El dirigente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, recordó que el ente fiscalizador está en conocimiento desde hace más de un año de los antecedentes sobre la autorización para la construcción de tres torres de 19 pisos, lo qeu vulneraría el Plan REgulador de la Comuna, por cuanto se trata de una zona de edificación media.
Varias organizaciones ciudadanas se mostraron preocupadas por la poca celeridad con que está actuando la Contraloría General de la República para resolver sobre las anomalías que habrían rodeado la entrega, por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Recoleta, de un permiso de edificación en el sector de las calles calles Bellavista, Pío Nono, Dardignac y Ernesto Pinto Lagarrigue.
El permiso alcaldicio, entre otras obras, autoriza la construcción de tres torres habitacionales de 19 pisos, en circunstancias que se trata de una en la zona de edificación media, de acuerdo al Plan Regulador de Recoleta que está vigente desde enero de 2005.
El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, dijo que la entidad dirigida por Ramiro Mendoza es un organismo “serio, pero lamentablemente remolón”, considerando que desde hace más de un año recibió los antecedentes en cuestión.
“La Contraloría conoce las ilegalidades porque se las hemos acreditado, pero continúa instruyendo sumarios inservibles y por ello la instamos a que en el más breve plazo ordene a la municipalidad la invalidación de los permisos viciados”, agregó.
A juicio de Herman, “el tiempo transcurre, ya hay hechos consumados y por ello sería deseable que la alcaldesa Sol Letelier, motu proprio, en conocimiento de las ilegalidades, sin esperar el dictamen final de la Contraloría, paralice el inicio de obras de las dos torres habitaciones ilegales en la zona de altura media».
Por su parte la representante de Ciudad Viva Josefa Errázuriz exigió que “las instituciones tomen las decisiones que les corresponde ahora, de modo que la ciudadanía, por la dilación de sus decisiones, no se vea afectada por otro hecho consumado. No aceptaremos que se continúe con la ejecución de este proyecto inmobiliario”.
A sau turno, el dirigente de la Junta de Vecinos 35 de Recoleta, Gerardo Lanzarotti, manifestó que la Contraloría “tiene la obligación de pronunciarse ahora y no caer en los comportamientos contemplativos con los cuales se ven favorecidos los violadores de las leyes que siempre son los grandes poderes económicos del país».
