El dictamen, que ya fue notificado al MOP, revela que la investigación fue insuficiente; que faltó tomar declaraciones y que no se ahondó en los criterios de compra como el valor de la estructura ni del tiempo de instalación, entre otros. El organismo fiscalizador asegura que la cartera no sólo actuaba como intermediario con las empresas oferentes, sino también debió analizar la calidad y durabilidad del viaducto adquirido a la estadounidense Acrow, que era 50 % menor al de su competencia, la británica Mabey. Esta última, además, resultaba US$ 5 millones más barata para el fisco.
Un duro cuestionamiento formuló la Contraloría al ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, luego que ordenara reabrir el sumario por las eventuales responsabilidades administrativas de varios funcionarios de su cartera, en el marco de la compra del puente mecano para el Bío Bío, que implicó al fisco un gasto adicional de US$ 5 millones. Lo anterior para suplir la falta de conectividad provocada por el terremoto del 27 F.
Hay que recordar que lo anterior se produjo en 2010, luego que el Ministerio de Defensa, baśandose en la Ley del Cobre favoreció a la empresa estadounidense Acrow que ofrecía el puente por 16 millones sin instalación, por sobre la británica Mabey Bridge (MB), que con igual fórmula cobraba US$ 14 millones.
Sin embargo, la instalación se hizo con cargo al MOP que debió desembolsar US$ 5 millones, en circunstancias que MB dejaba el puente operativo por sólo US$ 17 millones. A raíz de estas anomalías el entonces titular de Defensa, Jaime Ravinet, renunció al cargo en enero pasado, luego de varias salidas de libreto.
El organismo fiscalizador, de acuerdo al documento al que accedió El Mostrador, establece que la investigación interna es insuficiente para tratar de esclarecer los hechos. Al respecto, se señala que se omitieron diligencias para determinar responsabilidades administrativas “y hechos que no han sido adecuadamente ponderados” (ver anexo).
Uno de ellos es que en el expediente no se recibió la declaración de un actor clave en el proceso de compra como fue el seremi (S) de la Octava Región, Carlos Sanhueza Sánchez. Este último, el 20 de mayo de 2010, “estimó necesaria y suficiente, para restablecer la conectividad en la zona afectada, la instalación de un puente Acrow TSR3, sin que conste tampoco en el proceso el fundamento o análisis técnico que se tuvo presente, al efectuar dicha recomendación”.
La entidad revisora cuestionó también uno de los argumentos entregados por la autoridad, quien intentó desmentir que la empresa Mabey hubiera ofrecido la instalación de la estructura en un período de seis meses. Según la Contraloría el único antecedente para acreditar el punto en el proceso administrativo fue la declaración de Juan Pablo Hernández Petersen, “afirmación que no se condice con el tenor de los antecedentes, toda vez que el deponente reconoce que su análisis tan sólo habría empezado a gestarse a partir del 31 de agosto de 2010, esto es, con posterioridad a la adquisición del citado puente”.
Otro de los puntos complejos del dictamen apunta a que no se establecieron responsabilidades administrativas en contra del titular de la seremía penquista Carlos Guzmán. Según la entidad, este último recomendó favorablemente al Ejército la adquisición del puente Acrow, “pero sin estar consciente del valor que aquello tendría para la decisión de compra”.
Por ello, señala el documento, “es necesario determinar la eventual responsabilidad que podría recaer a este respecto, por haberse obrado en aquel sentido, recomendando la adquisición de un bien, sin conocer los alcances de tal determinación, y más aún, careciendo de un efectivo y completo análisis técnico, que sirviere de fundamento cierto a la resolución”.
A mayor abundamiento, el organismo fiscalizador le ordenó de oficio al MOP realizar una serie de diligencias. Una de ellas es “profundizar” por qué no se realizaron debidamente los análisis técnicos sobre la estructura y su valor “y de factibilidad de instalación del puente mecano que sería adquirido, los que deberían haber sido efectuados por el Ministerio, por cuanto dicho servicio actuaba, en los hechos, como intermediario con las empresas oferentes”. Este último punto, en enero pasado, fue descartado por el propio De Solminihac, responsabilizando al renunciado ministro de Defensa, Jaime Ravinet. Como se ve, la Contraloría estima lo contrario.
[cita]Otro de los puntos complejos del dictamen apunta a que no se establecieron responsabilidades administrativas en contra del titular de la seremía penquista Carlos Guzmán. Según la entidad, este último recomendó favorablemente al Ejército la adquisición del puente Acrow, “pero sin estar consciente del valor que aquello tendría para la decisión de compra”.[/cita]
Otra pesquisa administrativa que deberá llevar adelante el MOP es determinar por qué se recomendó la compra de la estructura, “que en consideración a los costos totales, era notoriamente más onerosa que la otra alternativa existente, y que además, técnicamente, de acuerdo a las ofertas tenidas a la vista, ofrecía una durabilidad garantizada inferior, en a lo menos, un 50% a la oferta de la empresa Mabey”.
A renglón seguido, la Contraloría también ordena ampliar el radio de acción del sumario que había sido sobreseído por la autoridad. En esa línea el MOP deberá investigar los antecedentes para determinar por qué para fundamentar la compra a la empresa Acrow se usó la variable “plazo para la puesta en servicio”.
En ese sentido, se lee en el dictamen, se apeló al “costo social involucrado por la falta de conectividad en la VIII Región, en circunstancias que dicho plazo no debía ser considerado de forma aislada, por cuanto dependía completamente de factores externos, y necesariamente anteriores, tales como el estudio de suelo, el diseño de pilotes, la licitación para la construcción de la infraestructura, la entrega del terreno, los que en definitiva importaron exceder los tiempos primitivamente estimados, y que resultaron tan relevantes para la aludida recomendación”.
Actualmente, el fiscal Centro Norte, José Manuel Ramírez, investiga el posible fraude al fisco en la compra del puente, luego que los diputados DC Gabriel Ascencio, Gabriel Silber y Ricardo Rincón presentaran una querella en este sentido. La acción legal fue ingresada por los parlamentarios, luego que este medio publicara íntegramente el informe “secreto” sobre la adquisición del viaducto.
El perseguidor ya decretó una diligencia a la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones (Bridec) para establecer las circunstancias primarias de la compra.
Hay que recordar que recientemente el Consejo de Defensa del Estado (CDE) designó al abogado Marcelo Oyarcabal con miras a hacerse parte del caso si los antecedentes lo ameritan.
Por último, la Contraloría debiera enviar un dictamen similar el Ejército para que reabra la indagatoria que se ordenó por la compra del puente.
