Hugo Chávez rechazó las críticas del organismo de derechos humanos a su gobierno, diciendo que era un cuerpo «politizado».
Venezuela se saldrá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunció este jueves el presidente Hugo Chávez.
Así reaccionó el mandatario al informe publicado esta semana sobre la situación de los derechos humanos, según el cual, aunque ha habido mejoras en servicios de salud y educación, en el país se están produciendo violaciones patentes a algunas garantías fundamentales que las mencionadas mejoras no justifican.
Chávez calificó el informe de «pura basura», dijo que la Comisión era un «cuerpo politizado» y criticó fuertemente al secretario de la Comisión, Santiago Cantón.
La querella con Cantón se remonta a 2002, cuando, según el gobierno venezolano, apoyó el golpe de Estado que sacó al mandatario brevemente del poder el 11 de abril.
En consecuencia, dijo Chávez, su administración va a prepararse para «denunciar el acuerdo a través del cual Venezuela se adscribió, o como se llame a esa nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y salirnos de ahí pues. ¿Pa’ qué? No vale la pena, es una mafia lo que hay ahí».
Dentro o fuera
Además ratificó su convicción de que en el futuro la Organización de Estados Americanos, de la que la CIDH es órgano, desaparecerá.
Horas antes, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, también rechazó el informe, y dijo que su país no reconoce a la Comisión como «una instancia imparcial capaz de decirle a la región cuáles son las circunstancias de vulneración más álgidas en materia de derechos humanos».
«Creo que es una idea que el presidente Chávez viene pensando hace mucho tiempo, visto que organismos imparciales como éste evidencian que su régimen viola sistemáticamente los derechos humanos», opinó desde la perspectiva crítica Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal Venezolano.
Himiob agregó que Chávez estaba «mal asesorado» porque de acuerdo con las previsiones internacionales, aunque Venezuela se retire efectivamente de la CIDH, el Estado seguirá siendo responsable por los hechos cometidos durante el tiempo de su permanencia, y aún varios años después de haber abandonado el organismo.
«La ejecutividad de esas decisiones no prescribe. Más allá de que el Estado las quiera o no acatar, siguen vigentes. En el momento en que el gobierno cambie esas responsabilidades subsisten y pueden hacerse valer contra el Estado», indicó.
