Desorden administrativo, falta de control, sumarios atrasados y archivados ilegalmente, boletas adulteradas, pago de sueldos millonarios a personas que carecen de título profesional, uso irregular de viáticos; clonación de cheques no denunciados a la fiscalía dentro de las 24 horas de ser descubierto el delito, compras fuera de la ley, contratos a personas bajo investigación interna, entre otras irregularidades, encontró el organismo fiscalizador. La sanción para el ex subdirector y candidato a diputado PS, Arturo Barrios, debiera conocerse en los próximos días.
En un informe de 53 páginas, que publica íntegramente El Mostrador, el organismo fiscalizador ordenó al menos 7 sumarios administrativos por distintos hechos en el Consejo de la Cultura, dos de los cuales podría afectar a la titular Paulina Urrutia, ya que la involucran directamente. Uno de ellos es la autorización de una celebración para todos los funcionarios en el Sporting Club de Valparaíso a fines del año 2008, la que costó $8 millones, los que fueron cargados a los gastos de representación de manera ilegal, según señala el documento. De hecho, el Consejo informó que a dicha celebración -«ajena al servicio»- estaban invitadas autoridades de gobierno, lo que según la Contraloría no es real.
Esto dio origen a un juicio de cuentas, por el que debe responder Urrutia para recuperar los dineros a las arcas fiscales.
Otro sumario que podría afectar a la ministra es el cargo a sus gastos de representación de cenas y almuerzos con personas que no tienen rango de autoridad, donde hubo también adulteración de boletas. Respecto de esto se hará otro juicio de cuentas.
En todo caso, la Contraloría señala que jefes intermedios advirtieron de las ilegalidades, pero no fueron escuchados.
Recientemente Urrutia fue reprendida públicamente por haber asistido a un acto de proselitismo político en su auto fiscal, algo que había sido advertido tanto por la Contraloría como por el Gobierno.
En este mismo informe se detallan algunos problemas que tuvo el ex subdirector del Consejo, el PS Arturo Barrios, con viáticos, los que en todo caso fueron subsanados. Sin embargo existen otros cuestionamientos que constan en una arista distinta de la misma indagatoria interna, cuya resolución será conocida en los próximos días.
Más sumarios
Pero estas no son las únicas anomalías detectadas. De hecho se ordenó otro sumario administrativo debido a la contratación fuera del sistema Chilecompra de una serie de bienes y servicios, los que se justificaron a través de «actos administrativos posteriores» en el mismo portal, con el fin de darle un viso de legalidad.
La Contraloría también puso énfasis en una serie de investigaciones sumarias atrasadas y otras sobreseídas ilegalmente, las que no fueron enviadas al organismo fiscalizador para su control de legalidad.
La contratación de personal también fue uno de los puntos donde el órgano de control puso énfasis. Un caso paradigmático lo constituye Andrés García Hidalgo, también miembro de la Fundación Andrés Pérez, involucrado en tres sumarios por irregularidades. Sin embargo, el Consejo no consideró relevante el hecho y se le contrató a honorarios mientras era indagado.
La respuesta de la institución fue que ya no era funcionario público y estaba sobreseído, aunque esto se debió a la demora en llevar la indagatoria, según señala el documento.
Los «egresados»
Sobre el mismo punto, el informe señala los millonarios sueldos a personas que no tienen título profesional y otros cuyas labores no están claras o no tienen experiencia laboral en el rubro y cuyos «estipendios» superan los de los funcionarios a contrata con responsabilidades similares o superiores, y que por tanto vulneran la «racionalidad», según señala la auditoría.
Por ejemplo, el asesor Arturo Navarro gana $ 2 millones 200 mil; el egresado de administración pública Cristián Torres $ 2 millones 196 mil y el egresado de derecho Daniel Álvarez $ 1 millón 700 mil.
Otro problema que podría complicar la gestión de Urrutia es la creación tardía y ex profeso del Programa de Extensión Cultural, debido al aumento del presupuesto. Para este éste no existen planes ni objetivos, señala la Contraloría, por lo que se inició un nuevo sumario.
En octubre de 2008, tres cheques por más de $ 2 millones de la entidad fueron clonados y cobrados en Valparaíso. Pero el delito no se denunció, tal como establece la ley, dentro de las 24 horas siguientes, sino que los antecedentes se presentaron recién en abril de este año.
Por último, el Consejo mantiene una mora de casi $10 millones desde 2002, la que se encuentra acreditada en el Boletín de Informes Comerciales, y la que la Contraloría le ordena solucionar a la brevedad.
