El diputado socialista Juan Luis Castro llamó a los 2.5 millones de chilenos que aún permanecen en el sistema privado de salud a verificar hasta dónde es conveniente que se mantengan en sus isapres sabiendo que sus datos están en estas listas negras y que en cualquier momento la isapre puede desahuciar su contrato.
os diputados del Partido por la Democracia (PPD), Adriana Muñoz y Enrique Accorsi, junto al diputado del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro, calificaron como un «escándalo» y una «vergüenza» la lista negra de la Isapre Consalud, donde se vetaría a trabajadores de 619 empresas e instituciones, práctica similar a la realizada por las otras isapres.
La diputada y miembro de la Comisión de Trabajo, Adriana Muñoz, indicó que «desde que asumió el gobierno del presidente Piñera las isapres están viviendo en un paraíso terrenal donde no hay normas, ni respeto a la Constitución. Tenemos una industria que entrega un derecho fundamental de las personas que es la salud, poniendo barreras que son inconstitucionales, por edad por sexo, por ingreso y hoy por pertenecer a una determinada institución o empresa».
«Nosotros queremos pedir la renuncia del superintendente de Isapres porque no ha acogido ninguna de las denuncias realizadas por los parlamentarios y por los trabajadores de las Isapres», afirmó Muñoz.
Por su parte, el diputado Enrique Accorsi, afirmó que «hemos exigido al superintendente que nos entregue el listado de las listas negras que tienen las otras isapres. Esto es verdaderamente una vergüenza pública, un escándalo. La Constitución garantiza el libre acceso de las personas al sistema de salud, y aquí por una razón que solamente tiene que ver con el ingreso, no le dan cabida a las personas».
«Yo hago un llamado a la asociación de municipalidades, a todos los que se sienten afectados, a que tomen cartas en el asunto porque lo que está pasando es gravísimo», declaró Accorsi.
El diputado socialista Juan Luis Castro llamó a los 2.5 millones de chilenos que aún permanecen en el sistema privado de salud a verificar hasta dónde es conveniente que se mantengan en sus isapres sabiendo que sus datos están en estas listas negras y que en cualquier momento la isapre puede desahuciar su contrato.
«Además de llevar a la Contraloría al superintendente de salud (Luis Romero) por notable abandono de deberes, es la hora que los 2.5 millones de chilenos pertenecientes a las Isapres decidan si quieren mantenerse en un sistema que incurre en estas prácticas francamente oscuras y persecutorias o derechamente prefieren irse al Fonasa en condiciones que permitan dar tranquilidad y seguridad a los grupos familiares sin estas prácticas francamente deleznables para los tiempos que corren», concluyó.
