El legislador estimó que Sabas Chahuán debe entregar argumentos necesarios que justifiquen esta operación, tanto a la opinión pública como al Legislativo.
El diputado de la UDI, Giovanni Calderón, calificó como una medida «instrusiva a la intimidad» la nueva medida adoptada por la Fiscalía Nacional, de implementar una central autónoma de escuchas telefónicas y que desde febrero de este año se encuentra en funcionamiento.
Según explicó el parlamentario, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, no ha entregado los argumentos necesarios que justifiquen esta operación que hasta al momento era de total responsabilidad y competencia de las policías.
Al respecto, el diputado afirmó que «si el fiscal nacional estima que el hecho de contar con este sistema va a significar la aceleración de las investigaciones, tiene que demostrarlo ante la opinión pública y ante el congreso, porque no puede realizar una actividad tan intrusiva a la intimidad de las personas. Debe justificar su necesidad y eso se hace con estadísticas».
También, explicó que la citación de Chahuán a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, se estableció para que informe sobre su negativa a que el Ministerio Público sea sometido a auditorías externas, para conocer las metas cumplidas por el organismo y por el sistema de escuchas telefónicas, lo que para el diputado desequilibra el sistema procesal penal.
Junto con esto, Calderón comentó que «el Ministerio Público está sometido al principio de objetividad y debe investigar tanto las circunstancias que establecen un delito como aquellas que eximen de responsabilidad a un imputado, por lo tanto estimamos que no es una función que le deba corresponder al Ministerio Público y su legalidad y constitucionalidad debe ser explicada por el fiscal nacional ante el Congreso».
Mañana lunes, el diputado sostendrá una reunión con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, donde se le solicitará urgencia al proyecto de reforma constitucional presentado en julio de 2009 por los diputados Jorge Ulloa y Felipe Ward, para someter al fiscal nacional, como figura constitucional, al régimen de acusación constitucional.
