La acción legal no está dirigida “en contra quienes resulten responsables”, a la espera de los avances que vaya teniendo la investigación a cargo de la fiscal, Alicia Ascencio. Actualmente están imputados por soborno el actual vicepresidente ejecutivo del supermercado Tottus, Francisco Leyton, el alcalde UDI Mario Olavarría, el empresario Nabil Mansour y el ex jefe de gabinete del edil, Domingo Soto.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió presentar una querella ante el tribunal de garantía de Colina, por el pago de un soborno -o “coima”- y la recepción de la misma que el Ministerio Público le imputa al vicepresidente de Tottus, Francisco Leyton y al jefe comunal, el UDI Mario Olavarría, respectivamente. Junto a los anteriores, también serán imputados por cohecho el ex asesor del edil, Domingo Soto, y el empresario Nabil Mansour.
La decisión, según supo El Mostrador, fue adoptada el jueves por el comité penal del organismo y ratificada ayer en el tradicional pleno de los martes, atendida la gravedad de los hechos.
[cita]Aunque participarán de la formalización agendada para el próximo 28 de abril en el juzgado de garantía local, donde tanto defensores como acusadores expondrán sus argumentos.[/cita]
La acción legal no está dirigida en contra de nadie en específico, sino “contra quienes resulten responsables”, a la espera de los avances que vaya teniendo la investigación a cargo de la fiscal Alicia Ascencio, aunque participarán de la formalización agendada para el próximo 28 de abril en el juzgado de garantía local, donde tanto defensores como acusadores expondrán sus argumentos.
La historia de esta indagatoria se remonta al 31 de octubre de 2007, cuando el capitán de Carabineros de la comisaría de Colina, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, atendido que el supermercado Tottus, -inaugurado el mismo día- había sido instalado a menos de cien metros de la unidad policial y de un centro de ayuda a menores en riesgo social, previa aprobación de la municipalidad de una patente de alcoholes, contraviniendo la ley. Respecto de este punto la fiscal Ascencio también imputará a Olavarría.
De allí en adelante, la fiscalía comenzó a interrogar a los ejecutivos de DyS que también participaron de la licitación, pero que finalmente resolvieron no participar del negocio por la poca transparencia del mismo, atendido que la comisión de 6 mil UF a pagar por el arriendo del terreno, sostuvieron ante la fiscal, no les pareció conveniente.
Pero la perseguidora interrogó a varios ejecutivos de DyS, quienes imputaron el cobro de coimas a Nabil Mansour, el empresario que actuó de nexo para la “comisión de corretaje”, hecho que según el acta de formalización de la fiscal, ayuda a construir la convicción de que Olavarría recibió un soborno de parte de Leyton, el que finalmente habría sido recibido por Olavarría. A lo anterior se suman peritajes criminalísticos.
En tanto, ayer el abogado Matías Balmaceda, patrocinante del edil, explicó en una entrevista otorgada al diario La Segunda que su cliente es inocente de los cargos que se le imputan.
Asimismo, Balmaceda deslizó que la situación judicial que enfrenta su cliente se debe a una disputa comercial con DyS, la que quedó fuera de este negocio. Junto a lo anterior, criticó el actuar de la fiscal Ascencio, quien a sólo tres meses de asumir, tras una investigación de más de dos años de su antecesor Pablo Ortiz, resolvió formalizar.
Básicamente, los dardos de Balmaceda se basan en dos cartas enviadas por DyS, donde confirman el pago de las 6 mil UF hasta ahora comprobadas como el cobro del “beneficio económico”, por parte del alcalde Olavarría (ver documento anexo).
