En 2007, el comandante Óscar Izurieta desechó la adquisición de una partida de helicópteros y oficializó otra, por cerca de US$ 170 millones. La intermediaria en ambos casos fue la misma firma: CYM. En menos de 20 años la compañía de Virgilio Cartoni Maldonado, ex teniente y primo de dos generales retirados, se ha convertido en la principal proveedora del Ejército. Representa a más de 50 firmas de equipamiento militar, entre ellas la alemana Krauss-Maffei-Wegmann, fabricante de los tanques Leopard. Y en su planilla se encuentran varios militares retirados. Incluido, Hugo Barría Rogers, coronel que encabezó el proyecto de renovación de helicópteros del Ejército. Lea el artículo anterior.
En el mundo castrense su apellido tiene historia. No sólo porque Virgilio Leo Cartoni Maldonado haya sido piloto del Ejército, sino porque es primo de los generales retirados Patricio Cartoni Viale y Alessandro Cartoni Pruzzo. También debido a una meteórica carrera que tiene a su empresa CYM convertida en la principal intermediaria en las adquisiciones de equipamiento militar del Ejército.
Uno de sus últimos grandes negocios es el que lo tiene en el centro de la polémica. Se trata de la intermediación para Eurocopter en la venta al Ejército de ocho helicópteros AS 532 Cougar nuevos, en una suma cercana a los US$ 170 millones de dólares. El proceso partió en 2005 y concluyó en noviembre de 2007 cuando el Comandante en Jefe, el general Óscar Izurieta, suspendió una compra de helicópteros para la Brigada de Aviación del Ejército, BAVE, y pasó a retiro al jefe de esa unidad, Jorge Gualda, al tiempo que ascendió al oficial Carlos Díaz, quien había acusado irregularidades en la evaluación de las distintas aeronaves en competencia. Sin embargo, lo que parecía el cierre exitoso de un caso con tintes de escándalo, abrió un nuevo capítulo cuando la institución castrense concretó la adquisición de otra versión de los mismos helicópteros, a través de CYM.
La información sobre estas denuncias fue dada a conocer por El Mostrador el 17 de septiembre pasado. En dicho artículo se mencionaban también otros antecedentes, como la existencia de un video subido a YouTube, titulado “Cómo roban Dios mío”, y el hecho de que uno de los oficiales a cargo de las pruebas de distintas aeronaves en competencia, luego se convirtió en ejecutivo de CYM.
Se trata de Hugo Barría Rogers, uno de los encargados del proyecto “Centauro” de renovación de flota aérea del Ejército. El coronel Barría fue quien estuvo a cargo de analizar qué helicópteros eran los más adecuados para las necesidades del Ejército en 2002 y en 2005. En ambos casos preparó informes de pruebas de helicópteros rusos MI 17-V recomendando comprarlos. A posteriori fue designado agregado militar en la embajada de Chile en París pero debió pasar a retiro en julio de 2006, luego que detectives de Investigaciones lo interrogaran en Francia por su participación en el lanzamiento al mar de los cuerpos de los cinco frentistas desaparecidos en septiembre de 1987. Barría era el copiloto del helicóptero usado para trasladar los cuerpos. Tras su salida del Ejército, Barría Rogers se convirtió en ejecutivo de CYM.
A esto se suma un informe anónimo que llegó a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde se denuncian supuestos vínculos entre el ahora general en retiro Jorge Gualda y la empresa de Virgilio Cartoni. El documento fue revisado por la Comisión durante su sesión del 7 de agosto de 2007 y los parlamentarios acordaron entregar copia de la denuncia a “los Comandantes en Jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea”, por cuanto “se denuncia la participación de altos oficiales del Ejército en la Empresa CYM Chile, reguladores proveedores de dicha institución”: “En esta nota se señala que se encuentran asociados informalmente a la citada Empresa, entre otros, los siguientes funcionarios del Ejército: General de División Jorge Matus, ex Director de Logística por el lapso de cuatro años y el General de Brigada Jorge Gualda, Comandante de la brigada de Aviación del Ejército”, concluye el acta.
Estrella en ascenso
Descendiente de una familia de inmigrantes italianos que se avecindaron en Viña del Mar a principios del 1900, Virgilio Cartoni decidió seguir la carrera militar pero se retiró de la institución cuando apenas era teniente, para dedicarse a los negocios. Tardó poco en abrirse camino en los lucrativos sectores aeronáutico y militar.
En 1992 se asoció con Amilcar Mehech Dall Osso para crear la Comercializadora Exportadora e Importadora CyM S.A. Mehech se retiró casi de inmediato de CyM y Cartoni continuó solo. Su trayectoria fue la de un avión supersónico. Y en el ascenso se llevó de ejecutivos y asesores de su empresa a altos oficiales retirados, como el general Hernán Ramírez Hald (ex director del Comando de Industrias Militares e Ingeniería, involucrado como cómplice en el asesinato de Tucapel Jiménez); y el mencionado coronel Hugo Barría Rogers. En el staff también figuran los ingenieros aeronáuticos Fernando Matas y Juan Soto (que proviene del Ejército).
Tras casi dos décadas en el mercado, hoy CyM representa más de 100 empresas, más de 50 de ellas directamente ligadas a la producción de armas y equipamiento militar y aéreo de todo el mundo: la fabricante de helicópteros Eurocopter; la española Expal, un importante proveedor de armas, municiones y explosivos del Ejército; la alemana Kraus Maffei Wegmann, fabricante de los tanques Leopard que tiene el Ejército; la israelí Rafael Arm. Dev. Auth. Ltd, que oferta misiles antitanque al Ejército y la FACH; Ruag Aerospace, que en 2005 vendió al Ejército 24 cañones autopropulsados 109; la belga Sabiex; la israelí Shaham, productora de sistemas de visión nocturna para aeronaves; Turbomeca, constructor de motores de helicópteros SuperPuma; sólo por mencionar algunas.
Según versiones de competidores, Cartoni es por lejos el intermediario predilecto del Ejército en la adquisición de insumos y material bélico. Las cifras del volumen de su negocio, al igual que las del resto de los intermediarios, no son oficiales ya que el Ejército se niega a darlas apelando a la legislación vigente que le otorga carácter secreto a todo el proceso. Pero un reporte del Centro de Investigación Periodística (Ciper), le atribuye a Cartoni el 21 por ciento de las ventas de armas al Ejército en 2004 (equivalente a US$ 3,8 millones); un 36 por ciento en 2005 (por US$ 6,4 millones); y un 3 por ciento a julio de 2007, con ventas de US$ 720 mil, que luego se incrementaría con creces. En tanto fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por El Mostrador confirman que al menos, a fines de 2007, Cartoni era el mayor intermediario-proveedor de la institución castrense.
Empleado del Ejército, proveedor del Hospital Militar
En el camino a convertirse en un intermediario de armas y pertrechos militares, Cartoni también tuvo participación en el negocio de los insumos médicos a través de otra empresa llamada Comercializadora de Insumos Médicos CyM Limitada. En dicha empresa se asoció con Mario Marshall L`Huillier, coronel en retiro que pasó por la DINA y tuvo instrucción de contrainsurgencia urbana en la Escuela de la Américas en 1974, según documentos obtenidos mediante la Freedom of Information Act.
En marzo de 2001 la Comercializadora de Insumos Médicos CyM Limitada actuaba con el nombre de fantasía Insumed cuando fue denunciada por Contraloría tras detectar irregularidades y sobreprecios en la venta de productos médicos al Hospital Militar. Aunque Cartoni dijo en un reportaje que “al momento de producirse la acusación él ya había vendido su parte de la compañía”, consta en los archivos de El Mostrador que al iniciar su investigación, el organismo fiscalizador consignó que la firma Insumed estaba formada por tres socios: el teniente (R) Virgilio Cartoni Maldonado, el comandante (R) Mario Marshall González y el coronel (R) Mario Marshall L`Huillier. Además, agregó otro dato: “Los dos primeros trabajan como empleados civiles del Ejército”.
Según Contraloría, el Hospital Militar debió pagar un sobreprecio de $ 11.431.606 por haber preferido los productos de Insumed. En el caso de otras compras de insumos de marcas comerciales determinadas, que fueron adquiridas sin contar con las cotizaciones de otros proveedores, el Hospital Militar debió pagar un sobreprecio de $5.410.632. La suma final arrojó la cantidad de $ 16.842.238.
En el documento de once páginas, los tres peritos, que visitaron la clínica castrense en agosto de 2000 como parte del programa anual de fiscalización de Contraloría, hicieron un pormenorizado relato de cómo había sucedido esto:
De partida estipularon que el Hospital Militar pagó entre enero de 1999 y marzo de 2000 la suma de $ 78.756.279 a Insumed por materiales médicos con sobreprecio.
En la mayoría de las adquisiciones, explicaron, no se solicitaron cotizaciones a otras empresas, tal como deben hacerlo las instituciones del Estado. En otras compras en las que sí hubo cotización alternativa, el hospital prefirió la oferta de Insumed, “aún cuando no era la más conveniente en cuanto a precio y calidad”.
Este hecho “se encuentra avalado en informes emitidos por jefaturas del hospital, en los cuales se deja constancia de las deficiencias que presentan los productos adquiridos a esta firma, principalmente en lo relacionado con insumos tales como guantes de examinación desechables y catéteres de succión y aspiración”, indicaron en su informe. “El examen de la documentación dejó en evidencia que en algunos casos el proveedor despachó una menor cantidad de los productos que le fueron solicitados y pagados, no presentándose a esta comisión examinadora los antecedentes que acreditaran la entrega de los productos faltantes”, añadieron los investigadores.
A juicio de ellos, igual de grave fue que en las órdenes de compra a Insumed nunca se indicaron las marcas de los productos requeridos o las características técnicas de los mismos. Otro hecho irregular que descubrieron tiene que ver con que el Hospital Militar importó productos por una suma de US$ 12.920, por intermedio de Insumed, firma que “presentó indebidamente una factura emitida presuntamente por una empresa extranjera”. Los investigadores sostuvieron que dicha factura carece de validez.
Además, Insumed endosó la carta de embarque (Bill of Loading) a la Dirección de Logística del Ejército, para acoger esta operación de compra a las franquicias aduaneras contenidas en el Decreto Ley Nª 480 de 1974.
Es decir, el ingreso a Chile de estos productos se hizo bajo la figura de pertrechos militares, evitando de esta forma pagar los impuestos correspondientes. “Para hacer uso de tales disposiciones el Ejército de Chile debe actuar directamente como importador o bien realizar la transacción a través de un mandatario, situaciones que no se dieron en esta internación”, explicitó el informe, poniendo de relevancia que en ese momento Mario Marshall González y Virgilio Cartoni Maldonado fueran empleados civiles del Ejército.
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