Políticos y reconocidos empresarios están siendo investigados y algunos multados por usurpación de aguas y construcción de drenes no autorizados. Además de Edmundo Pérez Yoma y Eduardo Cerda se encuentran bajo la lupa Marcelo Trivelli y Martín Strazza. También lo está el enólogo Aurelio Montes, cuya agrícola está vinculada, según fuentes de la DGA, a la salida de uno de los dos fiscalizadores que había en la zona.
En medio de la crisis hídrica y de las acusaciones de extracción ilegal de aguas que enfrentan importantes agrícolas de la provincia de Petorca, la Dirección General de Aguas (DGA) regional se encuentra coja: la directora suplente, Patricia Macaya, fue trasladada como titular de la Región Metropolitana y la semana pasada fue removido de su cargo uno de los fiscalizadores de la V Región, Juan Carlos Pröschle, encargado justamente de investigar las denuncias relativas a usurpación de aguas.
También fue sacado del cargo, en junio pasado, el gobernador de la provincia, Gonzalo Miquel, según asegura él por su rol en torno a la investigación en la zona del tema hídrico, que involucra a importantes políticos y empresarios. Entre ellos el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y el diputado Eduardo Cerda (DC), que tuvo que inhabilitarse como miembro de la Comisión Investigadora de extracción ilegal de aguas y áridos en los ríos del país, justamente por la denuncia realizada por la Dirección de Aguas (DGA) ante el Ministerio Público de Valparaíso por el presunto delito de usurpación de aguas por parte de la agrícola “Pililén”, en que Cerda tiene un 10% de participación y que también está ligada a sus hijos.
Pero no son los únicos. Entre otros empresarios y políticos que han enfrentado investigaciones por parte de la DGA por el mismo tema en la zona, se encuentran el ex intendente metropolitano Marcelo Trivelli, por la Agrícola Liguana, en que se cerró el expediente pero se abrió otro contra Agrícola Azul Ltda., ligada a su hermano Gonzalo Trivelli, que está actualmente en trámite. Al respecto, el ex Intendente señala que “esto es una cuestión política, en una investigación no cambias de un lugar a otro y de hecho la Agrícola Azul está a 60 kilómetros de distancia”.
Otra investigación en marcha es por el almacenamiento de micro embalses en la agrícola Los Graneros, ligada al cuñado de Pérez Yoma, Osvaldo Jünemann.
Además, el ingeniero civil hidráulico Alberto Piwonca, de Agrícola Pullacón, deberá pagar una multa ante el Juez de Letras por petición de la DGA por realizar faenas sobre el cauce del río Ligua sin contar con autorización.
[cita]Dentro de las sociedades que enfrentan líos hídricos en la zona se encuentra la Agrícola Viña Zapallar, ubicada en el sector de Catapilco, y cuyos socios son el conocido enólogo Aurelio Montes, fundador de la Viña Montes, la primera que produjo vinos premium en Chile, y los empresarios Andrés Turner, Patrick Turner y Patricio Bambach.[/cita]
Según el concejal de Petorca, Rodrigo Cuevas “lo que más complica es que todo se ha visto en el valle de Cabildo siendo que los drenes y la falta de agua más extrema esta en el río Petorca”, recalcando que hay tres agrícolas que “tienen el valle seco” y contra las que se han hecho una serie de denuncias. Una de ellas es la Agrícola Petorca, ligada a los empresarios Martín Strazza Silva, cuya familia es accionista de la multitienda Falabella, y Juan Cristóbal Vial. También la agrícola Río Tinto, del empresario Álvaro Gazmuri.
Otra investigada es Agrícola El Sobrante Limitada, cuyo representante legal es Francisco Ignacio Álamos Jordán, cuñado del Presidente y senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Anteriormente se habían investigado sus agrícolas San Ignacio y Chalaco, pero se cerraron las investigaciones por no constatarse infracciones. Según Álamos el juzgado de Petorca ya investigó y salieron exonerados. “Llevo 25 años en la zona y nunca hemos usurpado aguas. Tenemos las pruebas y documentación en orden que determinan nuestra inocencia en lo que se nos imputa”, asegura.
El Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima), ha realizado varias de estas denuncias y ha ido recopilando gran cantidad de información al respecto. Según uno de sus integrantes, Ricardo Sanhueza, antes y a pesar de que llovía poco nunca se agotó el recurso. “Y ahora tenemos un año que no llueve y los pozos se secaron, no había para tomar ni usar los baños. Eso nos confirma lo que denunciamos: aquí se está sobreexplotado el recurso”.
Como ejemplo relata que en algunas poblaciones, como Los Molinos, que se abastecen a través del Agua Potable Rural (APR), “quedaron secos porque generalmente están cerca de algunas agrícolas. El ejemplo más concreto es en San Lorenzo, poblado que queda junto a la agrícola Pullacón de Piwonka, que hizo una batería de pozos y unos drenes a unos 300 metros del comité de agua potable rural de Los Molinos. Y ahí se secaron totalmente los pozos. Tenía que ir el camión aljibe una vez a la semana. La gente hacía caca en bolsas plásticas todo el verano hasta mayo”.
El ex gobernador, Gonzalo Miquel, coincide con esta mirada y recalca que años anteriores hubo menor cantidad de lluvias, pero que la escasez hídrica que afecta a la zona y la población “se atribuye de todas maneras a la usurpación de aguas. Esto es un robo de terno y corbata. Y si este año no superamos los 300 milímetros de pluviometría no va a haber agua ni siquiera para llenar los camiones aljibes. Es tan sencillo como eso”.
Dentro de las sociedades que enfrentan líos hídricos en la zona se encuentra la Agrícola Viña Zapallar, ubicada en el sector de Catapilco, y cuyos socios son el conocido enólogo Aurelio Montes, fundador de la Viña Montes, la primera que produjo vinos premium en Chile, y los empresarios Andrés Turner, Patrick Turner y Patricio Bambach.
Es este caso en particular -según señalan fuentes al interior de la DGA- el que habría generado un clima enrarecido dentro de la repartición, y que habría gatillado la salida del ingeniero agrónomo y fiscalizador del servicio sectorial de la V Región, Juan Carlos Pröschle. Según esta versión la remoción del funcionario no fue casual y estaría relacionada con la molestia del director nacional de la institución, Matías Desmadryl, por las investigaciones que el profesional estaba llevando.
Consultado al respecto, Pröschle declinó dar declaraciones, pero no descartó apelar sobre la decisión en la instancia que corresponda. En tanto desde la DGA señalan que la desvinculación del funcionario “responde a un deficiente desempeño laboral, que consta en su hoja de vida con registros que datan desde el año 2009 a la fecha”.
Al respecto Gonzalo Miquel discrepa con la evaluación de la DGA, ya que asegura que “es un profesional muy comprometido, muy correcto y que conoce la problemática de la provincia de Petorca como la palma de su mano. Entonces creo que tiene que haber una investigación y saber por qué lo sacaron realmente”.
