El senador Pedro Muñoz (PS), presidente de la comisión de Trabajo, recordó la vigencia de la norma contenida en la ley 20.038, que prohíbe a los organismos del Estado contratar con empresas que hayan sido sancionadas en los dos años previos por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
La medida afectaría la licitación de recorridos del Transantiago programada para el año 2011, ya que buena parte de los actuales operadores fueron sancionados por prácticas de este tipo durante el segundo semestre del 2010.
Por esto, debieran quedar excluidos de cualquier convención con el sector público, como las licitaciones de vías, hasta cumplir el plazo previsto e incorporado en la ley 19.886, sobre compras públicas.
«La sanción de la ley 20.038 es muy clara (…) en caso de vulnerarse las disposiciones cualquier otra empresa postulante podría recurrir ante el Tribunal de la Contratación Pública (TCP) a exigir que se cumpla la norma y se excluya a las empresas infractoras de toda licitación o contratación con el Estado, al tiempo que los encargados de los organismos que vulneren las disposiciones pueden ser sancionados por la Contraloría General de la República», explicó el senador.
El legislador, quien fue el impulsor de la ley 20.038, explicó que la norma busca evitar que las empresas que contraten con la administración pública infrinjan normas tan relevantes en materia laboral.
«No es posible que quienes transgredan garantías fundamentales de los trabajadores y su derecho básico a organizarse, terminen siendo premiados haciendo negocios con el Estado», sentenció.
La misma disposición legal no sólo complicaría la licitación del sistema de transportes capitalino, sino que también afectará a las compras de bienes y materiales de la construcción que los órganos del Estado, especialmente los municipios, realicen con Easy, empresa que también figura en el listado publicado por la Dirección del Trabajo y que, por tanto, estaría impedida de participar y proveer bienes y servicios al sector público por los próximos dos años.
El senador PS reiteró que en caso que ello no se respete los competidores pueden reclamar ante el TCP, en tanto los funcionarios públicos que participen en la negociación ilegal arriesgan sanciones de la Contraloría.
