El Tribunal de Compras ofició a la entidad financiera para que aclare por qué emitió un documento -vital para que la española Indra ganara el concurso por US$ 385 millones-, veinte días después pero con una fecha anterior, lo que a juicio del abogado Jean Paul Matus podría configurar el ilícito de falsificación. De hecho, Corpbanca al percatarse del error, informó a la Superintendencia de Bancos. El concurso hasta ahora está suspendido y podría ser declarado desierto, lo que retrasaría aún más la modernización del servicio de identidades.
Son US$ 385 millones los que están en juego y tres empresas transnacionales en una guerra por quedarse con una licitación que le cambiará la cara a las identificaciones que entrega el Registro Civil. Y de las tres, la española Indra ya ganó por presentar, según la autoridad, la mejor oferta. Sin embargo, a veces la victoria puede tener un sabor amargo y momentáneo, porque tanto Sagem y la alemana Bundesdruckerei -que por cierto perdieron- impugnaron la decisión del servicio ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP), instancia que paralizó el proceso en julio pasado.
La razón que argumentan los recurrentes no es menor. Aducen que la boleta de garantía -documento que asegura el “fiel cumplimiento” de participación en el proceso de licitación- fue ingresada fuera de plazo. El documento vencía el 11 marzo pero fue entregado 20 días después, es decir el 31 del mismo mes. En otras palabras, hubo 20 días en donde Indra no cumplió con las bases de licitación, debiendo, según este razonamiento, quedar fuera de inmediato del concurso, tal como le ocurrió a la firma Coasin.
Sin embargo, de acuerdo a la versión de los demandantes, ello no ocurrió por lo que el Registro Civil habría incurrido en una grave irregularidad que, aseguran, será acogida por el TCP, entidad que volverá todo a fojas cero, declarando desiertas las postulaciones, con el consabido retraso en la modernización del servicio.
El argumento de Sagem y Bundesdruckerei, incluso va más allá e involucra nada menos que a Corpbanca, entidad financiera que pertenece al empresario Álvaro Saieh, dueño además de Copesa y Unimarc, entre otros negocios. La razón se funda en la misma boleta impugnada ante el TCP, en una trama relacionada con la fecha en que fue emitida, una comunicación reservada del banco a la sede de Indra en España -a la que tuvo acceso este diario- y una llamada a la superintendencia del ramo para comunicar el error. Este sólo hecho, para los abogados que conocen del tema, se trataría de un delito.
Sumado a lo anterior, existe una declaración del ex doble asesor del Registro Civil, Andrés Contardo, formalizado por el Ministerio Público y condenado por la justicia por revelar secretos durante una licitación de 2008 en la que asegura que estaba pactado que Indra ganara en esta oportunidad.
La modernización de las identificaciones del Registro Civil para posicionarlo a nivel internacional, como también la modificación de su tecnología informática no ha estado exenta de problemas. Más bien ha tenido tantos que se ha retrasado en al menos 2 años.
[cita]El pasado 12 y 13 de julio se abrieron las ofertas técnica y económica, respectivamente. La elegida días más tarde fue la española Indra. Los otros participantes pusieron “el grito en el cielo”. No sólo porque habían perdido, sino porque algo andaba mal.[/cita]
El camino recorrido de este concurso comenzó con la caída del entonces director del servicio, Guillermo Arenas, cuando se descubrió que Contardo era una suerte de doble agente que traspasaba datos del proceso de licitación para modificar la plataforma informática -por unos US$ 85 millones- a la multinacional india Tata.
La denuncia la hizo el entonces ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y la Fiscalía Centro Norte inició una investigación a cargo de la perseguidora Alejandra Godoy. En esta existen más de 20 acusados a la espera el juicio oral.
Pero no era la única licitación. Existía otra aún más suculenta para las empresas en disputa: realizar una modificación al sistema de identificaciones -carné y pasaporte- por la no despreciable suma de US$ 385 millones.
Básicamente las bases apuntaban a que los participantes pudieran abastecer al Registro Civil de tecnología de punta en la materia y alta calidad en los documentos.
Fue así como Indra, Sagem, Bundesdruckerei, Coasin, Siemenes, Sice Agencia Chilena, y Sonda, entraron en la pelea mostrando sus armas. La fecha límite era el 11 de junio de 2010.
El pasado 12 y 13 de julio se abrieron las ofertas técnica y económica, respectivamente. La elegida días más tarde fue la española Indra. Los otros participantes pusieron “el grito en el cielo”. No sólo porque habían perdido, sino porque algo andaba mal.
Por ejemplo, el Registro Civil, dirigido por Christian Behm, informó en abril a las oferentes sobre los resultados. En una de esas comunicaciones dirigida a la empresa Coasin (www.coasin.cl), firma con presencia en Argentina, Canadá, Estados Unidos, entre otros países, se puede leer que su propuesta no fue admitida, ya que no cumplió con la presentación de la boleta de garantía de forma “continua” y sólo la renovó después de 30 días de vencida. Esto supuso la sanción que implicó quedar fuera del concurso.
Sin embargo, una vez que Indra ganó el resto de los participantes reparó en un detalle. Y no menor. Indra había presentado una boleta de garantía el mismo 30 de marzo, pero el anterior documento perdía su validez el día 11 de marzo. La lógica indicaba que veinte días no estuvieron cubiertos con ese aval financiero otorgado por Corpbanca. Siguiendo entonces la misma lógica aplicada por Behm, Indra debía estar fuera de concurso al igual que Coasin.
Tanto Sagem y Bundesdruckerei iniciaron las indagaciones y descubrieron que Corpbanca emitió la boleta por US$ 500 mil dólares con fecha 11 de junio sólo para hacer coincidir los plazos.
Las firmas lograron que el fiscal del banco, Canales Palacios, de acuerdo a sus argumentos ante el TCP, les confesara el error así como que se habría iniciado una investigación interna para determinar a los responsables del error. Por esta razón, además, se informó a la Superintendencia del ramo, hecho que fue confirmado a este medio por dicha entidad.
Bundesdruckerei no se quedó contenta y no sólo recurrió ante el TCP, sino que solicitó un pronunciamiento del Registro Civil. Luego de varias cartas, finalmente el servicio –el 27 de julio pasado-, admitió el problema con las fechas, pero justificó su actuar aludiendo al cumplimiento de las fechas de Indra.
De acuerdo a la versión del abogado Jean Pierre Matus, Corpbanca podría haber incurrido en el delito de falsificación.
Hasta ahora el TCP ha acogido la tesis de los perdedores de la licitación y ofició a Corpbanca para que informe sobre los hechos que rodearon la emisión de la boleta de garantía antes de resolver el fondo de las presentaciones.
Este diario intentó obtener una versión de Indra y Corpbanca, pero no hubo respuesta. En tanto, en el Registro Civil se informó que no habría una referencia puntual al tema, ya que todo está en manos de las autoridades competentes.
