La escasa protección a la honra y dignidad, dificultad para acceder a la salud y a la educación, y restricciones para la libertad de expresión son algunas de las situaciones que más los afectan. Para subsanar estas deficiencias, proponen una ley que sancione actitudes discriminatorias e incluir en los planes educativos la diversidad sexual.
La jueza Karen Atala, quien perdió la tuición de sus tres hijas luego que reconociera públicamente su homosexualidad, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por considerar que fue víctima de discriminación de parte de los tribunales de Justicia por su condición sexual.
Su decisión revela las dificultades que enfrentan estos grupos para insertarse abiertamente en la sociedad, las que se encuentran consignadas en el primer Informe de Derechos Humanos sobre Minorías Sexuales, elaborado por el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS).
De acuerdo al documento, en Chile existe una sistemática violación de los derechos Civiles y Políticos de este sector, especialmente los que se refieren a la vida, integridad, libertad, protección de la honra y dignidad, reunión, protección de la familia y libertad de pensamiento y expresión.
Pero además, el estudio consigna los quebrantamientos de los derechos Económicos, Sociales y Culturales, que a juicio de la organización son los que permiten a un ser humano tener condiciones de vida dignas y adecuadas para desarrollarse en la sociedad.
Sobre este punto, el informe detalla que las principales violaciones se encuentran en los derechos al trabajo, condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias, sindicales, acceso a seguridad social, salud, educación y beneficios de la cultura.
El dirigente del MUMS Fernando Muñoz explicó que el objetivo fue realizar un "estado de situación, de cuáles son las leyes y los derechos que en Chile se están atropellando en contra de las minorías sexuales. Ese fue el punto esencial, entregar un sustento jurídico de lo que hay detrás de estos casos y revisar cuáles son las leyes que están siendo violentadas".
A juicio de Muñoz, si bien en Chile los ámbitos de discriminación son de todo tipo, la principal se produce en los espacios públicos, donde la policía está facultada para detener a los homosexuales que hagan una manifestación de su afecto, sobre la base del artículo 373 del Código Penal que sanciona las faltas a la moral y las buenas costumbres.
Ausencia de normas
En Chile el delito de discriminación por razones de orientación sexual no se encuentra tipificado por ninguna norma legal, aunque a nivel mundial también existe resistencia para incorporar una mayor protección a favor de las minorías.
Uno de los últimos intentos se dio en la 60° Sesión de la Comisión de Derechos Humanos, que en abril de este año iba a votar la moción "Orientación Sexual y Derechos Humanos". Sin embargo, la propuesta fue bajada por Brasil, luego que pocos países garantizaran su voto favorable.
Entre los que nunca emitió un pronunciamiento oficial sobre su voto fue Chile, donde el debate se centró en que una resolución de esa naturaleza daría pie para autorizar el matrimonio entre homosexuales. Una dicusión que ya llegó al Parlamento, con la presentación de un proyecto de ley para regular las uniones civiles entre este tipo de personas.
Sin embargo, más allá de eso, cerca de 200 organizaciones civiles consensuaron un proyecto un proyecto de ley para evitar casos de discriminación, el que cuenta con el respaldo de la diputada PPD María Antonieta Saa. "La única forma de hacer valer los derechos de las minorías sexuales es creando y fortaleciendo las organizaciones de la sociedad civil para seguir forzando el cambio cultural y legal en nuestro país", sostuvo la legisladora.
Según la parlamentaria, también debería abolirse el artículo 373 del Código Penal que, a su juicio, es "una aberración pues son los propios Carabineros los que determinan arbitrariamente la ofensa a la moral y las buenas costumbres. Eso no puede continuar".
En tanto, Muñoz explicó que esta carencia jurídica también da pie a una desconfianza hacia la labor de la Justicia. "Como no existe el delito, tampoco existe la denuncia. Recibimos una gran cantidad de denuncias, sin embargo no se transforman en demandas legales porque no hay confianza en la justicia, porque se presumen que no serán viables", manifestó el dirigente del MUMS.
Cambio cultural
De acuerdo a la última encuesta "Opción Sexual y Discriminaciones", dada a conocer en julio pasado por la Fundación Chile 21, un 68% de los chilenos cree que existe una mayor aceptación y tolerancia hacia las conductas homosexuales, y un 57% admite que una cercano tiene esa condición sexual.
Además, un 12% de los consultados consideró que la homosexualidad "representa una desviación moral que no puede ser tolerada por la sociedad", el 30% dijo que "corresponden a personas desviadas que deben ser tratadas sicológicamente", y el 58% que es "una opción sexual tan legítima como cualquier otra".
Sobre esta materia, las minorías sexuales estiman que si bien se trata de un avance, aún falta un cambio cultural para que el discurso que se transforme en acción, razón por la que el próximo 27 de septiembre solicitarán al Ministerio de Educación incorporar la temática de las orientaciones sexuales en los planes de los colegios.
Consideran que las iniciativas que se han llevado a cabo hasta el momento son positivas y tienden a corregir las imperfecciones del sistema, pero al mismo tiempo las califican como "maquillajes que, en el fondo, no cambian nada".
Jueza Atala recurrirá a la OEA
Durante la entrega del informe, Emma de Ramón, fundadora de la organización "Las Otras Familias", anunció que formalizarán la presentación de un recurso ante la OEA, ante el fallo de la Corte Suprema que privó a su pareja, pareja de la jueza Karen Atala, de la tuición de sus hijas, por considerar que la falta de la figura paterna afectaría el desarrollo de la menores.
«En su momento, que probablemente será en octubre, estaremos listas para hacer una declaración en mayor profundidad respecto de ese tema. Por ahora, está en nuestra intención de hacer la demanda porque fuimos discriminadas Karen, yo y las niñas, por un un fallo arbitario», afirmó.
De Ramón explicó que "en Chile la mitad de las familias esta constituida de una manera muy distinta a la patriarcal, son muchas las familias que se conforman por otros miembros y no precisamente por los padres o madres".
En esa línea, tanto "Las Otras Familias" como el MUMS estudian pedir el apoyo de organismos internacionales, obteniendo un respaldo desde Argentina, México, Bolivia, Perú, Colombia y Uruguay y la intervención de la Asociación Latinoamericana de Gays y Lesbianas, cuya tercera reunión se llevará a cabo entre el 13 y 17 de septiembre próximos.
Otros casos emblemáticos
Caso "Pollísimo": Restaurante de Plaza Italia que expulsó del recinto a Karen Castillo y su pareja lesbiana por demostrar su afecto. En este caso, presentó un recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Caso de Maira Torres: Alumna de un liceo de la Quinta Región que fue expulsada por besarse fuera del colegio con su pareja.
Caso Carmela Carvajal: Liceo capitalino que hostigó a un grupo de alumnas que abiertamente se manifestaron lesbianas, incluso fueron sujeto de discriminación por los guardias de la Estación Bustamante del Metro en concomitancia con los directivos del liceo.
Artículo 373: Dos jóvenes fueron apresados en el Cerro Santa Lucia por antentar contra de la moral y las buenas costumbres por estar tomados de la mano. El caso se repitió con otra pareja de hombres detenida en la Plaza de Armas, por la misma situación.
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