Los trabajadores de la entidad lo venían advirtiendo hace rato. Las platas asignadas en el Presupuesto son insuficientes y parte del personal no cuenta con la solvencia técnica y llega ahí sólo por razones políticas. Un factor que se agudizó, dicen, luego de la administración de Delia del Gatto (DC), donde comenzó a precarizarse el servicio que deben ofrecer a los niños en riesgo. Ahora todo quedó a la luz a raíz del caso del «Cisarro».
En enero de este año prácticamente no había funcionarios en el centro semicerrado del Sename en Rancagua. Por ello los 45 jóvenes que vivían allí no tenían actividades, así que luego del desayuno tenían todo el día para hacer lo que quisieran. Muchos se dedicaron a robar y a carretear, y al cabo de unos meses sólo seis de los internos, procesados en su mayoría por robos con intimidación, con violencia e incluso homicidio, continuó presentándose al lugar. El resto simplemente se esfumó, relata José Piazze, dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios del Sename (AFUSE).
Tampoco se realizaron los oficios correspondientes para informar a tribunales sobre el incumplimiento de los internos, «porque así como estábamos no se hacía ese papeleo. La preocupación era cómo manteníamos funcionando el centro», asegura Piazze.
El funcionario explica que la génesis del asunto fue el aterrizaje como director del centro de Reinaldo Vergara (DC), el 28 de mayo de 2007, fecha en que se constituyeron este tipo de centros como consecuencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) que se puso en marcha el 8 de junio de ese año. Según otros funcionarios, «cuando fueron las postulaciones el cargo de director apareció desierto en la página web del Sename. Cuando llegamos seguía desierto y pensamos que no había nadie, pero apareció él. No tenemos idea cómo obtuvo el cargo».
En opinión de Piazze, que explica que el puesto se entrega a través de concurso público, Vergara «ingresó sólo por ser de un partido político determinado, porque no nos cabe ninguna duda que no habría pasado ninguna entrevista psicológica y menos técnica».
El funcionario afirma que su administración estuvo marcada por maltratos, abusos de poder y persecución laboral, lo que redundó en varios despidos y funcionarios con permisos. Sus compañeros señalan que «el centro nunca funcionó por mala gestión: ni en lo administrativo ni lo técnico. Se reflejaba en que los chiquillos hacían lo que querían, salían a robar y aquí no había sanciones para ellos. Incluso muchas veces Reinaldo no denunciaba las faltas a los tribunales. Y en enero fue el acabose porque despidió a un turno completo».
De todo se dejó constancia en Contraloría y también en la Dirección Nacional de Sename, a cargo de Eugenio San Martín (DC). En medio de un sumario interno, Vergara renunció a la institución el 31 julio pasado, pero antes estuvo con una larga licencia.
En el centro, las cosas empezaron a normalizarse a principios de julio, cuando la dirección regional intervino el lugar para apoyar la gestión.
El cuoteo
Este no es el único caso. Según la presidenta de AFUSE, Alicia del Basto, son muchas las denuncias de situaciones en que se ha priorizado la contratación de profesionales para Sename por un tema político más que técnico.
Para el presidente provincial de AFUSE Valdivia, Gonzalo Sepúlveda, privilegiar el ingreso de personas a un cargo en el Sename sólo por pertenecer a un partido implica un serio daño para la institución. Por eso, la asociación está recopilando información para dilucidar «cómo encasillaron a algunas personas en sus cargos», ya que explica que «hay varios concursos cuestionados donde siempre han aterrizado radicales y cercanos a la dirección regional, cuyo director, Juan Pablo García, es radical».
Sepúlveda asegura que «el tema no es que sean del Partido Radical o no. Yo mismo soy del partido. Sino que como asociación pretendemos que sea la mejor gente la que quede y que los funcionarios de aquí puedan crecer en sus trabajos».
Al interior del organismo público, los trabajadores coinciden en que el servicio reforzó su politización luego de la llegada de la ex directora nacional, Delia del Gatto (DC). Porque si bien desde el ‘90 la institución es una repartición que por «cuoteo» le corresponde a la DC, luego de su arribo se agudizó la priorización de los militantes oficialistas.
Para graficar las consecuencias de esta fórmula, cuentan que la ex directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), «llegó con todo su equipo, que venía con un desconocimiento total de lo que era el trabajo de menores». También aterrizó un nuevo jefe de finanzas, militante DC, quien fue duramente criticado por su gestión, según afirma el dirigente de la asociación que agrupa a los trabajadores del Sename (Antrase), Hernán Oliví.
«Partió diciendo a los jefes de administración de los centros de menores que el que menos gastaba era el mejor. Como eran jefaturas los evaluaban amarrados a la posibilidad de continuidad en la pega. Entonces empezaron a recortar presupuesto y reventó: los cabros comían mal. Luego de una denuncia fuimos a ver y los vimos comiendo dos papas con una cuestión verde al medio y nada más. También los pillamos descalzos. Además, en línea con la nueva política les compraban hawaianas para ahorrar. Por supuesto quedó la escoba y lo sacaron rápidamente de acá», dice Oliví.
Alicia del Basto, asegura que «el problema más importante del Sename es la falta de recursos. Seguido de la politización». Y agrega que «los cargos directivos son todos políticos. En tanto, en los trabajos comunes y corrientes te dicen que son socialistas, DC, radicales y tú piensas qué casualidad: postularon y quedaron al tiro… Pero la gente que no tiene ningún partido político no tiene la misma posibilidad de entrar y no puede ser que postule gente que es buena, con experiencia, y no quede».
Lo mismo opina el dirigente nacional de AFUSE, Jorge Revecco, que señala que «el favoritismo político es todo un tema. Esta cuestión pudo haber sido mucho mejor para todos y principalmente para los chiquillos que atendemos».
Como ejemplos ponen el caso de María Catalina Frei, una de las hijas de Eduardo Frei, quien desde 2006 ocupa el puesto a contrata de psicóloga en la dirección metropolitana de la institución; y el de Patricia Aracena, esposa del diputado DC Pablo Lorenzini. Por su labor, María Catalina Frei es profesional de grado 9, que equivale a una renta bruta mensual de $ 1.457.592. En tanto Patricia Aracena, técnico en relaciones públicas que trabaja 33 horas semanales a honorarios en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Sename, recibe un sueldo bruto de $687.902.
El Trans-sename
Cuando Delia del Gatto, actual gerente general de Fundación Mi Casa, dejó el cargo en abril de 2006, en su reemplazo llegó la falangista Paulina Fernández, «que venía del Instituto de la Juventud (INJUV) y llegó con un montón de gente de allá», señala Alicia del Basto. Pero Fernández duró poco más de un año en el puesto, ya que los problemas en la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y el paro por demandas salariales de los funcionarios, le pasaron la cuenta.
Un par de meses después ocurrió la tragedia de Puerto Montt donde murieron diez niños de un centro del Sename, lo que demostró el colapso del sistema y agudizó las críticas a su funcionamiento.
El actual director, el DC Eugenio San Martín, ha debido enfrentar los serios cuestionamientos al servicio tras el mediático caso del «Cisarro», que a sus 10 años lleva una serie de delitos encima y se escapa de los centros del Sename con una facilidad que grafica la falta de centros adecuados para estos casos.
«Aparte del Cisarro, en todas las regiones tenemos este perfil de niño. Son un sujeto de atención que existe en todo Chile, por lo tanto lo que necesitamos es que haya un programa. Los Centros de Tránsito y Distribución estaban muy botados hasta hace unas semanas atrás porque todo aquí fue responsabilidad penal. Es más, a los centros de protección donde llegan los inimputables se les quitaron todos los recursos que habían, dejándolos casi al límite de la pobreza», señala Oliví.
Esto, explica, «porque para cubrir la aplicación de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente sacaron personal de los centros de protección. El financiamiento, la infraestructura, todo se fue para poder enchular los centros de la responsabilidad penal porque mayores recursos no ha habido. Hoy hemos vivido los costos de eso porque este tema de los inimputables existe y seguirá existiendo mientras no existan recursos».
La presidenta de AFUSE, denuncia a su vez que, por estas fechas, todos los años ya no hay plata para el funcionamiento del servicio: «Cada vez que presentamos el presupuesto en el Ministerio de Hacienda lo recortan, sacan programas y luego nos exigen respuestas frente a los problemas pero no tenemos recursos. Por eso no tenemos programas para Cristóbal. Los tuvimos, pero hubo que cerrarlos porque se privilegió la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente».
Porque aunque los funcionarios se opusieron tenazmente a la implementación de la ley, ya que tenían claro que no existían las condiciones ni la infraestructura adecuadas, en junio de 2007 la iniciativa entró en marcha. De nada sirvieron las movilizaciones ni los informes con los que junto a Gendarmería intentaron advertir del inminente colapso del sistema.
Incluso, durante una reunión de la ANEF en mayo de ese año Alicia del Basto entregó personalmente a la Presidenta Michelle Bachelet una carta que explicaba la real situación de los centros, «para que no pase lo del Transantiago, que usted dijo que nadie le avisó», le señaló Del Basto. La respuesta fue que la ley iría de todas formas en junio, por lo que decidieron ir a paro.
Para los trabajadores, gran parte de la responsabilidad recae en la ex directora Del Gatto (DC), que hizo oídos sordos ante los problemas y se remitió a dar informes favorables, sin tomar en cuenta las abismantes deficiencias.
La llegada de Fernández, su sucesora, tampoco transparentó la situación, ya que también diagnosticó que la reforma sí podía entrar en vigencia.
Desde el Sename declinaron referirse a las denuncias de cuoteo político y las consecuencias que ha traído para el funcionamiento de la institución.
