La modificación de la normativa General de Urbanismo y Construcciones, firmada por Edmundo Pérez Yoma y Patricia Poblete, está hecha a la medida de la termoeléctrica. La jugada destraba la paralización de las obras dictada por la Corte Suprema, lo que dejaría sin efecto la sentencia. En la empresa ya iniciaron los trámites para obtener los permisos necesarios para continuar operando.
Luego de que un fallo de la Corte Suprema detuviera el proyecto de la Central Termoeléctrica Campiche, de AES Gener, en junio pasado, el gobierno inició la búsqueda de una fórmula para impedir que la apuesta a carbón de US$ 500 millones se convirtiera en un gran elefante blanco. Además de una pésima señal para los inversionistas energéticos.
Desde mediados de 2009 las gestiones gubernamentales alcanzaron el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través de las carteras de Energía, liderada por Marcelo Tokman, y de Interior, a cargo de Edmundo Pérez Yoma. El propio Pérez Yoma aseguró que “lo que dictaminó la Corte Suprema es una cosa fallada y no hay nada que hacer. Si hay que modificar algunas cosas, dentro de la legalidad vigente, lo vamos a hacer”.
Y lo hicieron. El pasado 1 de diciembre el ministerio de Vivienda y Urbanismo modificó la ordenanza general de urbanismo y construcciones respecto del uso de suelo de actividades productivas, lo que según fuentes ligadas al gobierno, “es un traje a la medida para Campiche”.
La modificación, firmada por la ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, y por Pérez Yoma, fue publicada en la víspera de Año Nuevo en el Diario Oficial.
De esta forma, el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que declaró ilegal la autorización dada al funcionamiento de la central a carbón por la Corema, por conceder el permiso sin que se realizara el cambio de suelo necesario, ya no será un freno para que se retomen las obras.
En palabras simples la modificación al artículo 2.1.21, señala que si un predio queda afecto a dos o más zonas o subzonas con distintos usos de suelo y al menos el 30% de su superficie incluye los usos de suelo de actividades productivas y/o infraestructura, se admitirá en todo el terreno dicho uso de suelo, lo que incluye infraestructura energética.
En el caso de la Central de AES GENER, según lo explica la propia empresa en una carta enviada el 14 de enero a la directora de la Conama de Valparaíso, Karina Francis, el terreno en que se emplaza la Central Termoeléctrica Campiche incluye una zona de “uso industrial peligroso en una proporción aproximada al 33 por ciento del predio”.
El documento señala que las modificaciones a la ordenanza “han subsanado -a nivel normativo- los reparos que llevaron a la Corte Suprema” a invalidar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) entregada en 2008 por la Corema V Región y que se fundaron en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso (Premval).
Y concluye que “como la referida ordenanza tiene una jerarquía jurídica superior y preferente a ese instrumento intercomunal, el fundamento que la Corte Suprema tuvo en vista para invalidar la referida RCA, ha quedado superado, y procede por tanto, retomar el proceso formativo de la Calificación Ambiental del Proyecto”.
Como AES Gener da por superado el problema administrativo que ha mantenido por más de medio año la construcción de la central paralizada, solicita que luego de verificar sus argumentos se le entregue un nuevo permiso ambiental.
Al respecto, Karina Francis explicó que “en este momento estamos haciendo las consultas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si da el visto bueno tenemos que ver a qué servicios que forman parte de la Corema lo enviamos para que lo revisen y resuelvan. Por ahora estamos estudiando el documento”.
Tomando en cuenta que el tema del suelo ya está resuelto y que era la piedra de tope esgrimida por tribunales, la entrega de una nueva RCA no debería ser más que un mero trámite.
Por su parte, AES Gener indicó que había que consultar al Minvu sobre esta situación, pero declinó hacer más comentarios.
La jugada del ministerio liderado por Poblete para abrir el camino a Campiche, tomó forma luego de que la Contraloría General de la República rechazara en septiembre el Plan Intercomunal Metropolitano de Valparaíso (Premval) presentado por el gobierno regional, echando por tierra la idea original de allanar el camino a la central termoeléctrica a través de la modificación de dicho instrumento, que debió reingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En vista de esto, se buscó una solución alternativa, mucho más rápida y segura. En ella trabajó la División de Desarrollo Urbano del Minvu, liderada por Luis Eduardo Bresciani.
El 20 de noviembre, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, solicitó retirar del (SEIA) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Premval. El 7 de diciembre el Minvu volvió a reingresarlo con varios cambios.
Según fuentes del gobierno regional “esta fue una operación de alta cirugía. No dejaron cabos sueltos”.
Esto, porque la nueva propuesta está ajustada a lo ya realizado en la central, es decir lo que fue construido con la autorización entregada por el municipio a través de un estudio que le permitió realizar obras para mitigar el riesgo en el estero Campiche. Y también calza con la modificación a la ordenanza que le permitirá al proyecto retomar las obras.
El jueves, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional de Valparaíso, realizó una reunión extraordinaria para analizar este tema.
Entre las inquietudes que se discutieron, según explica el presidente de la comisión, Manuel Millones, está que la modificación abre la puerta no sólo a Campiche sino que “podría generar un tremendo problema a otras áreas a nivel nacional, ya que hay un mayor debilitamiento a la mantención de las áreas verdes porque esos serán los suelos más permeables. Aquellas áreas que, como en este caso, están calificadas con otros usos, perfectamente pueden ser homologadas al uso industrial o productivo. Por eso es importante que se precise el alcance de la norma”.
Para resolver estas y otras dudas, acordaron citar al seremi de Vivienda y Urbanismo, a representantes de la CONAMA y también a AES Gener.
Al respecto, abogados expertos en temas ambientales señalaron que “la Corte dictó una sentencia y lo que se está haciendo es dejar sin efecto la sentencia por una vía muy simple: porque se modifica la ordenanza para levantar el vicio de nulidad que estableció la corte”.
Y agregan que “esto es un pésimo precedente. La señal que da es que se podría eludir el cumplimiento de la sentencia judicial dejando sin efecto las prohibiciones que llevan esas sentencias en todo ámbito. Puede colocar en entredicho las competencias de la Corte Suprema en el cumplimiento de su sentencia”.
La noticia cayó como un balde de agua fría entre los miembros del Consejo Ecológico de Puchuncaví-Quintero, que a través del abogado Juan Carlos Palma, del estudio Santander y Cía, fueron los que presentaron el recurso que dejó sin efecto la RCA de Campiche.
Según el vocero, Ricardo Correa, “esta situación es de las más oscuras que hemos visto en el último tiempo. Ahora estamos esperando la respuesta que el Minvu le de a AES Gener para ver las acciones que entablaremos”.
Palma, señala que “si la empresa le reconoce el mérito de solucionarle el problema a una norma de carácter general, Vivienda está en un grave problema: dictar normas generales para casos particulares”.
El abogado explica que “la Corte estimó que era suficiente la ilegalidad referida a uso de suelo para acoger el recurso, por eso señaló que no era necesario pronunciarse acerca de las otras irregularidades de Campiche. Entre otras, se constató que no se habían realizado determinadas publicaciones o notificaciones; se tramitó en base a futuras modificaciones de un plan regulador; se autorizó un proyecto sin depósito de cenizas, porque no tienen dónde depositarlas. Además hemos constatado otras irregularidades que por razones estratégicas no vamos a anunciar”.
-¿Cómo evalúa que desde el gobierno los ministros Tokman, Pérez Yoma y Poblete hayan trabajado para encontrar esta vía para abrirle el camino a Campiche?
-El Ministro de Energía reconoció en enero de 2008 que las emisiones de CO2 de las termoeléctricas al 2020 se cuadruplicarían. Por otra parte está el estudio de la Conama para la zona que reconoce que ciertos compuestos se elevarían en un 600%. La ciudadanía podrá ponderar la coherencia entre lo que se dice y se hace.
El candidato de la coalición de gobierno señaló que estaba en contra de las termoeléctricas porque contaminaban mucho. Veremos si el nuevo gobierno sigue el mismo camino de un discurso, que por un lado habla de respeto al medio ambiente y calidad de vida de las personas o de la preocupación por el cambio climático, y por otro lado aprueba proyectos que, como Campiche, la Corte de Valparaíso y la Corte Suprema tuvieron que decir que vulneraba la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Consultado sobre el tema, Luis Eduardo Bresciani aseguró que “este proceso no ha estado vinculado a ningún caso particular”, por lo que para ver si se adecua a la nueva normativa “cualquier proyecto especifico tendrá que ser evaluado.”
El arquitecto explicó que “permanentemente actualizamos normas en distintos ámbitos. Desde el año 2008 la Contraloría nos hizo ver que había algunas normas sobre la localización de infraestructura que eran ambiguas y que generaron algunos problemas.
Por eso nos pidió que las perfeccionáramos… de manera de acotarlas más y hacerlas más certeras”.
-¿Entonces esta modificación la solicitó la Contraloría?
El origen histórico de este tema parte en 2008 por precisiones de Contraloría respecto al Caso Metrogas, ya que instruyó que perfeccionaramos esta norma para que fuera más precisa.
-¿No tiene nada que ver con Campiche?
-No he revisado si el caso concreto se puede aplicar. Me informaron que si esto ingresaba nos tendrán que consultar a nosotros y habrá que evaluar si la normativa se aplica o no al caso particular.
–Pero llama la atención que además de destrabar el problema del uso de suelo de Campiche, se haya retirado el Premval para modificarlo y que esas modificaciones dejen redondo el asunto con la ordenanza…
-Si se retiró tuvo que ver con los antecedentes de la DIA, ya que la Conama decía que faltaban antecedentes. Había que incorporarlos a la memoria por un tema de formalidad del sistema. No estaba vinculado al tema que me comentas.
