Rodrigo Araya Pérez contravino la Ley de Probidad que señala expresamente que los funcionarios públicos deben desarrollar las actividades personales fuera de su jornada laboral “y con recursos privados”. En entrevista con este medio dijo que es difícil saber “a que hora no soy ciudadano y a que hora soy autoridad” y que “no puedo ir en un colectivo o en un taxi con mi escolta”.
El seremi de Justicia de la Región Metropolitana, Rodrigo Araya Pérez, utilizó el auto fiscal para concurrir a la Corte de Apelaciones de San Miguel, para declarar en un proceso disciplinario que lleva un ministro de ese tribunal de alzada, relativo a un juicio privado que patrocinó antes de ser nombrado en el cargo.
Araya Pérez concurrió los días 26 de agosto y 6 de septiembre en el vehículo asignado a su cargo junto a su guardaespaldas en horario de trabajo, contraviniendo la norma expresa que establece Ley de Probidad, que prohíbe este tipo de actividades a los funcionarios públicos.
“Estas actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados. Son incompatibles con la función pública las actividades particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada”, señala el cuerpo legal en su artículo 56.
El Mostrador contactó a Araya Pérez, quien confirmó el hecho, indicando haber sido citado “como autoridad” y al mismo tiempo en calidad de “reclamante”. Hay que recordar que la secretaría de Estado no es parte del caso.
– ¿A usted le parece bien haber usado el auto institucional en una actividad que no tiene que ver con el servicio y en su horario de trabajo?
-Lo que pasa es que yo como autoridad estoy citado por un ministro de Corte y tengo la obligación legal de concurrir. El escolta además tiene armamento. Todo ciudadano tiene la obligación de ir. Ahora es difícil decir a que hora no soy ciudadano y a que hora soy autoridad, digamos… No puedo ir con mi escolta en un colectivo o en un taxi.
El hecho se suma a la irregularidad cometida por el recién renunciado director del Servicio Nacional de Menores (Sename), Francisco Estrada, quien trasladaba a sus hijos al colegio cada mañana. A ese hecho se sumó además que estando en Panamá representando al organismo, su pareja utilizó el transporte para ir al mall y al supermercado, hecho que quedó registrado en la bitácora por el chofer, tal como publicó este diario en su oportunidad.
[cita]Hay variados oficios, dictámenes e investigaciones sumarias que ha realizado la Contraloría, donde se prohíbe expresamente el uso de los bienes del Estado para fines personales.[/cita]
En Justicia existe preocupación, ya que el abogado Fernando Leal hizo una presentación formal al ministro Felipe Bulnes y a la Contraloría para que se investiguen los hechos (ver anexo).
Araya Pérez estudió derecho en la Universidad Católica y también es magíster en Derecho en la Ruprecht Karls Universität Heidelberg, de Alemania, según versa la web de la cartera.
Fuentes de la Seremi aseguran que Araya Pérez no ha enfrentado pocos problemas con los funcionarios, ya que su estilo “es muy militar”. Sin embargo, también reconocen que le ha insuflado nuevos aires con un estilo de trabajo rápido y eficiente.
Al respecto hay variados oficios, dictámenes e investigaciones sumarias que ha realizado la Contraloría, donde se prohíbe expresamente el uso de los bienes del Estado para fines personales.
Una de las más recientes sanciones fue la aplicada en 2009 al ex sub secretario del Consejo de la Cultura, el PS Arturo Barrios, a quien la entidad revisora de los actos del Estado le aplicó tres meses de suspensión de su cargo, más la exigencia de devolución de los dineros.
Un año antes, la entonces subsecretaria de Transportes, la PS Elinett Wolff, debió renunciar a su cargo por usar el auto fiscal para repartir frambuesas.
En esta línea, la derecha ha sido inflexible en exigir el buen uso de los dineros y bienes del fisco. De hecho, durante la campaña presidencial de 2009, no fueron pocas las denuncias en contra de autoridades de gobierno, las que incluso llevaron a que la entonces Presidenta Bachelet “retara” a sus funcionarios públicamente.
Este diario intentó obtener una versión de parte del ministro de Justicia Felipe Bulnes, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
La investigación disciplinaria que se originó por la denuncia de Araya Pérez tiene varios detalles que la hacen particular. Esta se inició en en abril de 2009 cuando el ahora seremi representaba a una empresa en un juicio laboral, cuya causa debía ser resuelta por una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Los abogados suelen contratar los servicios de los llamados “procuradores del número” que se encargan de tramitar los procesos y avisarles cómo se desarrollan los juicios o cuándo les corresponde alegar, evitando de esta manera el trabajo de seguir las alternativas de los mismos.
Araya Pérez, en ese contexto, trabajaba con Gladys Rodríguez. El 15 de abril de 2009, la causa la analizaría la Tercera Sala, presidida por el ministro Roberto Contreras.
El problema se produjo porque la contraparte de Araya Pérez quiso recusar a un magistrado y solicitar diligencias probatorias, lo que en la práctica retrasaba la vista por varios meses.
Según la denuncia presentada por el ahora funcionario, Rodríguez habría trabajado para su contradictor, incluyendo también a la relatora de la sala, Karen Garrido, en la irregularidad.
La Corte acogió la presentación de Araya Pérez y le solicitó informes a las imputadas, resolviendo pasar los antecedentes al fiscal judicial del tribunal de alzada, Fernando Carreño.
Hasta allí el hecho no era más que una queja disciplinaria más, pero con el paso de los meses tendría varios vuelcos.
Se tomaron declaraciones, se sumaron documentos y a mediados de 2010, luego que se sobreseyera de responsabilidad a la procuradora y la relatora, la investigación disciplinaria fue analizada por el pleno de la Corte Suprema.
El máximo tribunal, contrario a lo que todos esperaban, ordenó dejar fuera a Rodríguez e iniciar un nuevo sumario, con un ministro no inhabilitado, pero en contra de Karen Garrido y del magistrado Roberto Contreras, a la sazón presidente de la Sala, ambos bajo sospecha de haber modificado un documento judicial donde se establece el orden en que se verán las causas. Esta vez, quedó a cargo la ministra María Catepillán. En ese contexto, Rodríguez designó al abogado Fernando Leal como su patrocinante, el mismo que pidió el sumario por el uso del auto.
Luego de varias diligencias, Catepillán volvió a sobreseer la causa y declaró que ni el ministro Contreras ni la relatora tenían responsabilidad en los hechos denunciados.
Sin embargo, como todos los ministros de San Miguel estaban inhabilitados para resolver, la causa fue revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago que nuevamente ordenó reabrir el caso.
El 9 de septiembre pasado la ministra Catepillán, habiendo a su juicio cumplido la orden de la Corte de Santiago, sobreseyó nuevamente la investigación disciplinaria. Una vez más, por cierto, el tribunal de alzada capitalino ordenó reabrir la causa en contra del ministro Contreras y la relatora. Todo indica que ambos funcionarios judiciales podrían ser sancionados.
