Romano, suspendido en sus funciones por el proceso que se sigue en su contra, está procesado por su presunta participación en 103 delitos cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).
Las Abuelas de Plaza de Mayo manifestaron este sábado su «profundo malestar» por «la visa de ocho meses» que Chile entregó al juez argentino Otilio Romano, requerido por la justicia de su país a raíz de su procesamiento por delitos cometidos durante la dictadura.
«Reclamamos su urgente extradición y esperamos que se rechace su solicitud de asilo político (en Chile), puesto que sólo se trata de un ardid para evadir las graves imputaciones que debe enfrentar», señaló la entidad en un comunicado.
Este viernes, el fiscal de la Cámara Federal de la provincia argentina de Mendoza, Omar Palermo, pidió la captura internacional con prisión preventiva del juez Romano, quien gestiona en Chile una solicitud de refugio.
El pedido de captura fue elevado ante el juez Walter Bento, quien deberá responder en los próximos días a la solicitud.
«La cobarde huida de Romano es una muestra más de su accionar contrario a la justicia. Por lo tanto, esperamos una rápida respuesta de los órganos competentes que derive en el retorno del funcionario al país para que, finalmente, sea destituido y condenado», subrayaron las Abuelas.
«Expresamos nuestro profundo malestar por la visa que el Gobierno chileno entregó a Romano por ocho meses», afirmaron.
Romano, suspendido en sus funciones por el proceso que se sigue en su contra, está procesado por su presunta participación en 103 delitos cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).
Según explicaron a Efe fuentes del Ministerio del Interior de Chile, a los solicitantes de refugio se les entrega una visa temporal de ocho meses hasta que se define su situación, de acuerdo con la Ley de Protección al Refugiado.
Después de que se conociera su salida de Argentina, el juez Bento citó a Romano para que se presentara ante los tribunales de Mendoza por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos durante el régimen militar, cuando era fiscal de la provincia de Mendoza (oeste), vecina a Chile.
El plazo de su citación se cumplió el pasado miércoles sin que se conociera el paradero del juez, lo que llevó a los querellantes de la causa a pedir su captura internacional.
A raíz del proceso judicial en su contra, el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado de la designación y control de jueces, suspendió por unanimidad a Romano el pasado 25 de agosto, un día después de que éste viajara a Santiago de Chile.
