Al conflicto con Anglo American la cuprera estatal suma un lapidario informe que la insta a indemnizar a los trabajadores y familiares afectados por la exposición a contaminantes durante los años que trabajaron para la refinería de Enami, hoy de Codelco. La conclusión de los parlamentarios también apunta al Estado, al que acusan de haber incumplido sus obligaciones en desmedro de los habitantes de la zona y a favor de las empresas.
Han pasado dos años desde la muerte de Raúl Lagos. El ex trabajador de la Refinería de Ventanas de Enami, que desde 2005 pasó a manos de Codelco, falleció de cáncer a la vejiga: tenía mercurio en la sangre.
Su esposa, Eliana Morales, de 75 años, forma parte de la Asociación Regional de ex Funcionarios de Enami (Asorefen). Este viernes se cumple un año desde que ella y otras 28 personas de la asociación de presentaran una querella por cuasidelito de homicidio contra quienes resulten responsables por la muerte y enfermedades de varios de sus familiares, que atribuyen a la exposición de las emanaciones de la refinería donde trabajaron toda su vida, ubicada en el corazón industrial de la comuna de Puchuncaví.
La principal petición es que se exhumen los cuerpos de los fallecidos para verificar la sospecha que ronda a sus familias: al igual que Raúl Lagos, sus cónyuges e hijos estarían contaminados con metales pesados.
El miércoles la comisión investigadora de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un lapidario informe relativo a la contaminación en Puchuncaví, que concluyó que Codelco es una de las principales culpables de la historia de contaminación de la zona y que se arrastra desde hace 50 años.
El documento señala que entre los hechos más lamentables que se pudieron constatar fueron las denuncias de ex trabajadores de Enami agrupados en la Asorefen, “quienes exhibieron pruebas concluyentes respecto de los efectos que en su salud provocó la exposición crónica a las emanaciones de la refinería”.
Una alta tasa de enfermedades profesionales y muertes por parte de trabajadores de las distintas empresas del complejo industrial, son algunos de los efectos de la contaminación que la comisión dio por comprobados. Infartos al miocardio, cáncer o la existencia de “44 personas diagnosticadas con incapacidades, alcanzando el promedio de vida de los trabajadores, sólo en Codelco Ventanas, a 56 años”.
Por ello, la comisión estimó que se debe contar con un plan de indemnización o compensación por parte de la cuprera estatal financiado a través de sus ingresos y “destinado a resarcir los perjuicios sufridos por los trabajadores que acrediten, a través de informes médicos, que presentan algún trastorno, patología o cualquier otra afectación derivada de la exposición a materias contaminantes en el periodo que realizaron trabajos para Enami, considerando además, a los familiares de los que perdieron la vida producto de la exposición a estos elementos”.
Al respecto, desde Codelco señalan que “existe una resolución clara y categórica por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que señala que Codelco no es responsable de esto, sino Enami, y además, reconoce que se han realizado importantes inversiones ambientales para sus faenas. Hoy tribunales está viendo el asunto y ellos tendrán que resolver respecto de materias penales y civiles”.
Por ello no contemplan realizar las indemnizaciones sugeridas por el Parlamento, al menos hasta que no haya una resolución judicial de por medio.
Pese a que los parlamentarios reconocen que la empresa ha cumplido con las normas de emisiones, se instó a que Codelco presente un plan de inversiones que implique tecnología de punta para controlar las emisiones “fugitivas” que ellos mismos reconocieron existían.
A juicio de la empresa “creemos que el problema de la zona industrial de Ventanas, incluidas sus comunidades tiene que ser solucionado en el fondo. No sirven las soluciones parches y ya no es posible pensar en el desarrollo de cualquier empresa si no está acompañado con el desarrollo de sus comunidades. Por esa razón hemos impulsado el proyecto Barrio Industrial Sustentable (…) Es una apuesta a largo plazo, que nos permita tener un barrio industrial que sea referente a nivel mundial y donde puedan convivir armoniosamente comunidades y empresas”. Además, recalcan que se han invertido millones de dólares en mitigaciones.
Pero los dardos del Parlamento no apuntan sólo a Codelco: también se refiere al rol de las demás empresas de la zona-entre las que se cuentan termoeléctricas, cementeras y un terminal de acopio-a las que adjudica que, pese a que han cumplido el Plan de Descontaminación, implementado en 1992, no es suficiente para paliar las negativas consecuencias para la población. Por ello critica la escasa inversión realizada en los últimos años, “considerando que es deber de las empresas adquirir la tecnología suficiente y de punta”.
Por otra parte, la Comisión de la Cámara señala que los ex funcionarios de la refinería no son los únicos habitantes de la zona a quienes se debería compensar: también señala que es necesario indemnizar a los pescadores artesanales que han visto “mermadas sus fuentes de trabajo por la contaminación”, así como a los pequeños productores que no pueden desarrollar su actividad.
Y es que, tal como concluye el informe, la investigación impulsada luego de la crisis ambiental ocurrido el 23 de marzo pasado provocada por la detención de la fundición de Codelco y que afectó a la Escuela de la Greda en Puchuncaví “ha desnudado y puesto a la luz los profundos y sistemáticos problemas ambientales en las comunas de Quintero y Puchuncaví, los que se han mantenido sin solución por las diferentes autoridades administrativas de turno desde el regreso de la democracia”.
Problemas que han provocado contaminación atmosférica, así como, según estudios preliminares de la Seremi de Salud sobre lo ocurrido en La Greda, impactos en el suelo, que presenta metales pesados “con efectos demostrables en la salud humana entre los que se cuentan arsénico, cobre, selenio, mercurio, cromo y plomo, entre otros”.
La comisión, presidida por Andrea Molina (UDI), señala que existe responsabilidad de las distintas autoridades competentes, “que permitieron construir un parque industrial sobredimensionado -que hoy alberga 17 empresas distintas- en la localidad de Ventanas, a pesar de los notorios efectos negativos de las emisiones contaminantes sobre la población aledaña a las instalaciones”.
El documento, que ahora debe ser revisado y votado por la Cámara, reconoce que “el Estado, como dueño de la refinería de Enami, hoy día de Codelco, es responsable de gran parte de la contaminación histórica que yace en la Bahía de Quintero y que afecta a sus habitantes, pero no solamente por la operación de la fundición, sino también por la permisividad en que han incurrido las diferentes unidades administradoras del Estado quienes han autorizado el funcionamiento de éstas y otras empresas contaminantes que se han investigado, ninguna de las cuales ha asumido la responsabilidad empresarial que se requiere para construir un desarrollo sustentable”.
Asimismo, el informe de 19 páginas señala que “cabe destacar el eventual incumplimiento de las obligaciones del Estado respecto del derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación”, accionar al que atribuye “una discriminación ambiental para la población del sector aledaño a la zona industrial de Ventanas que ha soportado cargas ambientales desproporcionadas, siendo deber del Estado y la sociedad responsabilizarse por décadas de abandono”.
Si bien no hace alusiones concretas, entre estos incumplimientos se pueden contar los cambios legales por parte del Gobierno de Michelle Bachelet publicadas por El Mostrador que permitieron doblar la mano a la Corte Suprema y abrir camino a la instalación de la termoeléctrica Campiche de Aes Gener. Gestiones que según publicó Ciper Chile, en base a cables filtrados por Wikileaks, dan cuenta de un intenso lobby ejercido por la embajada de Estados Unidos ante el gobierno chileno a favor de la empresa norteamericana.
