El ex carabinero declaró como inculpado en dos oportunidades ante el ministro Milton Juica. Sus ex colegas aseguran que era uno de los principales asesores del entonces jefe de dicho servicio de inteligencia, el coronel Luis Fontaine, según revelan los documentos del proceso que publica El Mostrador. Organismos de derechos humanos temen que beneficie a sus ex colegas condenados en Punta Peuco. El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, lo descartó de plano.
El recién nombrado director de Gendarmería, general (R) de Carabineros Iván Andrusco, fue cuestionado ayer por organizaciones de derechos humanos y por el diputado PC Hugo Gutiérrez, debido a su paso por la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). De este organismo de inteligencia policial eran los agentes que en 1985 secuestraron a los profesores Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, quienes luego fueron degollados y abandonados en las cercanías del aeropuerto.
Este proceso lo sustanció a principios de los 80 el ministro José Cánovas Robles y a fines de la misma década continuó la labor su colega de la Corte de Apelaciones de Santiago, Milton Juica (hoy titular de la Suprema), quien interrogó a Iván Andrusco en calidad de inculpado en dos oportunidades.
Básicamente, Juica mantenía sospechas sobre este ex oficial de la policía uniformada, porque junto con pertenecer a la Dicomcar, su versión de qué hizo el día del secuestro de los tres militantes del PC -el 29 de marzo de 1985- era poco creíble, tomando en consideración la experiencia de los agentes de inteligencia para difuminar su participación en hechos de este tipo.
Según Andrusco, aquel día 28 de marzo tuvo un turno de 24 horas, por lo que la mañana siguiente estaba saliente de servicio, lo que implicaba que en la práctica estaba descansando en su casa.
Los testimonios de Andrusco se produjeron ante Juica en dos oportunidades. La primera fue el 6 de octubre de 1992 y luego el 1 de abril de 1993, respectivamente (ver documentos anexos). En ambos, el oficial negó su participación en los hechos, argumentando que siempre trabajó como escolta, funciones que cumplía por órdenes del entonces jefe de la Dicomcar, el coronel Luis Fontaine. Este último fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez el 10 de mayo de 1990.
De hecho, en su segunda “indagatoria”, Andrusco es inquirido por Juica debido a la imputación hecha en su contra por el coronel Guillermo González Betancourt, respecto a que dejó en libertad a Ramón Arriagada, un egresado de Arquitectura detenido en febrero de 1985, a quien precisamente se le interrogó por las actividades de Natino y Parada. Andrusco rechazó los dichos de su superior y los relacionó a problemas de envidia, ya que al trabajar como escolta de personas importantes, dijo, gozaba de ciertos privilegios. El coronel en cuestión fue condenado por Juica a presidio perpetuo.
En otra foja del expediente, del 7 de enero de 1985, Miguel Sandoval Martínez, funcionario de la Dicomcar, relató que dentro del organigrama interno el coronel Julio Michea era “asesorado” por un grupo de oficiales, entre los cuales estaba Andrusco, quien tenía el grado de teniente (ver documento anexo Miguel Sandoval). La versión fue confirmada por el propio Michea el mismo año (ver declaración adjunta).
Michea fue condenado por el ministro Milton Juica a cinco años y un día por secuestro y asociación ilícita.
En julio de 1991, Juica interroga al entonces cabo primero Daniel Valderrama Satt (ver declaración anexa), quien aseguró que después de cometido el crimen, Fontaine realizaba muchas reuniones relativas a cómo se iban desarrollando los hechos. En ellas participaba Andrusco, como también el capitán Patricio Zamora, el capitán Manuel Muñoz Gamboa, el coronal Guillermo González Betancourt, los cabos Luis Jofré, Ramón Valenzuela, Claudio Salazar y el propio Michea. Todos los anteriores fueron condenados por Juica, menos Andrusco.
Por último, en el expediente también está la declaración de Elsa Esquivel Rojo (ver declaración anexa), quien aseguró ante Juica que fue detenida junto a su hijo, Carlos González Esquivel. Esto lo hizo, según la mujer, el entonces teniente Andrusco, en el marco de las diligencias que realizaban para dar con el paradero de los atacantes a la tenencia Santa Adriana ocurrida a fines de 1984.
Esta declaración tomada por Juica buscaba establecer si Andrusco realizaba o no actividades operativas y no sólo de escolta.
El caso degollados fue uno de los episodios más complejos para la dictadura, ya que a cuatro meses de iniciada la investigación de Cánovas Robles, el entonces director general de Carabineros, César Mendoza Durán, renunció al cargo el 2 de agosto de 1985, dejando claro que los agentes de su institución habían participado en el crimen. En todo caso el gobierno de la época calificó su salida como un acto de “generoso patriotismo”.
Pese a lo anterior, Andrusco ayer fue confirmado y respaldado por La Moneda. La secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, manifestó que la administración “ha mostrado con hechos, el gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene un compromiso profundo con los derechos humanos”, señaló.
Von Baer recordó que “el señor Andrusco es una persona que fue promovida en sus cargos durante los gobiernos de la Presidenta Bachelet y también durante el gobierno del Presidente Lagos” y agregó que “no existe en este momento ningún antecedente y no está comprometido en ninguna causa”.
En la misma línea habló el ministro de Justicia, Felipe Bulnes. Este dijo que Andrusco “nunca ha sido procesado en causas de derechos humanos, no tiene ninguna causa pendiente de este tipo y de ningún otro… También fue elegido en 2004 para integrar la delegación chilena que expuso sobre la situación de derechos humanos en el país ante la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra”.
Y recalcó que “la misma confianza que tuvieron los gobiernos anteriores para confirmarlo y promoverlo es la confianza que tenemos nosotros también hoy día para designarlo en Gendarmería. No hay nuevos antecedentes, son los mismos antecedentes con los cuales nosotros resolvimos”.
Uno de los temas que preocupa a los organismos de derechos humanos es que, para las materias relativas a los beneficios carcelarios de los carabineros condenados por el caso degollados -es decir sus ex colegas- y que cumplen la pena en Punta Peuco, se produce una inhabilidad de facto.
Al respecto, Bulnes explicó ayer que dichos procedimientos “se evalúan según protocolos establecidos en cada unidad penal por un reglamento interno de Gendarmería, los que son estudiados por un consejo técnico que resuelve caso a caso y no dependen de una decisión del director nacional”.
Sin embargo, fuentes de Gendarmería explicaron que los dichos de Bulnes chocan de pronto con la realidad de cómo se manejan las cosas.
Por ejemplo, el consejo técnico citado por el secretario de Estado para el caso de Punta Peuco, no es de carácter permanente, es decir, se arma para la ocasión. La decisión de este grupo de profesionales no es vinculante y quien tiene la facultad privativa es el jefe del penal. Este último, en la formalidad de la ley, es independiente, pero las mismas fuentes señalan que hay un código no escrito y siempre se consulta con el director nacional y éste con el Ministerio de Justicia.
La decisión de Gendarmería respecto a los que tienen derecho a beneficios, va en consulta ante la comisión de libertades provisionales que conforman jueces y ministros del Poder Judicial a fines de año, quienes valoran los antecedentes caso a caso. Posteriormente, los elegidos son evaluados por el seremi de Justicia y sólo entonces pueden acceder a los beneficios.
Para el caso puntual de los condenados por el caso degollados, hay varios de ellos que cumplen con los requisitos, ya que están a punto de completar los 20 años de una condena a presidio perpetuo para solicitar los beneficios, debido a que se les aplica la legislación antigua. Entre estos casos se encuentra el de Miguel Estay Reino, el Fanta, entre otros.
Desde este punto de vista, las agrupaciones de derechos humanos y el propio Hugo Gutiérrez sostuvieron que existe una sombra de duda sobre el posible actuar de Andrusco y, por cierto, un problema de imagen pública.
Andrusco también se refirió a los cuestionamientos hechos por el parlamentario durante una visita que realizó al penal El Manzano de Concepción, que se vio afectado por el terremoto.
“Estoy absolutamente tranquilo. La seguridad de que no he hecho absolutamente nada, mi vida privada y mi trayectoria profesional han sido absolutamente transparentes, por lo tanto en ese sentido no tengo nada que ocultar. Durante toda mi trayectoria he cumplido numerosas funciones operativas, y nunca he estado involucrado en un proceso”.
Reconoció que “en su oportunidad fui citado a prestar declaraciones, como todo el personal que fue citado de declarar. Yo fui nombrado General de la República durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, y en esa oportunidad se hicieron todos los chequeos correspondientes para aprobar mi designación. Posteriormente trabajé como General en esta zona en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, por lo tanto yo creo que a esta altura no tengo que dar ninguna demostración ni ninguna prueba de idoneidad”.
