El chofer del ex mandatario, Luis Becerra, fue reclutado por el servicio represivo y hoy está procesado como autor de su muerte. Pero no fue el único que colaboró recibiendo sueldo a cambio de datos relevantes del partido. Hubo otros que fueron descubiertos en otro caso judicial, cuya orden de investigar publica El Mostrador. Ayer la Corte le pidió al ministro Alejandro Madrid copias del expediente para resolver el recurso de amparo del mencionado conductor. Escuche además los alegatos del abogado de la familia Frei, Álvaro Varela.
El procesamiento dictado por el ministro Alejandro Madrid, en el caso del homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, reinstaló en el ideario simbólico del país una realidad olvidada: la lógica del asesinato, aplicación de venenos y el reclutamiento de informantes para lograr esos propósitos.
En esta causa, el magistrado encausó a Luis Becerra, nada menos que el chofer del ex Mandatario, en calidad de autor del homicidio, quien había sido reclutado como informante por el agente de la CNI y jefe de sección que espiaba a la DC, Raúl Lillo Gutiérrez, quien operaba bajo la “identidad operativa” de Manolo.
Becerra, según explica el ministro Madrid en su auto de procesamiento, ayudó con información del entorno más cercano de Frei Montalva para que otros pudieran asesinarlo en la Clínica Santa María, donde falleció en 1982. En otras palabras, participó del “concierto para colaborar” en el hecho.
Y aunque parezca de perogrullo, los tentáculos de los organismos represivos del régimen de Pinochet eran sin duda más poderosos y más largos, ya que operaron desde la DINA (1974-1977) y continuaron con la CNI (1978-1989) y se extendieron a todas las instancias de la vida nacional, algo que los especialistas llaman la aplicación de un “sistema de contraespionaje” a toda una nación.
La Democracia Cristiana, como uno de los partidos que se opuso a la dictadura militar, por cierto, no escapó a ello, ya que no sólo Becerra ayudó a entregar información de los distintos frentes en los que trabajaba dicha agrupación política, sino que hubo otras personas, otros informantes, muchos de ellos desconocidos hasta ahora.
Cabe recordar que junto a Becerra, el juez Madrid también sometió a proceso en calidad de autor al ex agente de la CNI, Raúl Lillo y al médico que operó a Frei, Patricio Silva Garín. En tanto, el ex médico de la DINA, Pedro Valdivia fue imputado como cómplice del homicidio, mientras que a los patólogos de la UC Helmar Rosenberg y Sergio González, se le formularon cargos como encubridores, debido a su participación en la misteriosa autopsia , cuyos resultados estuvieron escondidos por más de 20 años en el archivo del centro asistencial de esa casa de estudios.
A mediados de 2008, en el proceso que sustancia el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, relativo a la desaparición de cinco militantes del FPMR en 1987, apareció un informe de la CNI con varios de estos colaboradores.
El documento llegó primero a manos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (PDHMI), quien lo derivó al magistrado, con el objeto de saber si alguna de estas personas que recibían sueldo, hubiese entregado alguna información relevante para que la CNI los hiciera desaparecer lanzándolos al mar desde un helicóptero del Ejército. Esos frentistas eran Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.
[cita]Los procesados en calidad de autores son el ex chofer de Frei Luis Becerra, el ex CNI Raúl Lillo y el médico Patricio Silva; como cómplice el ex médico de la DINA Pedro Valdivia; y en calidad de encubridores los patólogos de la UC Helmar Rosenberg y Sergio González.[/cita]
Carroza abrió de inmediato un cuaderno reservado y ordenó a la Policía de Investigaciones acreditar o descartar, primero, si los nombres eran verídicos y luego si podían servir en algo a su causa.
La orden de Carroza se transformó en el informe 943 de la PDI, donde aparecen confesos tres militantes DC, quienes recibían dinero por su trabajo. Se trata de la entonces secretaria de ese partido en la sede ubicada en Carmen con Alameda, Hilda Navarro Varas; su esposo, el destacado dirigente poblacional, Gerardo Cerda Weber y Ricardo de la Castilleja Terraza, un militante perteneciente al denominado grupo de los “salvadoreños”. Todos reconocieron su calidad de informantes, así como también el pago de dinero por ese servicio.
De la Castilleja Terraza, adscribió a principios de los 80 al llamado grupo de “Los Salvadoreños” , militantes que asesoraron al presidente de ese país, José Napoleón Duarte, quien junto a la CIA combatía a la guerrilla del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN), lucha que a esa fecha sumaba más de dos mil muertos y desaparecidos.
El nombre de este último DC, se cruza con la vida del fallecido Frei Montalva en 1979, ya que gestionó su visita a Ecuador y a El Salvador. De vuelta en Chile, de la Castilleja fue “contactado” por la CNI, mientras se desempeñaba como corresponsal extranjero. Se le asignó la chapa de Daniel Canales y su agente de control era “Diego O.”.
De acuerdo a su testimonio, entregaba información de las conferencias de prensa en las que participaba, así como otros antecedentes políticos. La idea era que la CNI supiera con antelación los movimientos de la oposición. En el listado aparece que por estos servicios recibía $ 180 mil de la época, cantidad muy superior a los otros informantes, por lo que los datos que entregaba debieron ser muy valorados por la Brigada Político Sindical del organismo de inteligencia, la misma donde participaba Lillo Gutiérrez.
“Debido a esta relación surgieron lazos de amistad, lo que me permitió canjear ciertos favores como también recopilar ciertos antecedentes de estos agentes relativos a personeros políticos, e intercambiar información de personas detenidas y políticos”, testimonió.
Pero de la Castilleja no fue el único. También colaboró el conocido dirigente poblacional de la DC y creador de varias organizaciones de base, Gerardo Cerda Weber, quien falleció en 2007 en Antofagasta, usando la chapa de “Francisco Ferrada”. Su agente de control era “Sebastián”. Esta labor la realizó junto a su mujer Hilda Navarro Varas, alias Cecilia Arrué Fernández.
Cerda Weber era un hombre ligado a uno de los barones y estandarte ético de la DC, el abogado y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos durante la dictadura, Jaime Castillo Velasco.
Su misión consistió en obtener información relativa a las reuniones de mujeres de la colectividad, lo que logró de buena forma, ya que su esposa llegó a ser contratada como secretaria administrativa en la entonces sede nacional de la falange, en Alameda con Carmen. Desde ese lugar privilegiado tuvo acceso a todo lo que los agentes pedían, y tanto su marido como ella recibían dineros de la CNI.
“Quisiera precisar que toda la información que yo proporcioné a la CNI, por intermedio de mi marido, decía relación con las actividades partidarias de las mujeres militantes de la DC, ya que en esos años estas reuniones se efectuaban en gran número, al igual que las protestas contra el gobierno, antecedentes que eran importantes para ese organismo”, declaró Hilda Navarro.
Años más tarde Cerda Weber se enfermaría de un extraño virus que lo postró en una silla de ruedas y lo llevó a la muerte, según consignan varias páginas web que hablan de su militancia comprometida de “camarada imprescindible”.
Situación similar es la de Andrea Mañán Bustamante, cuya chapa era Camila Latorre Vargas, una ex militar que fue reclutada para infiltrar al desaparecido Partido Nacional (PN), donde obtenía informaciones de las reuniones. Una vez convertido en Renovación Nacional continuó espiando sobre las actividades de candidatos a diputados y senadores de la colectividad, a fines de los 80, en el marco de las elecciones que marcaron el retorno a la democracia.
Un caso paradigmático lo constituye el de Silvia del Carmen Baeza, que usaba la chapa de Rebeca Muñoz. Ella estaba infiltrada en el Partido Radical a fines de los 80’ y su agente de control era un tal Martín Cádiz, cuya identidad real es Marcelo Ariel Sandoval Durán, actualmente acusado por secuestro en el marco del proceso por homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos, que lleva el mismo juez Madrid. Lo singular es que ambos ahora son matrimonio.
“Martín Cádiz me comentó que mi labor sería participar en las reuniones del Partido Radical en la calle París, donde debía informar del tipo de conversación que se hablaba, cuántas personas participaban en ellas, etc”, declaró Baeza, quien también reconoce el pago de dinero.
Escuche los alegatos del abogado Alvaro Varela
