Aludiendo al limitado espacio de tiempo para discutir materias de alta complejidad, los gobiernos optaron por redactar un documento con conclusiones recogidas en base a un debate que se prolongó por 3 días, en el cual se destacó: “la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río”.
Los gobiernos de la región asumieron una serie de compromisos generales como parte del proceso para la Cumbre Río+20, durante la última jornada de la Reunión Regional Preparatoria para América Latina y El Caribe (PREPCOM), realizada en la sede de la CEPAL, en Chile.
Sin embargo, la poca voluntad mostrada por los gobiernos dejó sin efecto uno de los objetivos más esperados: la firma de una declaración final que oficializara los acuerdos.
Aludiendo al limitado espacio de tiempo para discutir materias de alta complejidad, los gobiernos optaron por redactar un documento con conclusiones recogidas en base a un debate que se prolongó por 3 días, en el cual se destacó: “la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río”.
Andrea Sanhueza, vocera de Corporación Participa y Coordinadora en América Latina de la Iniciativa de Acceso, manifestó su preocupación ante la ausencia de suficientes espacios de discusión de cara a la Cumbre Río +20, considerando el escaso tiempo que queda para el inicio de esta conferencia mundial. “De ahí la importancia de aprovechar al máximo estos escenarios para avanzar en una agenda regional concreta, que permita cumplir con los compromisos ya adquiridos”, señaló.
Finalmente destacó la activa participación y la articulación durante el desarrollo de la reunión, con los demás actores de la sociedad civil presentes en la PREPCOM.
Durante la sesión de clausura, Verónica Cipolatti, coordinadora nacional de la Iniciativa de Acceso Argentina, en representación de las ONG presentes en la conferencia, destacó en su intervención que “el derecho a la información, la participación y el acceso a la justicia deben ser una realidad en los países de la región, por eso proponemos iniciar un proceso de consultas a fin de explorar la viabilidad de un convenio regional de derechos de acceso”.
