El documento al que tuvo acceso El Mostrador, pide conocer las entradas y salidas del país de dos individuos de ascendencia árabe, de iniciales Y. E. y V. S. (primos entre sí), luego que la esposa de este último llamara a la legación diplomática vecina en Santiago para revelar los antecedente que aseguró tener sobre la supuesta participación en el ataque explosivo de 1992. La mujer dijo a El Mostrador que ni la fiscalía ni la policía chilenas le dieron importancia a la pista ni informaron a sus pares vecinos.
La justicia argentina solicitó que se investigue a dos chilenos de ascendencia árabe por su posible participación en el atentado que afectó a la embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido el 17 de marzo de 1992 y adjudicado por Hezbollah.
La información está contenida en un exhorto que llegó a la Corte Suprema -al que tuvo acceso El Mostrador– librado por el juez Esteban Canevari, donde se solicita colaboración para la indagatoria que se tramita en el país vecino.
El documento revela que una mujer llamó hace algunos meses a la legación diplomática argentina con sede en Santiago, solicitando conocer cuál era procedimiento para hacer una denuncia penal y revelar lo que supuestamente sabía sobre el atentado.
Las palabras pusieron en alerta a las autoridades argentinas que informaron de inmediato a la justicia de su país. La preocupación no era menor, ya que desde la fecha del ataque -donde murieron 29 personas, y hubo 350 heridos entre ancianos y niños de un geriátrico y un jardín infantil aledaños- no se ha podido encontrar a los responsables.
El atentado a la embajada de Israel no ha sido el único cometido en Argentina. En 1994 un coche bomba detonó en la mutual judía, la AMIA, dejando 84 muertos y 300 heridos. En este caso tampoco se ha podido hallar a los autores y ha traído más de algún problema al gobierno de Cristina Fernández, ya que hasta ahora no ha tomado la decisión de pedir la extradición de los sospechosos iraníes.
En la carta rogatoria, que ya pasó por la Cancillería chilena y cuya tramitación fue aprobada por el máximo tribunal, se pide que sea interrogada la mujer que llamó a la embajada, quien reside en la Novena Región.
La denunciante estuvo casada con V. S., quien falleció hace cuatro años, señala el exhorto. Indica asimismo que se habría separado porque este habría estado involucrado en actividades terroristas junto a su primo, otro chileno de ascendencia árabe llamado Y. E. Y este último, habría confesado su participación en el atentado, sostiene el documento judicial.
La denunciante fue contactada por este medio, confirmando toda la historia relatada en el exhorto.
[cita] Las autoridades argentinas quieren verificar las entradas y salidas del país de ambos sujetos ya que existirían registros de que viajaban a Buenos Aires; también buscan conocer todos los antecedentes penales o de inteligencia que existan sobre ellos en Chile, y que la policía interrogue a la mujer acerca del nivel de preparación de Y.E., quien habría estudiado química en la Universidad de Chile.[/cita]
Las autoridades argentinas quieren verificar las entradas y salidas del país de ambos sujetos ya que existirían registros de que viajaban a Buenos Aires; también buscan conocer todos los antecedentes penales o de inteligencia que existan sobre ellos en Chile, y que la policía interrogue a la mujer acerca del nivel de preparación de Y.E., quien habría estudiado química en la Universidad de Chile.
Esta es la primera vez que Argentina pide antecedentes sobre chilenos ligados al atentado a la embajada israelí.
Lo particular del caso es que la mujer se contactó con la fiscalía y la policía chilenas, pero no habría recibido respuesta alguna, según dijo a este medio. De hecho, el organismo perseguidor penal tampoco informó a las autoridades vecinas sobre esta pista.
Los vínculos del terrorismo islámico con Chile no son nuevos en los procesos que lleva la justicia argentina.
En el caso relativo al atentado a la AMIA, ocurrido en julio de 1994, también se ha solicitado información. En 2001, este diario reveló que las autoridades vecinas querían saber los movimientos e información de inteligencia sobre dos diplomáticos iraníes, Hazal Reza Hosseini y Sayed Yousef, quienes estuvieron agregados en Santiago.
En la oportunidad, la Policía de Investigaciones reveló que el primero usó distintos pasaportes para entrar y salir del país. En todo caso, fue la entonces Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi) antecesora de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), quien envió un informe secreto a su par vecina, la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE).
En 2005, la justicia argentina volvió a la carga y solicitó que se investigaran una serie de abonados telefónicos, incluso el de un ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique, el magistrado Jaime Chamorro, quien a su vez llevó una indagatoria sobre posibles vínculos terroristas de medio oriente en suelo nacional. Junto al anterior, se mencionaban una serie de empresarios y un funcionario de gobierno.
