El Comité de Auditoría del Directorio de la petrolera investigó al ex gerente general Enrique Dávila Alveal (PS). El documento habla de sus vínculos con la ingeniera comercial Paula Hidalgo y el aumento del sueldo de ésta en más de 1.500% en pocos años. También hay comisiones de servicios de ambos en Cancún, Río de Janeiro y Europa, sin que se dejaran claramente establecidos los motivos. Además, según algunos directores, se modificó entre gallos y media noche un acta que le entregaba el poder a la entonces ministra de Energía Karin Poniachik para aplicar una sanción por escrito al alto ejecutivo. Dávila, de la admnistración Lagos a la de Bachelet
Todo comenzó a mediados de 2007 con una sospecha de Radovan Razmilic, entonces jefe del Comité de Auditoría del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) sobre el comportamiento del gerente general de la compañía, Enrique Dávila Alveal, quien renunció a fines de 2008 debido a las «pérdidas» de la estatal, según se dijo públicamente.
Razmilic, junto a otros miembros de esa comisión, encargaron una investigación «confidencial» al auditor de ENAP Francisco Oyarzún, quien usó técnicas como la compartimentación para evitar dejar huellas de la indagatoria que realizaba. Incluso se obtuvo información del correo electrónico de Dávila, sin que éste se percatara. Y todo para buscar posibles evidencias de que existiese entre el suscrito y su más cercana colaboradora, la ingeniera comercial Paula Hidalgo, una relación más allá del ámbito estrictamente institucional.
Pasaron los meses y el 25 de septiembre de 2007 la bomba explotó, porque el olfato de Razmilic dio sus frutos: Dávila había logrado modificar a su antojo las normas de contratación institucionales, para que Hidalgo pasara de ganar $ 600 mil en 2001 a más de 9 millones aquel año y más de $ 10 millones cuando dejó su cargo en enero de 2009, es decir, un aumento de más de 1.500 por ciento.
Asimismo, se acreditó que la mujer tuvo 14 comisiones al extranjero desde febrero de 2004 a septiembre de 2007, «de las cuales 13 de ellas, coinciden en fechas y lugares con comisiones realizadas por don Enrique Dávila». La mayoría de ellas fueron informadas vía memorándum que no indicaban el destino, pero que la investigación reveló que algunos de ellos fueron Cancún, Río de Janeiro, Miami, París, Madrid, Lisboa, Londres, Buenos Aires, Quito y Lima. Respecto del primer y último destinos, la auditoría es clara en que hay anomalías evidentes, ejecutadas con el fin de esconder información.
El auditor Oyarzún asegura que no se hará cargo de rumores internos sobre los suscritos, pero concluye que Dávila «ha incumplido gravemente claras normas» del directorio respecto a no modificar la estructura organizativa de la ENAP. Y que todas estas infracciones «se relacionan con una determinada funcionaria que trabaja con el gerente general (Paula Hidalgo)».
«Sin embargo, es un hecho cierto que las extraordinarias condiciones laborales y salariales de la ejecutiva en cuestión, su ascenso meteórico, su sistemática dependencia directa con el gerente general, sus nombramientos como integrante de múltiples directorios o cargos de representación en organismos internacionales y la frecuencia de viajes compartidos al extranjero en comisiones de servicio, contribuyen lógica e imprudentemente a dar sustento a esos rumores».
El informe concluye que debe realizarse una auditoría más profunda, porque surgen sospechas fundadas de que Dávila «ha excedido gravemente sus atribuciones y ha adoptado un conjunto de decisiones poco prudentes que no parecen justificarse por el interés de la empresa ni por razones profesionales, que a lo menos afectan el clima laboral… y que pone en cuestión la conducta funcionaria de la más alta autoridad de la empresa».
Cubrirse las espaldas
Pero las conclusiones del documento podían traerle problemas a los miembros del Comité de Auditoría, por lo que antes de darlo a conocer al directorio contrataron los servicios del abogado Davor Harasic para que emitiera un informe sobre las posibles ilícitos en que podrían haber incurrido al obtener información del correo de Dávila y de sus actos con dineros de la ENAP.
En cinco páginas fechadas el 24 de septiembre de 2007, Harasic descartó que pudieran existir delitos ni violación al honor y la protección de la vida privada de las personas. Con dicho análisis jurídico, las conclusiones del auditor Oyarzún fueron aprobadas en la sesión del día siguiente por Razmilic, Gustavo Cubillos, más no por Eduardo González, quien aseguró que eran subjetivas respecto de Dávila.
De la lectura de los documentos queda claro que la investigación confidencial ordenada por Razmilic, se realizó al menos un par de meses antes de que el directorio le encargara revisar cómo se estaba usando las políticas de contratación de gerentes, hecho que ocurrió recién en agosto del mismo año. En todo caso, la polémica aún no escalaba al peldaño siguiente.
Pasó una sombra
El 2 de octubre, el informe del Comité de Auditoría, ya blindado por el informe de Harasic, fue analizado en el directorio presidido por la entonces ministra Karin Poniachik. En dicha reunión expuso uno de los miembros de la instancia -Ramón Jara, representante de la Sociedad Nacional de Minería- las conclusiones de la indagatoria.
Sin embargo, el extracto que se hizo del encuentro, que dio origen al acta 980, sólo fue aprobado por cinco de los ocho miembros del directorio: a saber Poniachik, Jorge Matute (representante de los trabajadores), Carlos Álvarez, Miguel Moreno (Corfo) y Eduardo González (Corfo).
Más no por Jara, Razmilic (Sofofa) y Gustavo Cubillos (Instituto de Ingenieros en Minas). Los tres agregaron sus cuestionamientos por separado al acta, documentos que constan en el informe enviado por la Contraloría a la Cámara -más no el que le dio origen-, debido al nivel de debate que se originó respecto a Dávila.
Los tres últimos aseguran que el texto final que no rubricaron se arregló entre gallos y media noche y que los antecedentes allí expuestos no se condecían con la gravedad de los antecedentes en contra de Dávila. Y más aún, se quitó arbitrariamente la orden del directorio entregada a Poniachik de aplicarle una amonestación privada, «pero escrita», al imputado.
Y allí quedó todo. A Dávila no se le aplicó la sanción acordada y los votos de minoría quedaron para la posteridad. Pero la renuncia presentada por Razmilic en junio de 2008, tanto a la empresa como al Comité de Auditoría que presidió, son elocuentes. Se lo acusa de «falta de transparencia», de entregarle información falsa al directorio y a este último de firmar un acta evidentemente incompleta.
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