“Si algo quedó claro desde un inicio, fue que era imposible que con su sueldo de comandante en jefe del ejército Pinochet pudiese ahorrar tantos recursos”, sostuvo la parlamentaria socialista. El juez español fijó una fianza de 77 millones de dólares para la viuda del ex dictador, su abogado y dos ex altos cargos del Banco de Chile imputados por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
La diputada Isabel Allende destacó las nuevas medidas judiciales anunciadas por el magistrado español, Baltazar Garzón enfocadas a determinar el origen de los bienes del general Augusto Pinochet.
Ello tras una publicación en el diario El País de España, donde se afirma que el juez Garzón se encontraría indagando a la viuda del ex dictador – Lucía Hiriart – con el fin de probar un eventual delito de blanqueo de dinero.
La diputada Isabel Allende (PS) dijo estar gratamente sorprendida por estas nuevas acciones, “ya que a veces uno tiene la sensación que este tema quedará en la nebulosa”.
“Si algo quedo claro desde un inicio, fue que era imposible que con su sueldo de comandante en jefe del ejército Pinochet pudiese ahorrar tantos recursos. Por eso me parece que todas las medidas tendientes a investigar el origen de su fortuna son esenciales”, agregó la diputada PS.
Finalmente la diputada Isabel Allende hizo un llamado a que “todos los sectores políticos respalden cualquier labor indagatoria del magistrado Español, en busca de esclarecer este caso”.
“El llamado en especial es a la derecha a que levante la voz en este tema. No puede ser que tras 11 de años de investigación aún no hayan adoptado un postura clara en este caso”, finalizó la parlamentaria.
El juez español Baltasar Garzón fijó una fianza de 77 millones de dólares para la viuda del ex dictador Augusto Pinochet, su abogado y dos ex altos cargos del Banco de Chile imputados por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
En un auto hecho público hoy, el magistrado da un plazo de 10 días a Lucía Hiriart, al abogado Óscar Custodio Aitken y a dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo y Hernán Donoso, para que presenten conjuntamente la fianza.
En caso de no hacerlo, añade el auto, procederá a su embargo y bloqueo de cuentas por un tercio más de la cantidad fijada, lo que ascendería a 103 millones de dólares.
En la resolución emitida hoy, el magistrado amplía la querella presentada en 1998 por la Fundación Española Presidente Allende por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas, para incluir ahora a los ex altos cargos del Banco de Chile por blanqueo de capitales en conexión con uno de alzamiento de bienes.
Lucía Hiriart y su abogado ya estaban imputados por estos últimos delitos en 2004, así como al propio dictador -que murió en 2006- y varios responsables del Riggs Bank, donde Pinochet había ocultado 10 millones de dólares en cuentas secretas.
El magistrado cursa además una comisión rogatoria a Chile para interrogar a los cuatro querellados, en calidad de imputados, para lo que Garzón quiere desplazarse al país andino junto con la comisión judicial correspondiente, «si la legislación chilena lo permite».
La Fundación Española Presidente Allende solicitó ampliar la querella en abril de 2007 y en mayo de 2009 a blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
El pasado agosto Garzón admitió la ampliación por ambos delitos, aunque no identificó a los «responsables concretos».
El juez señaló que debían practicarse diligencias para identificar «a los que emitieron las correspondientes órdenes que propiciaron la desaparición de los fondos de la familia Pinochet, el eventual blanqueo de los mismos y las demás circunstancias que determinaron el resultado delictivo».
Para Garzón parecía claro que fue «a través de las entidades bancarias que se mencionan (Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos) como se produjeron las maniobras que concluyeron en la desaparición o disimulación de importantísimas cantidades de dinero, de origen presuntamente ilícito».
Tras este requerimiento del juez, la Fundación Española Presidente Allende presentó un «exhaustivo» informe en el que individualizaba la actuación de cada uno de los cuatro imputados, por lo que ahora Garzón amplía la querella y les impone la mencionada fianza.
La causa respecto al Riggs Bank se archivó en febrero de 2005 después de que el banco llegase a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU por el que reconoció haber cometido un delito al no informar a las autoridades de transacciones que apuntaban al lavado de dinero de Pinochet y aceptó pagar una multa de 16 millones de dólares.
