Fortalecer el rol del Estado, terminar con la municipalización, poner fin al lucro y eliminar la jornada escolar fueron algunas de las propuestas inicialmente escuchadas por el gobierno, pero que salieron del mapa con el famoso “acuerdo de las manitos” entre la Concertación y la Alianza. El rol de Chadwick y Larroulet, la necesidad de Viera Gallo de mostrar un logro político para sacar a la Presidenta del fondo de las encuestas, las presiones de Palacio sobre los parlamentarios oficialistas y el temor al conflicto son parte de la trama de una historia en dos actos que aún no tiene epílogo.
“Yo no entiendo mucho de educación, pero necesito que la Presidenta (Bachelet) apruebe un proyecto. Que tenga un éxito político”, habría explicado José Antonio Viera Gallo, en ese entonces ministro secretario general de la Presidencia, al senador Ricardo Núñez (PS) y al diputado Carlos Montes (PS) a fines del 2007, como asegura una fuente cercana a los involucrados. Los parlamentarios habían ido a visitar a Viera Gallo, para explicarle su oposición a la iniciativa del Ejecutivo en materia educacional. El escenario era complejo. La “revolución de los pingüinos” del año anterior, había debilitado aún más la aprobación del gobierno –afectado por el Transantiago- y ponerle fin al conflicto estudiantil, con la promulgación de la nueva Ley General de la Educación (LGE), era un objetivo político clave.
En Septiembre del 2007, Bachelet tocaba fondo y presentaba su peor aprobación hasta ese momento: un 35% según la encuesta Adimark. El primer intento por sustituir la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) había fallado en abril, luego de que la Alianza ese mismo mes presentara un contraproyecto. Con las iniciativas empatadas, se hizo necesario un gran acuerdo educacional y tras cuatro meses de trabajo de una comisión político-técnica de ambos bandos, el gobierno, el oficialismo y la oposición posaron en La Moneda sonrientes con las manos tomadas en el aire.
Con el acuerdo sellado, el gobierno envió en noviembre de 2007 un nuevo proyecto de LGE y los pingüinos vieron cómo, nada de lo que se les prometió inicialmente, estaba incluido en dicha normativa. Más de un año antes, en junio del 2006, los escolares habían optado por bajar las tomas y paros para formar parte del Consejo Asesor Presidencial convocado por la Presidenta Bachelet, y de esta forma parar el foco de presión hacia el gobierno en busca de soluciones. Para el senador Alejandro Navarro (MAS) esta “es la principal causa de la profunda desconfianza que hoy los estudiantes tienen, sobre el parlamento y el propio gobierno. No se resolvieron las demandas pingüinas y la mejor prueba es la revolución del 2011”.
Tras 126 días de gobierno, el 14 de Julio de 2006 la Presidenta Bachelet realizaba su primer cambio de gabinete. La “revolución pingüina” cobraba sus primeras víctimas: el ministro del Interior, Andrés Zaldívar y el ministro de Educación, Martín Zilic. Semanas antes, el gobierno había decidido romper el nexo con el movimiento estudiantil, que había estado encabezado por el senador Mariano Ruiz Esquide (DC), los ministros salientes y uno de los asesores de Zaldívar, el también ex senador DC Sergio Páez. La sintonía de Ruiz Esquide con las demandas estudiantiles sobre el fortalecimiento de la educación pública y el término de la municipalización, fueron las razones que tuvo el gobierno para hacerlo a un lado, según explican varios parlamentarios.
[cita]Varios parlamentarios de la Concertación aseguran que “la presión del gobierno para que aprobáramos el proyecto era muy fuerte” y las llamadas de José Antonio Viera Gallo –entonces Secretario General de la Presidencia y de la propia Bachelet, eran constantes. El Senador Navarro asegura que en un comité central del PS el 2007, “la Presidenta (Bachelet) llamó a Camilo Escalona en medio de la comisión y le pidió el apoyo del partido. Mientras Viera Gallo decía que (no aprobar el proyecto) era dejar abandonada a la Presidenta”.[/cita]
“Recibí una llamada del ministro (vocero) Lagos Weber, diciendo que el gobierno consideraba que nosotros estábamos actuando sin su respaldo y que no nos daban espacio para seguir trabajando. Eso hizo que yo renunciara a la función que estaba realizando”, asegura el senador Ruiz Esquide. Luego vino la caída de Zilic y Zaldívar, el acuerdo de los estudiantes con el gobierno para avanzar en soluciones y finalmente, la comisión de expertos convocada por Bachelet, donde los pingüinos aceptan bajar las tomas y paros.
Negociar y presionar simultáneamente, había sido una de las estrategias de los estudiantes, la que había sido criticada fuertemente por Bachelet. Pero sin presiones y con la comisión en marcha, poco a poco se fueron dejando de lado las principales demandas estudiantiles. Las ideas de fortalecer el rol del Estado, terminar con la municipalización, poner fin al lucro y eliminar la jornada escolar completa, fueron quedando en el tintero. La presión de la derecha, sus medios y centros de estudio ya se sentía sobre el gobierno. “Al final, se concretó un proyecto de ley que contradecía todas las primeras consultas que habíamos hecho en el gobierno y la Concertación”, asegura Ruiz Esquide. El senador explica que hicieron algo muy ridículo, “dijimos que el proyecto de la Presidenta no contenía lo que nosotros queríamos, pero como queríamos avanzar lo aprobamos”.
“Es por esta naturaleza social del derecho a la educación que se entiende como ajeno a esta actividad la obtención del lucro”, se leía en el proyecto original de la LGE, presentado por el gobierno de Michelle Bachelet, en abril del 2007. Pero la Alianza reaccionó rápidamente y cuando se empezó a negociar el acuerdo educacional fueron claros: “Si se discutía el lucro y el financiamiento compartido, se retiraban”, como asegura el diputado Carlos Montes (PS). En la derecha, el ex senador Andrés Chadwick (UDI) –actual vocero de gobierno– fue uno de los principales articuladores del acuerdo y de los más “duros”, como recuerdan varios parlamentarios de la Concertación.
No sólo la derecha se oponía a terminar con el financiamiento compartido, porque “en la DC siempre ha existido un sector partidario de los colegios particulares subvencionados”, como asegura el senador Juan Pablo Letelier (PS). Este sector es liderado por Mariana Aylwin (DC), ex ministra de Educación de Ricardo Lagos, quien posee este tipo de establecimientos y quien se ha mostrado contraria a la eliminación del lucro. Por otro lado, el senador Navarro, en aquel entonces socialista, asegura frente al proyecto que “le doblaron la mano a la Presidenta (Bachelet). Había una fuerte presión de la derecha y Andrés Velasco (entonces Ministro de Hacienda), junto al equipo económico del gobierno, terminaron convenciendo a la Presidenta y a los partidos de la Concertación de que no había consenso político y tampoco los recursos necesarios para avanzar más”.
Dejando a un lado la idea de eliminar el lucro y de discutir el tema del financiamiento compartido, que había sido rechazado por la derecha y donde tampoco existía consenso al interior de la Concertación, el gobierno de Bachelet presentó su proyecto de LGE. Pero los mayores problemas surgieron a la hora de votarlo, porque “quedamos con un gusto a derrota”, como asegura Montes (PS).
Varios parlamentarios de la Concertación aseguran que “la presión del gobierno para que aprobáramos el proyecto era muy fuerte” y las llamadas de José Antonio Viera Gallo –entonces secretario general de la Presidencia y de la propia Bachelet, eran constantes. El senador Navarro asegura que en un comité central del PS el 2007, “la Presidenta (Bachelet) llamó a Camilo Escalona en medio de la comisión y le pidió el apoyo del partido. Mientras Viera Gallo decía que (no aprobar el proyecto) era dejar abandonada a la Presidenta”.
Parte de la Concertación también resentía la participación de Cristián Larroulet, actual ministro secretario general de la Presidencia y en ese entonces representante del Instituto Libertad y Desarrollo, en la elaboración del proyecto de ley LGE. Incluso se dice que “prácticamente la escribió él”. Gabriel Silber, diputado DC y entonces presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, explica que “Pedro Montt (hombre clave del MINEDUC en la era concertacionista) con Larroulet fueron una suerte de comisión redactora técnica de las negociaciones políticas que se llevaron a cabo con la Alianza”.
El forcejeo político fue fuerte, pero finalmente los parlamentarios de la Concertación cedieron ante su gobierno. “Por responsabilidad política decidimos aprobar el proyecto de ley (LGE), pero le exigimos a la Presidenta (Bachelet) que presentara una ley de fortalecimiento de la educación pública”, como explica el senador radical José Antonio Gómez. Desde la otra vereda, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), califica este acuerdo como “un chantaje a su propio gobierno”. Este proyecto sigue durmiendo en el Congreso y el diputado Germán Becker (RN), explica que la razón es que la iniciativa estaba mal estructurada y “lo que hacía era desmunicipalizar”.
Andrés Chadwick, José Antonio Kast y Marcela Cubillos por la UDI, Andrés Allamand (actual Ministro de defensa) y Germán Becker por RN. Desde el ámbito técnico Cristián Larroulet, del Instituto Libertad y Desarrollo. Estos son los nombres de quienes discutieron y negociaron el acuerdo educacional en primera línea con el gobierno de Bachelet, donde los principales articuladores fueron el Ministro Viera Gallo y la ministra de Educación Yasna Provoste, junto a su asesor Pedro Montt que vio el aspecto técnico del proyecto. Andrés Velasco en Hacienda también fue clave. Otros parlamentarios relevantes de la discusión fueron Hernán Larraín, entonces presidente de la UDI, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) y el senador Carlos Cantero (ex RN).
En agosto del 2009 Bachelet promulgó la Ley General de Educación, la cual contemplaba el envío de dos nuevos proyectos de ley, que crearían la superintendencia de educación y la agencia de calidad. Pero estos proyectos fueron recién aprobados este año y el senador Hernán Larraín (UDI), explica: “Logramos llegar a un acuerdo educacional muy bueno que lamentablemente no se implementó a tiempo, porque ahí fue cuando se descolgaron los parlamentarios de la Concertación e hicieron muy difícil el avance de estos proyectos”. Posición que comparte la Alianza en general, donde el diputado José Antonio Kast (UDI) asegura que los que entramparon la aprobación fueron principalmente los socialistas.
Para la Alianza este fue uno de los principales errores de aquel acuerdo educacional, lo que a diferencia de la Concertación, es algo que tiene que ver con la implementación más que con su contenido calificado como “totalmente insuficiente” por algunos de ese sector. Pero al momento de negociar en la derecha aseguran que tuvieron que ceder y presionar por sacar ciertos puntos en el debate. El diputado RN, Germán Becker, explica que “el tema del lucro sí estaba, pero nosotros siempre hemos creído que hay que apuntar a la calidad y nadie ha demostrado una relación inversa entre el lucro y la calidad”. Otro tema que la derecha logró sacar del debate fue el del financiamiento compartido impulsado por Montes (PS). Frente a estos dos temas la Alianza estaba unida y la Concertación estaba dividida, por lo que lo más fácil para el gobierno era ceder en estos puntos, como asegura un parlamentario concertacionista. La Alianza ganó frente a estos dos puntos, pero el diputado Kast (UDI), explica que “el tema de calidad no nos satisfacía y tampoco se decía cuánto se debía gastar en la educación de los niños”.
