Jimena Bronfman ha intentado desde junio de 2010 que la Contraloría confirme su criterio de que en la secretaría de Estado no pueden existir escalas distintas de remuneraciones, pese a que la ley dictada para evitar una merma en los estipendios de quienes fueron absorbidos por Energía lo señala claramente. El organismo fiscalizador estableció que los funcionarios tienen la razón. Sin embargo, la profesional, con los mismos argumentos ya rechazados, insistió ante Ramiro Mendoza. Como el diálogo se cortó, el sindicato escaló la pugna al biministro. Este deberá respaldarla o desautorizarla, en momentos en que el gobierno evalúa cambios de subsecretarios.
Un conflicto en ciernes enfrentará esta semana el recién asumido ministro de Energía, Laurence Golborne. Deberá respaldar o desautorizar a la subsecretaria del ramo Jimena Bronfman, quien mantiene una soterrada pugna con los funcionarios traspasados desde la Comisión Nacional de Energía (CNE) a esta última la cartera. La razón es la de siempre: plata.
Desde el año pasado, Bronfman ha tratado que la Contraloría confirme su interpretación de la ley que absorbió a los empleados de la CNE y le mantuvo la escala de sueldos -que es mayor a la que perciben los recién contratados por esa secretaría de Estado- debido al grado de profesionalización de sus labores.
La Asociación de Funcionarios ha tratado de mantener un diálogo abierto con Bronfman, pero distintos oficios enviados por ella a la Contraloría para evitar el pago por asignación de modernización que se incluyen en la planilla suplementaria, dan cuenta que el enfrentamiento ha ido escalando y ubica a Golborne nuevamente como el “apaga incendios”.
Fuentes de la agrupación de empleados aseguran que Bronfman se compró un “conflicto gratuito” que le puede estallar en las manos, en momentos en que el Presidente Sebastián Piñera anunció la revisión de los cargos de subsecretarios, intendentes y gobernadores. Si a ello se suma la reciente renuncia del ministro Ricardo Raineri por sus salidas de libreto en el marco de la crisis del gas en Punta Arenas -evitando la interpelación en la Cámara-, el escenario se torna complejo. Máxime si Golborne -quien además es el titular de Minería- debe interceder nuevamente para evitarle un dolor de cabeza a La Moneda.
La subsecretaria Bronfman recibió una dura respuesta. Contraloría le dijo que se remitiera a cumplir la ley.
Bronfman es una abogada de la Universidad de Chile con amplia experiencia en materias energéticas, según se lee en su perfil de Linkedin. Además fue presidenta del directorio de la Asociación de Abogados Judíos en Chile.
Según los documentos a los que accedió El Mostrador, los desacuerdos comenzaron el 22 de junio pasado, cuando Bronfman envió el oficio ordinario Nº 645 al contralor Ramiro Mendoza, pidiéndole un pronunciamiento respecto a la “correcta interpretación” a la ley antes mencionada (ver documentos).
En síntesis, la subsecretaria argumentó ante el organismo fiscalizador, que el ministerio no había cancelado “a los funcionarios traspasados remuneraciones adicionales a la planilla suplementaria (que permite mantener los sueldos que recibían en la CNE) por concepto de asignación de modernización”.
A renglón seguido, Bronfman solicita a Contraloría que entregue un criterio, ya que a su juicio no pueden existir escalas distintas de sueldo con los nuevos funcionarios recién contratados y que no pertenecieron a la CNE.
Sin embargo, en otro oficio -el 1.665 del 23 de noviembre de 2010-, Bronfman corrigió el documento anterior, señalando que si se habían cancelado los bonos de modernización. En la Asociación de Funcionarios nadie entendía nada. Primero se indicaba una cosa y después otra. Hasta ahí, dijeron fuentes de la entidad, parecía que todo caminaba bien, aunque el pronunciamiento de la Contraloría aún no era emitido.
La respuesta de Mendoza no tardó en llegar. Así, el 14 de enero pasado, el golpe a las intenciones de Bronfman llegó sin avisar. Y no gustó.
[cita]La respuesta del contralor Mendoza no gustó. En sólo cuatro páginas aclaró que era evidente que los funcionarios absorbidos por Energía debían recibir los beneficios asignados por ley. Y conminó a Bronfman a cumplir la ley, no a interpretarla.[/cita]
El dictamen Nº 02329 de 2011 fue claro, específico y contundente en sólo cuatro páginas. En ellas, le entidad dirigida por Mendoza aclara que luego de consultar a la Dirección de Presupuestos (Dipres), era evidente que los funcionarios absorbidos por Energía debían recibir los beneficios (ver documento adjunto).
En este sentido, Mendoza le aclaró a Bronfman que pagos de este tipo, son “excepcionales en nuestro ordenamiento y sólo procede cuando un precepto legal lo ha señalado expresamente”, precisándole que la Contraloría ya zanjó el tema a través de dos dictámenes de 2008 y 2009, respectivamente. En otras palabras conminó a Bronfman a cumplir la ley y no a interpretarla.
La lógica que Bronfman quiso aplicar, de acuerdo a la Asociación de Funcionarios, mermaba en un 30% menos de sueldo a quienes habían sido traspasados desde la CNE a Energía e implicaba que tampoco serían merecedores del reajuste.
Pese a que el dictamen de Contraloría es claro, Bronfman volvió a la carga el 19 de enero pasado, a través del Oficio Ordinario Nº 0122. En él, la subsecretaria insistió con los mismos argumentos anteriores para tratar de confirmar el criterio que ya había sido aclarado.
Según la agrupación de empleados, este último oficio y también los anteriores no pasaron por el Departamento Jurídico, sino que fueron configurados por los asesores de Bronfman que “claramente incurrieron en un error”, dijo una fuente de esa entidad gremial.
La inesperada insistencia de la secretaria de Estado ante la Contraloría, derivó en que los funcionarios decretaran la “alerta”. Y como el diálogo se cortó con Bronfman, resolvieron elevar el problema al ministro Golborne para que zanje la disputa.
[cita]La insistencia de la secretaria de Estado ante la Contraloría derivó en que los funcionariosresolvieron elevar el problema al ministro Golborne para que zanje la disputa.[/cita]
Por esta razón, solicitaron la semana pasada una audiencia, pero Golborne no estaba en Santiago. “Queremos conversar en buenos términos con el ministro, porque en este tema tenemos la razón”, dijo una fuente de la Asociación de Funcionarios a este medio.
De fracasar este último intento iniciarán acciones judiciales, las que aún no están definidas. Y éstas pueden ir desde la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago hasta un requerimiento al Tribunal Constitucional.
Este diario intentó, en varias oportunidades, tanto a través de su jefa de gabinete y del Departamento de Comunicaciones obtener una versión de Bronfman, pero el requerimiento no fue respondido por ninguno de los anteriores.
En tanto, en la Asociación de Funcionarios tampoco se entregó una postura pública, atendido que primero buscarán resolver por la vía del diálogo la situación con Golborne.
