Seremi del Trabajo de la Región de Los Lagos, Paula Narváez, hace un balance sobre el estado en que se encuentra la situación laboral del sector salmonero. Explica que los esfuerzos de la autoridad han estado centrados en promocionar el diálogo entre las partes y también la instalación de mesas tripartitas, lo que ha permitido enfrentar y solucionar los problemas.
Según datos estadísticos, mientras las exportaciones del sector salmonicultor crecieron 25,5% en 2005, en comparación al año anterior, la infraccionalidad laboral lo hizo en un 50%. Cifras que a juicio de los detractores de la industria es un mal indicador para fortalecer las relaciones laborales, más aún si éstas van acompañadas de una débil fiscalización de la Inspección del Trabajo, que alcanzaría a sólo a un 12%.
Frente a este escenario, el Gobierno tiene puesto parte de sus esfuerzos en intentar acercar posiciones entre los distintos actores que participan del proceso productivo, lo que a través de distintos programas se ha traducido en la instalación de mesas tripartitas.
«Creemos que el diálogo es la manera que tienen los países modernos y las relaciones laborales también modernas para salir adelante y resolver los principales", explicó la seremi del Trabajo de Los Lagos, Paula Narváez, a El Mostrador.cl, tras participar en Chiloé en la inauguración de un observatorio laboral que varias ONG instalaron para fiscalizar el comportamiento de las empresas del salmón.
– ¿Cuál es la visión que tiene el Gobierno respecto a la industria? ¿Muchas críticas se han dejado caer sobre ella este último tiempo?
-En primer lugar, quiero valorar esta iniciativa (el observatorio) y la posibilidad de que en una región, y específicamente en una zona geográfica como Chiloé, pueda existir una instancia que observe las condiciones laborales de los trabajadores, específicamente en la industria del salmón. Es, sin duda, un paso adelante en materia de transparencia, de control ciudadano y ejercicio de ciudadanía.
Ahora, esto tiene que ver con una serie de situaciones que se han venido dando con el desarrollo de esta industria que ha crecido de manera explosiva estos últimos 20 años y que es claramente importante desde el punto de vista del crecimiento económico para nuestro país y la zona; que ha tenido un fuerte impacto en la generación de empleo; pero que también es una expansión con desajustes, por eso tenemos que ver cómo nos armamos todos los actores para responder maduramente en esta circunstancia.
Lo que ha ocurrido es que tenemos una realidad muy heterogénea, donde confluyen una serie de actores. Para que ocurra esta actividad hay una serie de empresas que prestan servicios, hay una cadena productiva muy compleja, que complejiza las relaciones laborales. Creo que hoy ha habido avances sustantivos en materia laboral, pero nos queda mucho por hacer, en lo que significan derechos colectivos de los trabajadores, respeto a todo lo que tiene que ver con el ejercicio libre de la sindicalización de los trabajadores. Además, el mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad sigue siendo un área donde toda la prevención que podamos hacer es importante, donde todos los actores que tienen que ver con este tema asuman su responsabilidad
-¿Cuál es la principal denuncia que recibe usted en su servicio?
-Lo que decía antes: higiene y seguridad. También algunos elementos formales de la relación laboral, que tienen que ver con documentación que se requiere de contratos, asistencia; jornada de trabajo; y derechos colectivos, que tienen que ver con prácticas antisindicales. Éstas son las áreas donde hay mayor grado de denuncia y, por lo tanto, en la que ponemos mayor fiscalización
-¿Le faltan recursos para fiscalizar debidamente a esta actividad?
– Uno podría pensar siempre en una mayor dotación. Pero también estamos en un país donde tenemos una Dirección del Trabajo, de las mejores de Latinoamérica, con una excelente capacidad fiscalizadora y, además, tenemos fiscalizadores que se han desarrollado, perfeccionado y capacitado simultáneamente al desarrollo de esta industria, por lo tanto, hay un alto grado alto de especialización en el sector.
Pero ¿le gustaría más apoyo?
-Lógicamente, eso tiene ver con la realidad geográfica de la zona. Es una realidad de mucha dispersión del territorio y, por lo tanto, tener mayor dotación puede resultar beneficioso para la actividad. Pero, insisto, esto no significa un aumento de mayores fiscalizadores, sino que significa una maduración cultural al interior de la industria, de que podamos desarrollar efectivamente una cultura del cumplimiento de la legislación laboral, si tuviéramos esa cultura desarrollada por todas las partes y todos los actores que tienen que ver con esta actividad productiva, sin duda, las fiscalizaciones no requerían mayor fuerza.
-¿Cómo ha ido evolucionando el diálogo con los empresarios?
-Se ha iniciado hace un tiempo el proceso de diálogo social, el Ministerio del Trabajo ha licitado programas de diálogo social, en el caso de Chiloé, lo ha desarrollado la ONG El Canelo de Nos, y efectivamente eso ha dado frutos, y uno de ellos tiene que ver con que hoy día podemos reconocer actores formales en una mesa para debatir sobre estos temas. Creemos que el diálogo es la manera que tienen los países modernos y las relaciones laborales también modernas para salir adelante y resolver los principales problemas.
Además, se han desarrollado instancias tripartitas que ha desarrollado la Inspección del Trabajo para abordar temas tan relevantes como la maternidad y trabajo, por la alta fuerza laboral femenina que participa de esta fuerza productiva.
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