrió en el otro lado de la capital, en Fuente Ovejuna, Las Condes, donde murieron Sergio Peña Díaz, Lucía Vergara Valenzuela y Arturo Vilavella Araujo.



Hasta ahora, Bustos ha pasado inadvertido para muchas autoridades, quienes se relacionaban con él cuando hasta el 2002 ocupaba el cargo de jefe comunicacional del Ejército.



Otras aficiones



Pero tras la meteórica y brillante carrera de Pedro Pablo Bustos se esconden también una serie de episodios grises, incluso familiares, que hablan de una personalidad desconocida para quienes le nombraron en el cargo que ocupa en la gran manzana.



Por ejemplo, su cercanía con Miguel Krassnoff Marchenko, un eximio torturador de la DINA, cuando le correspondió realizar un curso de inteligencia en Brasil. En ese país, Bustos fue reconocido por uno de los detenidos del MIR en una recepción que se efectuó en la embajada a mediados de los ochenta. Debió retirarse para evitar un bochorno. Estos cruces de pistas entregan las razones de que en Chile esté mencionado en, al menos, cuatro procesos civiles y criminales.



Sus desaciertos más personales, pero que también revelan una personalidad al menos compleja, comenzaron tras una frustrada relación de pareja, matrimonio que tuvo dos hijos y un proceso por violencia intrafamiliar en el 23 Juzgado Civil de Santiago.



En el expediente rol F-388-2000 hay varios escritos de su abogado, Carlos Ramos, que fueron rechazados por el juez, Rubén Palma Mejías, debido al tono "insolente" con que fueron redactados. También consta el intento de Bustos de impedir la acción del tribunal, primero con una receptora, a quien le indicó que debía dirigirse a la fiscalía militar si deseaba notificarlo de un embargo dictado por el magistrado, como también el "incidente" ocurrido con el receptor Fernando Claro por la misma situación.



La ficha que camina sola



Un punto que llama la atención de este proceso judicial es el que se produjo con la ficha médica del departamento de Siquiatría del Hospital Militar.



En ese recinto asistencial, su ahora ex esposa se trataba por "disfunción conyugal" con el doctor Carlos Díaz Martínez. Bustos y su abogado sostenían que el certificado firmado por el profesional -que señalaba la sanidad mental de la mujer-, era falso y presentaron uno que indicaba lo contrario, firmado por el doctor Juan Carlos Loyola.



El juez, para zanjar el asunto de manera oficial, envió un oficio al nosocomio solicitando la ficha original. Pero misteriosamente ésta desapareció, sin que hasta ahora haya podido ser encontrada.



En la sentencia de primera instancia del juzgado civil, el magistrado señala que si bien comprobó que no hubo "heridas graves" en la mujer, el juez llegó a la "convicción vehemente" de que existió "violencia física y sicológica", por lo que no se le condenó a las sanciones establecidas en la ley.



Siguiendo las normas legales, el magistrado envió los antecedentes de posible falsificación del certificado siquiátrico al Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, donde se inició un proceso por falsificación, rol 1202.253-5-2001.



La orden de investigar fue tramitada por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), que interrogó a Loyola, quien a su vez respondió que no recordaba haber firmado el documento aportado por Bustos. El profesional dio cuenta de estos hechos a la contraloría interna del Hospital Militar, pero nunca se inició un sumario oficial.



El proceso, en tanto, fue sobreseído ya que la Bridec concluyó que sin la ficha no se podía establecer cuál era el verdadero certificado. Loyola, en tanto, falleció en un accidente aéreo, cuando se disponía a viajar a Santiago desde Rancagua al poco tiempo de estos hechos.



Pero la batalla legal continuó. Carlos Ramos se querelló por el delito de injurias y calumnias en el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, tomando como testigo para calificar el ilícito al propio Bustos. El libelo fue dirigido contra la ex mujer del militar. El tribunal estimó que se configuraban los tipos legales y la sometió a proceso, resolución que en todo caso fue revocada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago por unanimidad.



Al mismo tiempo, se abrió otro frente de batalla judicial. Esta vez en el 25 Juzgado Civil de Santiago, rol 1509-2001, para que se decretara la interdicción mental de la ex esposa de Bustos. Una vez más el resultado le fue adverso al militar.



Antecedentes tenidos a la vista por este medio revelan que se ordenó que tanto su ex mujer como Bustos fueran sometidos a peritajes siquiátricos en el Servicio Médico Legal (SML).



La conclusión fue para el caso de su ex cónyuge, que no se apreciaban trastornos. En cambio, para el caso de Bustos, se señala que por su "disfunción y ansiedad reactiva" y por los conflictos que enfrenta "se le recomienda un fuerte tratamiento en un centro calificado". Hasta ahora no lo ha efectuado.



La última batalla



Pero las batallas de Bustos aún no terminan. Ahora se encuentra enfrascado en el pago de pensiones a sus hijos que, de acuerdo a una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, firmada por los ministros Gabriela Pérez, Haroldo Brito y el abogado integrante Luis Orlandini en agosto del año pasado, le corresponde pagar el 40 por ciento de sus emolumentos.



El Ejército obedeció la orden judicial y comenzó a descontarle por planilla este pago. Sin embargo, cuando fue nombrado como agregado militar de Chile en la ONU con 14 mil dólares mensuales de sueldo más 762 para pagar su casa fiscal, Bustos decidió no pagar el equivalente en dólares.



La situación fue analizada por la Auditoría General del Ejército y el Comando de Apoyo Administrativo (CAAE). Un oficio con fecha 29 de agosto último, al que este medio tuvo acceso en fuentes judiciales del Segundo Juzgado de Menores, indica que su institución no apoyó su actitud.



"Que nuestro departamento legal en coincidencia con la Auditoría General del Ejército, no nos es lícito interpretar una sentencia de la Corte de Apelaciones", señala el documento, por lo que el 40 por ciento de sus dineros están retenidos por la institución, mientras la Corte resuelve. Igual opinión tuvo la Contraloría General de la República.
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