Una sigilosa operación durante el gobierno de Patricio Aylwin le permitió a un grupo transversal -un UDI, un DC y un socialista- tomar el control de la empresa periodística, que incluye al Diario Oficial. Pagaron menos de 20 millones de pesos por el 29 por ciento de las poderosas «acciones preferentes», en un sistema parecido al del Caso Chispas. Así, el Estado no puede tomar ninguna decisión sobre La Nación sin la aprobación de Colliguay S.A., ni siquiera puede nombrar al director del medio. Esta es la primera parte de una investigación que devela la madeja societaria del diario que fundó Eliodoro Yáñez.
«Creemos que los medios de comunicación, por la naturaleza de su función e independientemente de las exigencias legales, tienen la obligación ética de informar sobre el origen y uso de los recursos que le permiten su funcionamiento». Así rezaba el final del editorial del domingo pasado del diario La Nación.
Justamente, la mayor parte de los chilenos cree que La Nación pertenece al Estado y, por lo tanto, la administran los gobiernos de turno. Y que por eso, ahora, en pleno período electoral, el periódico aparece enfrentado de cabeza con el comando del candidato de la derecha, Sebastián Piñera.
En una sesión especial del Congreso sobre «la utilización política partidaria del diario La Nación por parte del gobierno», la oposición mostró un análisis de contenido hecho por el Instituto Libertad acerca del número de portadas dedicadas a alabar a Michelle Bachelet, cuando era candidata a Presidenta, y las dedicadas a denostar a los candidatos opositores Joaquín Lavín y Sebastián Piñera. Según ese análisis (publicado después por dicho think tank), a medida que se acercaban las elecciones aumentaban tanto las primeras como las segundas.
«Si de mí dependiera, cerraría un diario de este tipo, poco imparcial y con números rojos», alegó el diputado RN Cristián Monckeberg. Pero asumiendo la realidad, reclamó para La Nación un estatuto similar al de TVN para garantizar representación transversal en su línea editorial. La misma idea que planteó el periodista Alberto Luengo al renunciar al diario, en agosto de 2004, después que el entonces presidente del directorio y actual subsecretario de Desarrollo Regional, Mahmud Aleuy, le hiciera ver cuan apartado estaba de la línea de gobierno.
«Por discrepancias expresamente manifestadas por el accionista mayoritario de la empresa (el gobierno) con la línea editorial seguida por el diario en el último tiempo me veo en la necesidad de solicitar que ponga su cargo a mi disposición», decía Aleuy en la carta en que solicitó la renuncia de Luengo.
El principal reproche era haber abordado temas como el caso Spiniak y los comentarios sobre la película Machuca, por ejemplo, «en discrepancia con lo expresado por los medios de Copesa S.A. y El Mercurio«. Aleuy reprendió al periodista por no haber tocado «ni siquiera superficialmente», asuntos como «la Competencia de Rojo» y «la nueva pareja de Iván Zamorano», todos, le decía, «de gran interés público, y que no se contradicen con la línea editorial que el Gobierno desea mantener, para efectos de no tener problemas con la oposición».
Aleuy, además, reconoció los esfuerzos de Luengo por contrapesar «la marcada unilateralidad de la prensa escrita». Sin embargo, dijo en esa nota: «es lo que hay, y así debe mantenerse».
Piñera desinformado
Luengo fue reemplazado por Juan Walker, quien también tuvo problemas con la línea editorial planteada por La Moneda, y luego asumió en calidad de interino Rodrigo Fernández de Castro Subercaseaux. Fue en esa calidad que Fernández de Castro enfrentó la campaña electoral que ganó Michelle Bachelet y en la que, según el análisis de la oposición, las portadas se usaron como instrumento de propaganda.
Fernández de Castro estuvo varios años como «subdirector responsable», hasta que asumió el cargo el periodista Marcelo Castillo, quien también se enfrenta a las acusaciones de la derecha de conducir el diario según los intereses de gobierno y, ahora en una nueva campaña electoral, de acuerdo con supuestas directrices de Aleuy, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con el objetivo de ayudar al triunfo de Eduardo Frei.
Por eso Piñera, inmerso en su segunda candidatura presidencial, dijo en una entrevista con radio ADN, que si llega a ser Presidente, cerrará el diario. Lo tildó de «brazo armado» de la Concertación. «No es un diario objetivo que esté al servicio de todos los chilenos, sino que se ha transformado en una máquina de propaganda y de descalificaciones», dijo.
El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas se puso en pie de guerra ante la amenaza del posible cierre de la fuente laboral.
Aparentemente, ni el organismo gremial, ni el propio Piñera, están enterados de que ningún Presidente puede, aunque quiera, cerrar o vender el diario La Nación. Tampoco se puede establecer un estatuto como el de TVN porque La Nación no le pertenece al Estado.
Aunque el Fisco es el accionista mayoritario, el control de la empresa hace tiempo que es privado.
El modelo Chispas
Piñera, como reconocido inversionista, podría entenderlo bien, pues según se desprende de los registros oficiales, La Nación S.A. tiene una estructura de propiedad parecida al modelo Chispas. Un 30 por ciento de sus acciones tienen calidad de «preferentes». Y, desde 1992, todas las acciones «preferentes» están en manos de una sociedad de particulares, Colliguay S.A., compuesta por un ex funcionario de Pinochet, un democratacristiano y un socialista.
Todas las acciones que posee el Fisco -casi un 70 por ciento-, son «ordinarias». Por lo tanto, Colliguay es la sociedad accionista «controladora» de la empresa. La verdadera dueña.
Hoy, el Estado no puede tomar ninguna decisión sobre La Nación S.A. sin consultar con sus socios privados. Ni siquiera el nombramiento del director del diario. Antes de vender sus acciones, el Fisco tiene que ofrecérselas a Colliguay. Y, como bien reconoce uno de los socios de esta sociedad, consultado para este reportaje, si a Colliguay no le interesara comprar, es bien poco probable que un tercero se interese en las acciones del Fisco: «Nadie compra acciones ordinarias cuando las preferentes están en poder de otro», dijo el socio a esta periodista en el año 2006, a condición de anonimato.
Así que, en rigor, si La Nación es hoy oficialista, si La Moneda puede pautear a un director o exigir la renuncia de otro, es sólo porque Colliguay lo tolera.
El mito de la quiebra
Otro falso mito en torno a La Nación, es que la empresa está al borde de la quiebra. Sólo en 2004, La Nación S.A. -propietaria, además, del Diario Oficial y de la empresa distribuidora Vía Directa- generó alrededor de 2 mil millones de pesos en utilidades. Cuatro veces lo que produjo, en el mismo período, TVN.
De aquella cantidad, según información obtenida para este reportaje, los accionistas retiraron el 50 por ciento. Es decir, mil millones que se repartieron, en proporción de 70 a 30, entre el Fisco y Colliguay.
La empresa periodística La Nación S.A. en este momento se encuentra enfrentada al Consejo de Transparencia, por su negativa a dejarse conducir, en cuanto a la publicación de información como los sueldos de sus directores y ejecutivos, según la normativa que rige a las empresas estatales.
Como se desprende de las palabras del gerente general, Francisco Feres, en una carta a ese organismo, La Nación no es, como todos creen, una empresa del Estado que deba obedecer los lineamientos del Consejo de Transparencia.
«Empresa Periodística La Nación S.A. no renunciará, por motivo alguno, a defender su naturaleza jurídica y los legítimos derechos que le corresponden a sus accionistas», dijo Feres en su respuesta al oficio enviado por ese organismo.
Sin embargo, parte de la información debe publicarla anualmente en sus memorias, siguiendo las reglas que se aplican a las Sociedades Anónimas Cerradas. De acuerdo con esos registros, en 2007 y 2008, La Nación S.A. obtuvo ganancias por sobre los dos mil millones de pesos anuales. Los socios de Colliguay, además, forman parte del directorio de la empresa y reciben una dieta mensual de casi un millón de pesos, por asistir a por lo menos dos sesiones del directorio.
Un negocio redondo para quienes, según los registros oficiales, pagaron menos de 20 millones de pesos por el paquete de acciones preferentes de la Empresa Periodística La Nación.
El Presidente del directorio, quien gana cerca de 2,5 millones de pesos mensuales, es electo con su consentimiento. Aleuy -quien ocupó el puesto por largos años antes de ascender a la Subdere que, según los políticos avezados, es clave para ganar elecciones- fue reemplazado en ese cargo por su camarada en el PS, el abogado Manuel Valenzuela Bejas. Valenzuela es amigo de Michelle Bachelet y, durante la campaña en que fue electa Presidenta, fue un entusiasta colaborador de su candidatura.
Antiguo conocido de Aleuy, desde los tiempos que ambos militaban en la Izquierda Cristiana, es también el gerente general de La Nación, Francisco Feres, quien, de acuerdo con la memoria de La Nación S.A. de 2008, percibió un sueldo mensual bruto de 12 millones de pesos. Superior a un ministro de Estado y al de un senador. Su designación también requiere de la voluntad de los socios de Colliguay: el UDI, Enrique Alcalde, el DC Luis Eduardo Thayer y el socialista Raimundo Valenzuela.
¿Quiere saber cómo tres abogados de tercera línea en los círculos del poder se convirtieron en los prósperos socios controladores de esta empresa? Siga leyendo, se sorprenderá.
Manu Militari
En 1928, el dictador Carlos Ibáñez del Campo obligó al senador radical Eliodoro Yáñez a venderle al Estado los diarios La Nación y Los Tiempos, que él había fundado en 1917. Seis años más tarde, La Nación estaba sumida en una profunda crisis económica, agudizada por el crash de 1929.
Para salir de la crisis, el gobierno -que entonces era el único dueño de La Nación y su imprenta- propuso a los acreedores capitalizar su deuda y asociarse con el Fisco en la administración de la empresa. Resignados, pues sabían que no tendrían otra forma de cobrar, los privados aceptaron el acuerdo, pero consiguieron que sus acciones fueran consideradas «preferentes», por lo cual gozarían de ciertos privilegios frente al accionista mayoritario: el Fisco.
De este modo, el 14 de mayo de 1934 se creó la Empresa Periodística La Nación Sociedad Anónima. En una escritura pública quedó registrado que la agencia de noticias United Press Association, la Compañía Chilena de Electricidad y hasta la empresa Shell se daban por pagados de sus deudas, convirtiéndose en socios del Estado.
El capital social de la nueva empresa fue de doce millones trescientos mil pesos, dividido en 12.300 acciones, con un valor nominal de mil pesos cada una. De ese total, 4.300 acciones serían de «Clase A» o preferentes y quedaron casi totalmente en poder de los acreedores privados. El paquete más grande -dos mil acciones preferentes- fue entregado a Knut Herud, un comerciante noruego, dueño de la empresa que le vendía papel al diario. Las restantes 8 mil acciones de «Clase B» u ordinarias, quedaron en poder del Fisco.
Según los estatutos de la nueva empresa, la sociedad sería administrada por un consejo de 5 integrantes: dos, elegidos por el Fisco; y dos, nombrados por los accionistas preferentes. El presidente del directorio sería escogido de común acuerdo entre los directores de uno y otro grupo.
Entre las ventajas que tendrían los accionistas preferentes se encontraban, principalmente, que en caso de liquidación de la sociedad, ellos tendrían preferencia de pago.
Para sesionar, el directorio sólo requería de un quórum de a lo menos tres miembros y sus acuerdos se podían tomar por la mayoría de los presentes, lo que daba cierta ventaja al Fisco. En ese tiempo, las acciones preferentes no tenían injerencia en decisiones editoriales de la empresa. Sin embargo, toda resolución relacionada con la vida económica de la sociedad (hipoteca de bienes, aprobación de presupuestos, contratación de empleados y sus remuneraciones, etc.), debía ser aprobada por, a lo menos, uno de los directores designados por los accionistas preferentes.
En la escritura se dejó establecido que los propósitos de la sociedad serían, entre otros: «La publicación de los actuales diarios La Nación y Los Tiempos, así como la de cualquier otro diario, revista o publicación que su Consejo Directivo acuerde editar (…) Editar el Diario Oficial (…) La explotación de un taller de obras destinado a trabajos de imprenta o litografía o edición de cualquier especie de obras o publicaciones (…) Establecer o adquirir imprentas en cualquier lugar de la República».
El porfiado Herud
Hasta 1973, las acciones de la empresa La Nación nunca produjeron utilidades. A la muerte de Knut Herud, asumió la representación de sus acciones y su asiento en el directorio del diario, su único hijo varón, Eilet Herud.
Durante el período de Jorge Alessandri, Eiliet incluso fue gerente de la empresa y estaba muy orgulloso de su gestión. Según dijo un familiar, a condición de anonimato, «él se entretenía con el diario, porque dinero no le dejaba. Para él, era una fuente de información y de contactos privilegiada. No hay que olvidarse que entre sus directores La Nación tuvo a personajes tan interesantes como Darío Saint Marie, Volpone».
Bajo el gobierno de Salvador Allende, Herud nombró a un representante en el directorio, y después del Golpe de Estado, el cargo quedó en manos de su abogado, aunque, por años, no se volvió a convocar a la Junta de Accionistas, ni al directorio. Como en las universidades, el poder quedó en manos de directores «delegados». En la década de los 70, la mayoría de ellos eran periodistas ligados al Partido Nacional, como Silvia Pinto.
«Al poco tiempo de asumido el nuevo régimen, el Fisco comenzó a comprarle las acciones preferentes a los accionistas privados, pues no quería compartir la dirección de la empresa. Pero Herud, el más grande de los preferentes, nunca quiso vender. Incluso, como chiste, le hizo una contraoferta al gobierno: ¿Y por qué no me venden ustedes?, les dijo», relata la fuente.
Herud no era un opositor al régimen, tampoco un leal seguidor. Su resistencia no era política, sino emocional. Él lo pasaba bien en La Nación y no veía razones para desprenderse de las acciones que heredó de su padre.
Desde 1973, la empresa dejó de entregar balances, a pesar de las protestas de Eilet Herud. Este, ya al borde de los 70 años de edad, le dio instrucciones precisas a su abogado de rechazar cualquier balance amañado que se presentara.
A comienzos de los años 80 aterrizaron en el gobierno los Chicago Boys. Y también lo hicieron en el diario, donde se nombró a Miguel Bejide como nuevo gerente general, quien se propuso normalizar la administración de la empresa. Para eso necesitaba aprobar los balances pendientes desde 1973 y esa iba a ser misión imposible con la oposición de Herud.
Bejide, entonces, ideó un plan: alguien de confianza tendría que comprar suficientes acciones preferentes para designar al menos a uno de los dos directores de esa categoría, con lo que el Fisco tendría quórum suficiente para eludir la oposición de Herud en el directorio. Ese tercero no podía ser el Fisco mismo, porque había otra regla: ningún accionista -preferente u ordinario- podía votar por más de 25 mil acciones en las Juntas de Accionistas -cantidad que el Fisco ya tenía- y era en esa instancia donde debían elegirse a los miembros del directorio. Por eso, si el Fisco compraba directamente más acciones preferentes no acrecentaría su poder. Así que -según revelaron fuentes del régimen de Pinochet, consultadas a condición de anonimato- se optó por buscar un testaferro.
En 1981, 11 mil 440 acciones preferentes fueron compradas a nombre de un funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno -la cartera que desde los tiempos de Pinochet se encarga de la relación con los medios-: el abogado Cristián García-Huidobro Ruiz-Tagle. Ese mismo año Eliet Herud murió y sus acciones quedaron en manos de su viuda y sus dos hijas.
Para 1982, el capital de la empresa se había dividido ocho veces más y contaba con 98 mil 400 acciones. La sucesión Herud retenía más de 15 mil de carácter preferente. Pero, con la movida de comprar acciones a nombre de García-Huidobro, el gobierno conseguiría el segundo asiento de las preferentes. En mayo de 1982 se citó a una Junta de Accionistas extraordinaria -la primera después del Golpe- y García-Huidobro eligió, para que lo representara en el directorio, a un hombre que sería clave en el futuro del diario: el abogado Juan Jorge Lazo, otro empleado del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Recién entonces pudo el gobierno de Pinochet dominar el directorio y hacer aprobar los balances de La Nación.
Funcionarios accionistas
En 1984, las acciones de García-Huidobro -quien todavía era funcionario del M.S.G.G.- fueron «vendidas» a Radio Nacional, que por entonces era una empresa completamente estatal.
En 1985, los estatutos de La Nación S.A. se adecuaron a la nueva ley de Sociedades Anónimas, con lo que la posición del Fisco mejoró: se estableció que, en Junta de Accionistas, dos directores serían elegidos por las acciones preferentes y los otros tres, por las ordinarias. Recién después, los directores elegirían de su seno al presidente del directorio.
A esas alturas, con las acciones de Radio Nacional, el Fisco podía nombrar a 4 directores -uno preferente y tres ordinarios- con lo que se convirtió en el accionista controlador. La oposición de la familia Herud, con su asiento solitario en el directorio, o de otros accionistas minoritarios en la Junta de Accionistas -como el Sindicato Mixto de La Nación, que tenía 40 acciones preferentes- pasó a ser simplemente testimonial.
En esos años, tuvo un asiento en el directorio el actual director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, hermano del Ministro del Interior de la época, Ricardo García.
Juan Ignacio García también figuró como dueño de un paquete de acciones preferentes. En 1983, según los registros oficiales, habría comprado las 1.708 acciones que pertenecían a la Compañía Chilena de Electricidad. Luego, en 1987, se las habría «vendido» al funcionario de gobierno, Juan Jorge Lazo. Sin embargo, en estas transacciones tanto García como Jorge Lazo habrían actuado sólo como operadores del gobierno.
Consultado para este reportaje, García afirmó: «No recuerdo haber tenido acciones en La Nación, aunque sí fui parte del directorio. Si las tuve, tengo la seguridad de que pertenecían en un 100 por ciento al Fisco». García no recuerda haber firmado ningún documento de compra, ni menos la venta. «Deben haber sido acciones fiscales que, circunstancialmente, figuraron a nombre de un funcionario», explicó. Es decir, el dinero no salió de su bolsillo.
Es presumible que las acciones que se compraron a nombre de García-Huidobro tampoco las haya pagado con dinero propio, porque además en ese tiempo La Nación había ido acumulando una impresionante deuda de arrastre y comprar acciones en el diario no era precisamente un buen negocio. García-Huidobro no respondió los llamados que se le hicieron para hablar de este tema.
En aquellos años, fueron integrantes del directorio el ex ministro Orlando Poblete y el empresario radial, Ignacio Astete, aunque es difícil seguirles la pista, pues se dejaron pocos registros escritos y algunos fueron eliminados.
Uno de los integrantes «estrella» del directorio de La Nación en los últimos años de la década de los 80′ fue Sergio Rillón, hermano gemelo del actor del Jappening con Já que encarnaba al despistado Don Pío. Los funcionarios del diario sonreían cuando lo veían entrar, pero Sergio no tenía sentido del humor y no se parecía en nada a Don Pío. Era el temible y más cercano asesor de Pinochet. Un católico observante considerado «restauracionista», por su anhelo de que un día la Iglesia volviera a unirse al Estado. Era común en aquel tiempo que los integrantes del directorio se saludaran diciendo: «Te he tenido en mis oraciones» y que divagaran sobre estrategias para impedir el regreso de «los comunistas».
Los Herud contra la pared
Aunque a finales de los 80 el control de las decisiones de La Nación estaba completamente en poder del gobierno, el directorio parecía incómodo con la presencia del representante de la familia Herud quien, además, en cada sesión cuestionaba el aumento indiscriminado de las deudas previsionales y tributarias de la empresa, pues afectaba su interés de recibir, algún día, utilidades por sus acciones.
Una fuente de la familia, a condición de anonimato, reveló que la respuesta de Rillón siempre fue que los gastos operacionales estaban en orden y que incluso eran «positivos». «Hay que encapsular el tema de la deuda», le decía el asesor de Pinochet al representante de la familia Herud. Total, eran deudas del Estado con el Estado y mientras nadie quisiera cobrarlas, no perjudicaban a nadie más que a los accionistas particulares, pues podía suceder que La Nación emitiera acciones a nombre del Fisco para compensar esa deuda y entonces el peso de los particulares se reduciría al mínimo.
Pedro Guzmán, ex dirigente sindical de La Nación, quien acudía a las Juntas de Accionistas anuales, en nombre de las 40 acciones que pertenecían al Sindicato Mixto del diario, recuerda que allí se trataba, casi exclusivamente, el tema de las dietas de los directores. «Siempre querían subirse la dieta. Gastaban plata como locos en cócteles y recepciones», recuerda.
La familia Herud, siempre atenta a controlar el gasto, era una piedra en el zapato. Además, los funcionarios de gobierno estaban preocupados porque era posible que llegara un gobierno de distinto signo y a los representantes del Fisco en el directorio de La Nación los iba a nombrar el enemigo. Entonces, el gobierno ideó un plan para quedarse con los dos asientos de las acciones preferentes: había que obligar a la familia Herud a vender.
«El año 1988, el ambiente en las sesiones de directorio era insoportable. Las presiones las ejercía directamente el director del diario, Pablo Sáenz de Santa María. Nos decían que si no accedíamos, ellos iban a emitir más acciones y nos dejarían reducidos a cero», recuerda una fuente de la familia Herud. «No teníamos más remedio que vender».
En mayo de 1988, el funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Juan Jorge Lazo, se hizo dueño de las 15.840 acciones de la familia Herud. Testigos de la transacción recuerdan que parecía una operación comando: la escritura se firmó en las mismas dependencias del diario -no en una notaría- y a los vendedores no se les dio copia.
Según los registros oficiales, Lazo pagó un millón y medio de pesos. Pero, por debajo de la mesa, se canceló un monto mayor. El comprador pagó en efectivo. Billete sobre billete. La fuente de la familia Herud consultada para este reportaje prefiere no revelar el monto real, pero advierte que, de todos modos, «fue un precio vil comparado con lo que hoy valen esas acciones».
En ese momento, el único beneficiado con la transacción era el general Pinochet, pues todas las acciones preferentes quedarían en personas de su confianza. Juan Jorge Lazo, con las acciones de la familia Herud, más las que había «comprado» a Juan Ignacio García, se convertía en el principal accionista preferente.
Hacia 1990, Lazo, actual integrante de la Comisión Política de la UDI y sempiterno concejal por Santiago, aparecía como dueño de más de 17 mil acciones preferentes. El otro paquete (11.440 acciones), con capacidad de nombrar al segundo director de las preferentes, había quedado en poder de Radio Nacional. Paralelamente, el directorio de la emisora, entonces estatal, se había dejado estratégicamente amarrada: cuatro de los 5 integrantes del directorio serían nombrados por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
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