Las diferencias se refieren a que el general (R) y actual senador designado aseguró en el proceso que no había viajado nunca a Bélgica. Sin embargo, un reciente preinforme policial, entregado a la jueza Sandra Rojas, establece lo contrario, lo que podría constituir el delito de perjurio y el argumento necesario para desaforar al ex militar.
Luego de casi cuatro meses desde que se iniciara en Chile un proceso criminal por el pago de misteriosas comisiones por la compra de los aviones Mirage Elkan, a Bélgica, aparecen las primeras contradicciones de quien fuera el comandante en jefe de la FACH, general (R) y actual senador designado, Ramón Vega.
Las diferencias de testimonio se refieren a que Vega declaró ante la jueza (S) del Primer Juzgado del Crimen, Sandra Rojas, por primera vez, que no había viajado nunca a Bélgica para ver los aspectos relacionados con la compra de las aeronaves. Sin embargo, un reciente preinforme entregado a la jueza establece todo lo contrario.
Hasta ahora se desconocen las razones que tuvo Vega para negar la existencia de estos viajes a Bruselas, pero lo que está claro es que si judicialmente se siguiera esta línea de investigación, al menos, podría configurarse el delito de perjurio, lo que teóricamente podría derivar en un desafuero.
El abogado penalista Sergio Rodríguez Wallis, aclaró que «para la persona que declara como testigo, y tomando en consideración su fuero parlamentario, no existe excensión de la responsabilidad penal. Esta última, sólo la tienen los congresistas, ya sea cuando emiten juicios en las salas o en las comisiones». Sin embargo, indicó Rodríguez Wallis, cuando una persona actúa como testigo, debe hacerse cargo de sus dichos, independiente de su fuero. Al contrario, si declarara como inculpado, podría no decir la verdad y esto no le afectaría». No obstante, para el interés de este caso, Ramón Vega declaró como testigo.
»Todo el rigor»
Vega no sólo era el comandante en jefe al momento de la compra de los aviones en 1995, sino que además su yerno, Bernardus Van Meer, era el principal operador del negocio. Van Meer está casado con la menor de sus hijas y es ex esposo de la mayor.
El preinforme entregado por la Policía de Investigaciones abre una nueva interrogante respecto de las condiciones en las que se trató este negocio y abre dudas respecto del testimonio que ha prestado el ex militar.
Cuando se inició el proceso en Chile, la FACH envió un comunicado de prensa en el que aseguró que si eventualmente se llegan a descubrir posibles delitos vinculados a estos hechos, se aplicará "todo el rigor de la ley". La nota está firmado por el actual comandante en jefe la FACH, Osvaldo Sarabia.
Cambio de mano
En todo caso, la jueza Rojas ya no seguirá tramitando esta causa, pues se declaró incompetente para seguir conociendo sus alternativas, debido al llamado "principio de ejecución del delito". La decisión de la magistrada imperó debido a la inspección ocular en el Estado Mayor de la Defensa Nacional de todos los documentos que existen respecto de la operación comercial.
La jueza se percató que el inicio del negocio comenzó en el Comando Logístico de la Fuerza Aérea de Chile, ubicado en Cerrillos. Por lo tanto, carece de jurisdicción su tribunal para seguir adelante con el proceso.
El expediente fue derivado ya a la titular del 15° Juzgado del Crimen, Adriana Sottovia. Esta jueza no sólo deberá enterarse de los antecedentes que existen en la causa, sino que además podría trabar una contienda con su colega del Primero, aunque ello sería poco probable.
A principios de 1995, la justicia belga inició una investigación sobre la compra fraudulenta de 46 helicópteros italianos Agusta, por parte de la Fuerza Aérea de ese país, ocho años antes. El escándalo, conocido mundialmente como el "Dossier Agusta", involucró el asesinato de un ministro y la posterior condena de altas autoridades políticas de Bruselas por corrupción.
Entre los investigados por ese caso, se encontraba el general Jacques Lefebvre, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga en 1988, cuando se produjo la compra de los helicópteros. Lefebvre había pasado a retiro y se había transformado, a principios de la década del noventa, en representante de la empresa italiana Agusta y de la francesa Dassault. Además, había creado una lucrativa compañía dedicada al comercio internacional de armas: Europavia.
Fue el propio Jacques Lefebvre quien viajó a Chile en repetidas ocasiones, en 1992 y 1993, para tomar contacto con las personas indicadas en las diligencias decretadas por la jueza del Primer Juzgado del Crimen de Santiago.
El ex general de la Fuerza Aérea belga no sólo los contactó, sino que logró, a través de ellos, convencer a la FACH de que la compra de los 25 cazas Mirage, dados de baja por Bélgica, eran la mejor opción para renovar la dotación aérea de la institución.
Cuando los investigadores belgas encargados de las pesquisas del caso Agusta incautaron documentos de Jacques Lefebvre, en los primeros meses de 1995, descubrieron que entre éstos existían pruebas incontestables de que se había pagado una comisión de 15 millones de dólares por la venta de los Mirages a Chile, comisión que fue depositada en el Clariden Bank de Zurich.
Al ser interrogado sobre estos hechos, Lefebvre contestó a la policía anticorrupción belga, en un memorando: «Los documentos relacionados con Chile de los que me preguntan son confidenciales. Su divulgación sería catastrófica, puesto que pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades».
El 7 de marzo de 1995, la noche siguiente de redactar esta nota, el general (r) Jacques Lefebvre se suicidó en su departamento de Avenue Louise, en Bruselas.
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