El instructivo ordinario 1139, fue enviado por la autoridad regional al servicio de salud Coquimbo, consultorios, municipios y farmacias respecto a los medicamentos que se pueden recetar por las matronas, excluyendo a las profesionales de recetar anticonceptivos orales.
La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, pidió al ministro de salud, Jaime Mañalich, remediar la situación de la Región de Coquimbo, donde el Seremi, Osvaldo Iribarren, emitió un instructivo que impide la prescripción de anticonceptivos orales por parte de las matronas.
El instructivo ordinario 1139, fue enviado por la autoridad regional al servicio de salud Coquimbo, consultorios, municipios y farmacias respecto a los medicamentos que se pueden recetar por las matronas, excluyendo a las profesionales de recetar anticonceptivos orales.
Sobre la instrucción, la presidenta del PPD sostuvo que el Gobierno debe aclarar su posición al respecto porque esta es una materia que se encuentra regulada en el país y en la que según dijo hubo que trabajar mucho «para que finalmente las mujeres y las parejas las que tomaran la decisión respecto a los sistemas de anticoncepción que ocuparían».
Tohá acusó al Seremi de hacer «una interpretación mañosa y abusiva» de las disposiciones legales vigentes, de acuerdo a las cuales este derecho está garantizado.
«Sin embargo tenemos una autoridad que pasando a llevar la ley está restringiendo el acceso a los métodos anticonceptivos a la mujer», agregó.
Sobre el argumento de que las matronas no están autorizadas para prescribir este tipo de medicamentos, la ex parlamentaria recordó que la ley vigente, promulgada al inicio de este año ratifica que son las matronas las profesionales que disponen de estos medicamentos y que los prescriben para los pacientes.
Tohá recordó que esta nueva ley establece que «son los profesionales de la salud los que deben hacer estas prescripciones donde se incluye a las matronas».
Por lo mismo, reiteró que esta es una «decisión abusiva que va contra las políticas de salud, va contra la legislación que tenemos vigente en nuestro país y violenta un derecho que las mujeres de la región y especialmente las mujeres más pobres, que son las que dependen de los servicios que entregan los consultorios y las postas rurales ellas serán las perjudicadas con esta decisión».
Insistió que el Ministerio de Salud y el ministro Mañalich deben «remediar y enmendar esto lo más pronto posible».
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