Héctor Salazar, abogado de la parte querellante, lamentó que el proceso no haya logrado acreditar el delito de homicidio, como habría sido si el cadáver de la víctima se hubiese encontrado.
La justicia condenó hoy a cuatro militares retirados a siete años de prisión cada uno por el secuestro calificado del sacerdote católico español Antonio Llidó Mengual durante la dictadura militar.
Los condenados, todos como autores del delito, son encabezados por el general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, que fue el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y ha recibido varias otras condenas por violaciones de los derechos humanos.
Los otros procesados son los brigadieres retirados Marcelo Moren Brito y Miguel Ktasnoff Marchenko, ambos pertenecientes a la cúpula de la DINA, y el ex suboficial Basclay Zapata, señalado por supervivientes como un torturador.
El fallo, de primera instancia, fue dictado por el juez especial Jorge Zepeda, quien absolvió a otros tres agentes al no haberse logrado acreditar su participación: los ex brigadieres Francisco Ferrer Lima y Fernando Lauriani Maturana y Orlando Manzo Durán, ex coronel de Gendarmería.
En la parte civil, el juez ordenó al Estado chileno pagar una indemnización de 100 millones de pesos a Josefa Llidó Mengual, hermana de la víctima y parte querellante en la causa.
De 38 años, Antonio Llidó ejercía como sacerdote en la localidad de Quillota, pero en 1972, debido a su cercanía con el movimiento «Cristianos por el Socialismo» fue suspendido de sus labores por el entonces obispo de Valparaíso, Emilio Tagle Covarrubias.
Tras el golpe de 1973, Llidó se trasladó a Santiago y aparentemente se vinculó con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que combatió contra la dictadura.
El 1 de octubre de 1974 fue detenido por agentes de la DINA y llevado a un centro de torturas y luego a un campo de concentración, de donde fue sacado el 25 de octubre de ese año y desde entonces nada se sabe de él.
Los cuatro condenados por su desaparición se encuentran actualmente en prisión, cumpliendo condenas dictadas en otras causas por violaciones de los derechos humanos.
Héctor Salazar, abogado de la parte querellante, lamentó que el proceso no haya logrado acreditar el delito de homicidio, como habría sido si el cadáver de la víctima se hubiese encontrado.
«En esa parte, desgraciadamente, la justicia fracasó, porque los responsables de estos crímenes horrorosos fueron muy eficientes para tratar de no dejar rastros y en este caso lo lograron», señaló.
