Ha dicho en varias oportunidades que se desprendió de toda participación en la universidad que ayudó a fundar a fines de los ’80. Pero hasta el minuto, no hay ningún documento que lo demuestre. Por el contrario, los registros públicos no indican ninguna modificación. Dos requerimientos de estudiantes, ante la Contraloría y el Ministerio de Justicia, buscan aclarar la situación. Mientras, algunos diputados quieren formar una comisión para investigar el tema.
El 20 de abril de este año, el Presidente de la República firmó el proyecto de ley de Probidad en la Función Pública. (Boletín 7616-06)
El texto incluye la obligación de crear un mandato o fideicomiso “ciego” que se encargue del patrimonio de los funcionarios públicos al momento de asumir en el Estado.
Ese día Piñera afirmó que el proyecto se enviaba al Congreso con el espíritu de “establecer reglas claras, que sean conocidas tanto por los ciudadanos como por las autoridades, en lo relativo a la administración del patrimonio, la información de los intereses y la obligación de enajenación de ciertos activos, para lograr que se cumpla aquel principio básico, que es que el interés público siempre debe predominar sobre el interés particular y el bien común sobre el bien privado en las actuaciones de todos los funcionarios públicos”.
En junio, Cristián Larroulet, el ministro de la Segpres, encargado de llevar adelante la iniciativa, estaba muy satisfecho porque el proyecto de ley fue aprobado en forma unánime en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
“El proyecto busca entregar mayor transparencia a la gestión pública y alcanzar un Estado que responda mejor a las inquietudes y exigencias de la ciudadanía”, dijo.
Por suerte, el proyecto ha tenido una tramitación expedita en relación a otras leyes. Si se aprueba en los próximos meses, será más fácil saber quien administra los activos del propio Larroulet así como los del Ministro de Educación, Joaquín Lavín, ligados ambos a la Universidad del Desarrollo (UDD).
En la mañana de este lunes Larroulet respondió al periodista Mauricio Hoffmann que “los activos” que lo vinculan con la casa de estudios están en un fideicomiso ciego. Aunque sin especificar la entidad que los administra. Tal como lo hizo en su momento Sebastián Piñera, que dejó unos US$ 1.400 millones en manos de cuatro instituciones (Bice, Celfin, Larrain Vial y Moneda)
[cita]El ministro ha dicho en todos los tonos que no tiene vínculo alguno con la universidad y el registro del SII lo probaría. El Mostrador solicitó antecedentes en este sentido al Ministerio de Educación, sin que hasta el cierre de esta nota hubiese una respuesta. Paralelamente se preguntó a la Universidad del Desarrollo si Ainavillo era parte de los propietarios. Pero “la persona que puede contestar” no estuvo disponible.[/cita]
Cristián Larroulet, a través de El Otoñal S.A., es parte de la inmobiliaria Ainavillo S.A. una sociedad anónima cerrada. Según los registros públicos, esta inmobiliaria arrienda cuatro propiedades en las que funciona la Universidad del Desarrollo en Concepción.
Ainavillo S.A tiene entre sus propietarios a Estudios Económicos Ltda. Esta empresa aparece en la Declaración de Intereses de Joaquín Lavín. El documento consigna además que el ministro participa en la administración de la sociedad, que tiene un capital de $1.106.914.909.
Según datos aportados por María Olivia Monckeberg en su libro “El Negocio de las Universidades en Chile” (2007), Estudios Económicos Ltda, tenía un 15% de Ainavillo S.A. Esto, hasta 2001. El resto correspondía en distintos porcentajes a Inversiones El Otoñal S.A. (de Larroulet); Inversiones Sydarta Limitada, de Ernesto Silva Bafalluy, rector de la Universidad; Inversiones El Estribo, de Federico Valdés, presidente de Azul Azul ; y Administraciones e Inversiones Penta, de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
Consultados los registros del Diario Oficial, las últimas modificaciones corresponden al 27 de enero de 2005. Según el extracto, los hijos del ministro, Joaquín y María Estela, reciben un 5% de la sociedad cada uno.
La otra modificación corresponde al 19 de enero de 2006 y tiene relación con la posibilidad de que la empresa pueda tener “agencias u oficinas” en otras ciudades, aparte de Santiago, donde figura su domicilio.
Respecto de que Ainavillo se haya desvinculado de Estudios Económicos o viceversa, los registros no dicen nada. Y en ello no hay nada ilegal. Porque se trata de una sociedad anónima cerrada, que no está obligada a informar de sus movimientos.
Para que Joaquín Lavín, o sus hijos, se hayan desprendido de sus acciones en Ainavillo a través de Estudios Económicos, bastan dos testigos en una notaría. La única institución que guarda registro de la operación es el Servicio de Impuestos Internos, cuya base de datos no es de acceso público.
Pero en cualquier caso, el documento existe. El ministro ha dicho en todos los tonos que no tiene vínculo alguno con la universidad y el registro del SII lo probaría. El Mostrador solicitó antecedentes en este sentido al Ministerio de Educación, sin que hasta el cierre de esta nota hubiese una respuesta. Paralelamente se preguntó a la Universidad del Desarrollo si Ainavillo era parte de los propietarios. Pero “la persona que puede contestar” no estuvo disponible.
Con la intención de obtener respuestas, un grupo de dirigentes universitarios pidió a la Contraloría este martes aclarar los vínculos de Lavín con la UDD, o a quién traspasó sus activos.
Ayer, el grupo de dirigentes de la Fech y otras universidades se acercó al ministerio de Justicia para solicitar antecedentes respecto a si en el período a cargo de la Universidad, Lavín -como Vicepresidente de la junta directiva de la UDD-, lucró al recibir rentas desde las inmobiliarias, que provenían a su vez desde la universidad.
Pero la cartera contestó que ni las fundaciones ni las corporaciones “se inscriben en el Ministerio de Justicia, sino que en la Unidad de Registro Institucional, del Departamento de Relaciones Institucionales, dependiente de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación”.
Por su parte, el diputado DC Mario Venegas logró aprobar una comisión investigadora que aclare el tema del lucro en la educación superior, considerado ilegal. “Queremos saber si el ministro ganó dinero o no, y cuanto ganó”, sostuvo Venegas.
