La omisión de observaciones que señalaban que el proyecto no se hacía cargo de varios impactos que afectarían las dimensiones geográficas y el bienestar social básico de la comunidad, pone en jaque otra vez la aprobación de la apuesta de Endesa y Colbún.
Este miércoles continúan los alegatos en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt por siete recursos de protección que mantienen paralizado el proyecto HidroAysén, aprobado en mayo pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la undécima región.
De ser acogidos los recursos, que pretenden anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que dio luz verde al proyecto de Endesa y Colbún que busca construir cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, se paralizaría la apuesta energética permanentemente y se tendría que presentar nuevamente un estudio de impacto ambiental.
Paralelamente a esta arista judicial, HidroAysén enfrenta dos querellas en contra de varios servicios sectoriales, donde se habrían adulterado los informes finales de la evaluación del proyecto para impulsar su aprobación. Los servicios en jaque son Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Planificación, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) la Dirección General de Aguas (DGA) y Conaf. Este último caso se presentó en una querella aparte en Santiago, mientras los otros cuatro forman parte de una querella presentada en la Fiscalía de Coyhaique. Querella que prontamente sumará un quinto caso.
El 25 de abril el director de Vialidad de Aysén, Leonardo García, envió al seremi del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Quemel Sade, el pronunciamiento de su equipo en respuesta a la tercera Adenda presentada por HidroAysén.
Las observaciones que hacía el organismo empezaban con un breve pero contundente párrafo: “Dentro de las actividades asociadas con la infraestructura vial, el Proyecto HidroAysén afecta significativamente y no se hace cargo de los siguientes impactos que afectan las dimensiones geográfica y el bienestar social básico”.
Dentro de los siete puntos se detallaban, entre otros, problemas vinculados principalmente al uso de la ruta 7 (camino longitudinal austral) que originaría el proyecto disminuyendo el nivel de servicio en invierno.
[cita/]De ser acogidos los recursos, que pretenden anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que dio luz verde al proyecto de Endesa y Colbún que busca construir cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, se paralizaría la apuesta energética permanentemente y se tendría que presentar nuevamente un estudio de impacto ambiental.[/cita]
Pero en el consolidado que contenía las observaciones de Vialidad, Obras Hidráulicas, Aguas y Arquitectura que Sade subió al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) ese mismo día, la frase que mostraba inconformidad con el proyecto por parte de Vialidad fue omitida. Tampoco se incluyó la observación sobre los problemas viales que el tránsito de vehículos vinculados a la empresa generaría en la ruta. Ni que, debido a que las pasarelas fiscales de El Manzano y Los Ñadis serían inundadas y reemplazadas por HidroAysén por otra estructura, era necesario exigir a la empresa a esperar un año entre la entrega de las nuevas pasarelas y el llenado de los embalses Baker 1 y Baker 2, con el fin de que Vialidad pudiera recuperar, para su reutilización, las estructuras reemplazadas.
El informe que salió a la luz pública tampoco mencionaba la exigencia que instruía la necesidad de que HidroAysén elaborara un estudio de impacto vial “orientado a determinar los sitios que puedan generar problemas de seguridad, asociados al sistema de gestión para operar en la ruta indicando los sectores más vulnerables del tramos, así como proponer medidas para evitarlos”.
Estas omisiones permitieron que el informe final del MOP se pronunciara favorablemente y sin ninguna observación a HidroAysén, tras lo cual el 9 de mayo el seremi votó favorablemente por su construcción. Lo que hizo dos veces, ya que sumó a su voto el de la seremi de Minería, Victoria Moya, quien se inhabilitó porque había trabajado en una consultora que es contratista de HidroAysén.
Ante esta situación, desde la Seremi de Obras Públicas de Aysén señalan que no hubo omisiones sino que “de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los informes de los órganos del Estado deben ser efectuados en conformidad a las competencias del Servicio y corresponder a materias ambientales. En este caso, aunque la observación de la Dirección Regional de Vialidad podría ser válida, no es atingente al proceso ambiental”.
El abogado de Patagonia Sin Represas, Marcelo Castillo, explica que esta nueva arista será incluida en los próximos días dentro de la querella que está siendo investigada por el fiscal de Aysén, Patricio Jory.
Monumentos Nacionales también será incluido. En agosto una ex funcionaria denunció que en medio del análisis de la segunda adenda-informes complementarios al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, la entonces Comisión Nacional del Medio Ambiente (ConamaI) citó a los funcionarios del servicio a una reunión en Santiago. Allí se les informó que se les entregaría una adenda “no oficial” para que la corrigieran y devolvieran a la empresa. Luego de que los funcionarios hicieran esto, que es absolutamente irregular en este tipo de procesos, HidroAysén ingresaría oficialmente el documento al sistema. Lo que así hizo.
El fiscal Jory ya ha realizado una serie de diligencias en torno a estas denuncias, entre ellas la incautación de computadores desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Coyhaique de personal que participó en los informes de evaluación de impacto ambiental.
Castillo explicó que esta es una “investigación reservada. Ha sido súper acuciosa y muy documentada, por lo que se están acreditando con evidencias que hubo adulteración de informes”.
Por otra parte, detalla el abogado, pretenden añadir una nueva querella, esta vez relacionada con “delitos cometidos en la DGA por negociación incompatible y fraude al fisco: hay funcionaros de este servicio que han desarrollado actividades para favorecer el proyecto”.
A diferencia de los recursos de protección que se llevan en Puerto Montt, en estas querellas HidroAysén no se ha hecho parte.
