Hace más de un mes los universitarios comenzaron la elaboración de un documento que servirá de base para su propuesta de hoy, donde estos tres instrumentos son los fundamentales para lograrla. “Gratuidad para todos es una aspiración, pero es algo que no podemos dar”, dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Sin embargo, diversos estudios y expertos –cuyas ideas han sido escuchadas por los estudiantes- explican con números, por qué no es sólo un anhelo.
El sábado 27 de agosto, mientras se desarrollaba la reunión semanal de la Confech organizada por estudiantes mapuche en Temuco, se estableció que la gratuidad debía ser uno de los principales temas en una eventual reunión o mesa de trabajo con el gobierno. Para eso, se formó una comisión de aproximadamente 20 personas representantes de distintas federaciones.
La propuesta se terminó de trabajar en el Confech realizado en Valparaíso, el 15 de septiembre pasado. “El documento tenía que ser sólido y sería la principal argumentación para sostener esta prioridad”, cuenta Cristian Oñate, egresado de Derecho de la Universidad Austral de Valdivia y uno de los encargados de reforzar la viabilidad financiera y jurídica de la propuesta de la Confech que se enfoca principalmente en una reforma tributaria.
Se trata sólo de un documento de apoyo que aún falta por discutir para establecer como definitivo, pero entrega las bases de la propuesta con la que los estudiantes se sentarán hoy a la mesa con el Ejecutivo.
Según este borrador –al que tuvo acceso El Mostrador– (Ver documento adjunto), los principales ejes están centrados en el Royalty, recuperación de recursos naturales y Reforma Tributaria. Algunos de los principales puntos dentro de estos ejes son terminar con la evasión, por la que el Fisco pierde alrededor de US$ 5 millones anuales. En este punto, una de las propuestas es terminar o disminuir la evasión mediante los precios de transferencia en la venta de concentrados, agregando un inciso a la Ley de Renta.
También se mencionan las pérdidas en los mercados de futuro: “Las empresas mineras pierden varios miles de millones de dólares en los mercados de Futuros del Cobre”, que ganan operadoras o empresas relacionadas, señala el informe.
Otro de los puntos relacionados con la reestructura del sistema impositivo implica aumentar el Impuesto Adicional a la Renta de 35% a 50%. “Este es el impuesto que pagan las personas o empresas extranjeras que tienen renta de fuente en Chile, por ejemplo, las mineras, los bancos, las AFP, etc”, explica el documento que también hace referencia al impuesto que pagan las empresas en Chile y que equivale al 17% de las utilidades que perciben por año. “Lo que en consideración de otros países es muy bajo”, anota el informe.
[cita]En el corto plazo la escena podría ser ésta, según Frigolett: “En lugar de operar con regla de déficit estructural del 1% –con la que opera la administración Piñera– operemos con regla del déficit estructural del 2%, que en función de los parámetros para el precio del cobre y crecimiento de largo plazo, significa que no exista ni superávit ni déficit efectivo. Eso nos entregaría US$ 2.200 millones. Los otros mil millones los obtenemos a través de la Ley Reservada del Cobre, repartiendo el 10% de las ventas de Codelco a partes iguales entre educación y FF.AA.”.[/cita]
El estudio también se enfoca en el gran gasto en Defensa que se realiza en Chile –es el segundo país con mayor gasto por debajo de Colombia– y también la Ley Reservada del Cobre. El gasto militar en Chile en el año 2010 (3,1% PIB) fue de US$ 6.198 millones. “Si se reduce el gasto de este año en un 1% permite ahorrarse al Estado chileno una suma de US$ 1.999 millones, lo cual es equivalente a financiar la totalidad de los aranceles de los trescientos mil estudiantes que pertenecen a las universidades del CRUCH (considerando un arancel promedio de $3 millones anuales)”.
Según Patricio Contreras, vocero de la Confech y presidente de la Universidad de Los Lagos, el fuerte de la discusión será la “recuperación de recursos naturales como fuente de financiamiento para que se garanticen los derechos sociales; entre estos la educación. También será importante una reforma tributaria para avanzar hacia la corrección de las desigualdades sociales y garantizar los derechos sociales”.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Chile pertenece, el país invierte 2,0% del PIB en educación terciaria del 6,2% total del que invierte en educación. Y de este 2% sólo el 0,3% del PIB es invertido por el Estado en las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). El 1,7% corresponde a responsabilidad de las familias.
Tomando en cuenta esta realidad es que diversas instituciones y expertos han elaborado documentos que han servido de inspiración para los argumentos de fondo de la Confech. Una de ellas es la Fundación Terram. Hernán Frigolett, economista de esta institución, refuerza la vía tributaria –con proyectos a mediano y largo plazo– y lo explica así: “Los ejes de la reforma son dos en el mediano plazo: reducir las exenciones de la Ley de Renta, tratando de tener un predicamento que permita tener a igual renta igual pago de impuesto. El segundo eje es hacer un incremento del impuesto de primera categoría desde el 17% actual elevarlo gradualmente hasta llegar a un 25%. Además, se debería homologar el impuesto adicional que pagan las empresas extranjeras cuando envíen el dinero al exterior –que actualmente pagan 35%– con la tasa marginal del 40% del impuesto global complementario, que es el tramo máximo que pagan todos los chilenos una vez al año. Todo esto debería permitir incrementar la recaudación en 4% del PIB, que al día de hoy corresponde a US$ 8 mil millones. Esto permitiría financiar tres requerimientos ciudadanos, como la educación que implica entre 3 mil y 4 mil millones de pesos por sobre el presupuesto que se le asigna al sector, la salud pública y la previsión que requerirá de aportes suplementarios por las falencias que ya muestra el sistema de capitalización individual.
En el corto plazo la escena podría ser ésta, según Frigolett: “En lugar de operar con regla de déficit estructural del 1% –con la que opera la administración Piñera– operemos con regla del déficit estructural del 2%, que en función de los parámetros para el precio del cobre y crecimiento de largo plazo, significa que no exista ni superávit ni déficit efectivo. Eso nos entregaría US$ 2.200 millones. Los otros mil millones los obtenemos a través de la Ley Reservada del Cobre, repartiendo el 10% de las ventas de Codelco a partes iguales entre educación y FF.AA.”.
A comienzos de este año, la Confech encargó un estudio sobre el financiamiento de educación superior en Chile al Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda). Las cifras decían, entre otros puntos, que la educación chilena se financiaba así: 60% del aporte correspondía a la familia, 15% al Estado y 25% a otros privados.
Pablo Jorquera, economista de este organismo, señala, respecto a la elusión, que “de las utilidades retenidas que no pagan impuestos, también pueden salir recursos. El gasto tributario asociado a las utilidades retenidas que no pagan impuestos es cerca de 2% del PIB y eso es más o menos lo que cuestan algunas demandas de los estudiantes universitarios”.
Jorquera señala que por este motivo es que la viabilidad de la reforma tributaria, y la reforma educativa, depende más de una respuesta política que meramente económica.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Camila Vallejo, puso en duda este lunes las afirmaciones que ha realizado el Ejecutivo sobre la partida de Educación contenida en el proyecto de Ley de Presupuesto 2012.
La iniciativa considera recursos por US$ 11.650 millones para Educación, según el gobierno la mayor cifra en la historia del país, que equivale además a un incremento de 7,2% en relación a 2011.
Este último dato es el que la dirigenta estudiantil cuestionó en base a un análisis que realizó el economista Orlando Caputo. “Puede ser un esfuerzo extraordinario si el 2011 aumentó un 13%, el 2010 y 2009 un 15% y el 2008 un 24%”, se preguntó Vallejo en Twitter.
Hace dos meses y medio que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) trabaja en una propuesta consistente para discutir la gratuidad en una mesa de trabajo con el gobierno.
Uno de los ejes más importantes de esta propuesta es que el sistema tiene que ser estatal, gratuito, de excelencia y con control comunitario. Este último concepto, es uno de los más destacados de su propio documento. “Se trata de relevar la participación de la ciudadanía en la educación. El modelo que planteamos es porque haya un control de la comunidad, por escuela o liceo. La idea es que se resuelva en asambleas”, señala Alfredo Vielma, vocero de la ACES.
“El principal apoyo que ha recibido la asamblea proviene del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) y de académicos expertos en materia de economía y educación”, dice Vielma.
¿Es factible destinar recursos a lograr que los estudiantes no paguen? “Hay varios estudios que plantean que es absolutamente posible”, dice Rodrigo Cornejo de OPECH y lanza un conocido ejemplo: “Lo que se necesita hoy para un sistema gratuito es 4 mil millones de dólares más del Presupuesto ordinario. Eso es lo que se utiliza, por ejemplo, en gasto militar. Si dejaras de gastar en armas y lo gastas en educación, es posible”, cierra Cornejo.
Los estudiantes agrupados en la ACES no sólo miraron el modelo finlandés de educación y centraron su atención en la comunidad, también pusieron sus ojos sobre algunos elementos de control comunitario del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) de Brasil.
Otro de los puntos que remarca el documento de la ACES –que entregarán a cada uno de los participantes a la mesa de trabajo este miércoles– tiene relación también con un sub-sistema integral de educación técnica: continuidad y articulación de la educación media Técnico Profesional y la educación técnica y universitaria.
En términos generales, los estudiantes han mirado trabajos de reconocidos expertos, como “Radiografía del Financiamiento de la Educación en Chile”, un estudio hecho por el economista Marco Kremerman el año 2007 y que resultó pionero en este tipo de análisis.
Respecto a la educación secundaria señalaba, por ejemplo, que desde el año 81 para delante este segmento se refuerza vía privatización, sin planificación territorial, sin tratamiento especial de la educación pública y sin un cálculo de cuánto cuesta educar a los niños. “A las escuelas públicas se les dejó morir y las subvencionadas se comieron toda la matricula pública. La matrícula pública va a representar cerca de un tercio de la matricula total en Chile el próximo año y hoy ya existen 72 comunas que tienen una oferta pública inferior al 30% en relación a la población en edad de estudiar de esa comuna”, dice Kremerman.
Otro documento de Kremerman sobre la educación superior también ha sido lapidario. En él se da cuenta, por ejemplo, de la lenta muerte que sufrió la educación superior: “En los años 70 existían 8 universidades estatales y entre el 75% y 80% de sus ingresos correspondían a fondos públicos. Hoy tenemos entre ocho y nueve que reciben menos de 10% estatal y el promedio no supera el 20%. Las universidades desfinanciadas han tenido que acudir al autofinanciamiento”.
