«Esa sola posibilidad afecta objetivamente tanto las garantías constitucionales de ser juzgado por un juez independiente e imparcial, como la de un debido proceso legal», advirtió el portavoz del máximo tribunal, Jaime Rodríguez Espoz. Y agregó que en la carrera funcionaria de los magistrados «deben primar sus criterios objetivos, no sus opiniones o el contendido de sus resoluciones».
“El Poder Judicial ha afrontado descalificaciones que ha omitido responder, por cuanto ello importaría descender a un plano que no le es propio”, afirma una declaración del Pleno de la Corte Suprema que fue difundida este viernes en el marco de la polémica del Ejecutivo por las criticas a la labor de los jueces de garantía ante detenciones por desórdenes en manifestaciones.
La tensión con el Ejecutivo se mantiene desde el viernes cuando el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, se refirió a los ascensos de los jueces y afirmó que “quien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, obviamente tiene que ser un magistrado que sepa conciliar adecuadamente los intereses individuales con los intereses colectivos”.
Este viernes, en una entrevista en el Diario Financiero, Ribera reafirmó sus dichos, descartando de paso que esté arrepentido de haber hecho el planteamiento que detonó la polémica. Y enfatizó que » “nadie puede sentirse amenazado cuando el ministerio de Justicia ejerce las atribuciones que le confiere la ley”.
Ribera afirmó que el sábado se contactó con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, para hacerle saber que “como gobierno tenemos una profunda preocupación por el orden público y la institucionalidad democrática, que respetábamos absolutamente el poder judicial, pero que también ejerceremos las atribuciones que la Constitución nos concede en su espíritu y forma».
Los planteamientos del titular de Justicia motivaron que se celebrara un pleno extraordinario del máximo tribunal que concluyó con una declaración que fue leída por su portavoz, el ministro Jaime Rodríguez Espoz, y que señala que “se ha indicado a los magistrados de la República que el Supremo Gobierno, entre otros antecedentes, considerará la forma en que resuelvan las solicitudes de medidas cautelares personales de los imputados en los procesos penales, con vista a cursar los nombramientos. Ante esta determinación es posible que los magistrados tengan presente, consciente o inconscientemente, la forma cómo repercutirá en su carrera profesional las decisiones que adopten respecto de las peticiones que le formulen los intervinientes”.
Enseguida advierte que esa sola “posibilidad afecta objetivamente tanto las garantías constitucionales de ser juzgado por un juez independiente e imparcial, como la de un debido proceso legal”.
Asimismo, la Corte Suprema quiso “expresar que el mérito o contenido de las resoluciones jurisdiccionales no son factores que puedan ser considerados en la formación de las ternas que se confeccionen para el nombramiento de los jueces” y “reiterar a la ciudadanía que sus tribunales continuarán impartiendo justicia con pleno respeto de los derechos individuales”.
La comunicación que fue enviada al ministro de Justicia y al Presidente Sebastián Piñera destaca que “esta Corte Suprema puede compartir o no las decisiones que se adoptan por los magistrados al resolver las situaciones que motivan tales cuestionamientos. Sin embargo, con total firmeza, de manera categórica y sin reserva, expresa que velará por la independencia de los jueces para adoptarlas”.
Después de entregada la declaración, el ministro Rodríguez afirmó: “Los criterios para la designación del personal judicial deben ser objetivos y transparentes, nosotros no revisamos el contenido de las resoluciones (…) nosotros discrepamos, pero si está dentro del margen de la ley el juez tiene su independencia personal y eso es respetable. No tiene por qué tener influencia en su carrera funcionaria, en su carrera funcionaria deben primar sus criterios objetivos, no sus opiniones o el contendido de sus resoluciones. No nos parece conveniente para la independencia del Poder Judicial que se utilicen ese tipo de criterios por sectores extraños a la judicatura”.
Consultado si se estaba formulando alguna crítica a otro poder del Estado, el ministro Rodriguez precisó que “no estamos haciendo ninguna advertencia a un poder del Estado, sino que estamos formulando un respeto y apoyo a nuestros jueces”.
