La abogada, representante de las vícitmas de Paine, reiteró que el ex ministro de Justicia y senador radical José Antonio Gómez fue requerido en una investigación interna del gobierno de Lagos, ante el ex subsecretario de la Presidencia Gonzalo Martner. Además, enumeró a cada una de las ex autoridades a las que les dio a conocer la situación.
Durante su larga intervención frente a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la abogada Pamela Pereira consideró que es necesario indagar y esclarecer todas las actuaciones del Servicio Médico Legal (SML) desde el golpe militar, en 1973, a la fecha, ya que de dicha época se arrastraría su eventual «política de ocultamiento» respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el gobierno de facto.
La profesional, cuya declaración siguió a la del dentista del SML Luis Ciocca, expuso en detalle todas las actuaciones que le ha tocado cumplir en el marco de los casos de detenidos desaparecidos de Paine, ya que su padre Andrés Pereira forma parte de los habitantes de esa zona cuyo paradero aún no se logra determinar, luego que fueran detenidos de forma ilegal.
La instancia parlamentaria, destinada a esclarecer las responsabilidades políticas que podrían derivarse de los errores cometidos por el SML en la identificación de los restos hallados en el Patio 29, del Cementerio General, sesionó por cerca de cinco horas seguidas, tres de las cuales fueron utilizadas por la intervención de Pereira.
Política de ocultamiento
A principios de la década del 90′, sostuvo Pereira, se presentó una querella por el secuestro de Domingo Blanco Tarrés, en el marco de la cual se solicitaron diligencias para obtener información sobre el Patio 29. Debido a ello, la jueza del 3° Juzgado del Crimen de Santiago, Dobra Lusic, se constituyó en dependencias del organismo forense.
En esa ocasión, se constató que en el Patio 29 habían 103 sepulturas correspondientes a 105 personas sin identificación y 17 con individualización, las cuales fueron sepultadas entre octubre y diciembre de 1973.En dicha visita, la magistrado también descubrió que en los frigoríficos del Instituto Médico Legal había un total de 14 cuerpos de detenidos desaparecidos, las cuales correspondían a personas detenidas en la zona de Paine, específicamente en el sector de El Escorial, dijo la abogada.
«Esos cuerpos estuvieron en el SML desde marzo de 1974, hasta que se los sepultó, previa identificación en enero de 1991. Estaban en sacos e incluso se encontraron restos de ropa. Esto da cuenta del origen de los procedimientos de la política de Estado destinada a ocultar los crímenes. El Patio 29 representa, sintetiza y evidencia dicha política», dijo Pereira.
Para que este mecanismo para ocultar las violaciones a los derechos humanos funcionara, la abogada sostuvo que «se requería de un aparato institucional. De organismos públicos, de jerarquías que operaban en la toma de decisiones y de funcionarios que ejecutaban tales decisiones (…). Para estos fines se utilizó el SML, el Cementerio General y el Registro Civil».
«Los funcionarios del SML nunca informaron de esta situación a las autoridades del primer gobierno democrático, ni tampoco a las judiciales. El SML era un organismo comprometido con la desaparición de personas», argumentó.
En esa medida, planteó que existe la necesidad de aclarar todas las actuaciones irregulares en que estaría involucrado el organismo forense, a fin de determinar cuántos funcionarios que fueron parte de esta institución en el tiempo de Pinochet, aún lo siguen siendo.
A ese respecto, al finalizar la presentación de Pereira, el presidente de la comisión investigadora, Tucapel Jiménez (PPD), explicó que esta instancia solicitará una serie de diligencias que pueden referirse a aclarar este aspecto, así como otros mencionados por la abogada, incluyendo la posibilidad que los diputados miembros de la instancia se entrevisten con los familiares de los detenidos desaparecidos de Paine.
Responsabilidades políticas
Respecto a lo ocurrido con posterioridad a la exhumación de los cuerpos del Patio 29, en 1991, la profesional afirmó que el organismo forense no tenía capacidad para desempeñar esta tarea, pues no contaba con peritos capacitados ni tampoco con la tecnología adecuada.
Mediante pericias dentales y comparación de radiografías se establecieron algunas identidades, y se comenzaron a entregar los cuerpos a los familiares desde 1992. Sin embargo, Pereira criticó el uso de técnicas de videosuperposición, por carecer de validez científica. "Los problemas de método de trabajo, desorden, falta de recursos y de conocimiento, se hicieron notar", afirmó.
A fines de 1994 y mediante una orden judicial se enviaron restos y muestras de sangre, entre otros antecedentes tanatológicos, a la Universidad de Glasgow de Escocia, por lo que a juicio de Periera los resultados de esas pericias debieron haber sido entregadas al juez que autorizó su realización.
"El doctor Vanezis tenía interlocución directa con el Ministerio de Justicia. Esta cartera es la que remitió los informes al SML. Cualquiera fuera su forma de cómo llegó ese informe a Chile, lo cierto es que este organismo debió haberlo puesto a disposición del juez de la causa, pero no ocurrió", enfatizó Pereira.
Asimismo, dijo que en 1995 o 1996 gestionó recursos para el instituto ante la entonces ministra del ramo, Soledad Alvear, quien destinó cerca de $ 52 millones para apoyar las labores periaciales en el caso del Patio 29, pero aclaró que desconocía el uso real de esos fondos.
Paralelamente, en el SML seguían negando la existencia del informe elaborado por Glasgow. Sin embargo, este fue entregado a los tribunales a requerimiento del 22° Juzgado del Crimen de Santiago, precisó la profesional.
"Al mismo tiempo, le di a conocer al ministerio de Justicia (encabezado ahora por José Antonio Gómez) que las cosas no se estaban haciendo bien, y no tuve explicación respecto del ocultamiento del informe de Glasgow", añadió.
Por otra parte, Pereira consignó la existencia de una minuta, que no está firmada, y que señala que el informe Glasgow fue remitido al Ministerio de Justicia el 23 de octubre de 1995, da cuenta de errores concretos de identificación y de reproches en la forma en que se enviaron las muestras.
Respecto a la polémica que ha enfrentado la profesional con Gómez, actual senador por Antofagasta, la abogada reiteró que éste compareció en una investigación interna ordenada por La Moneda, y que lo hizo ante el entonces subsecretario General de la Presidencia, Gonzalo Martner.
En esa medida, aclaró que, en lo estricto del término, ella ni nadie declaró ante el auditor designado por Lagos, Gonzalo Sánchez, ya que éste sólo escuchaba cada testimonio, sin tomar nota, ni hacer firmar tales dichos. Pereira también criticó que esa indagación no tuviera resultados, al menos públicos, por lo que instó a la comisión a pedir esos antecedentes.
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